JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, RENTISMO E INCLUSIÓN SOCIAL.

La renta en un contexto económico, ha de entenderse como el ingreso periódico percibido como consecuencia de ser propietario de un bien; mientras que la renta nacional son las retribuciones (rentas) recibidas por los factores de la producción por su participación en el proceso productivo, bajo la condición de rentas de la tierra (alquileres), de rentas del trabajo (salarios por proporcionar su trabajo a la producción) y rentas del capital (intereses y beneficio del empresario). El comportamiento de estos tres factores determina la situación del producto interno bruto (PIB), ya que está conformado por el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un año.

El rentismo, que en general está asociado con aquellos países que perciben rentas de los hidrocarburos, puede definirse (Beblawi, 1987) como un país cuya economía se apoya en rentas externas sustanciales que son generadas únicamente por una parte minoritaria de la sociedad, y cuyo principal receptor y distribuidor es el gobierno de ese país; situación que se traduce en la estructuración de un Estado distribuidor y de una economía rentista donde el desenvolvimiento de las variables macroeconómicas está condicionado a la óptica política-ideológica del sector partidista dominante, ante el obvio poder del gobierno para gestionar, administrar y distribuir las rentas dentro del país (y en algunos casos fuera de él), al margen del   funcionamiento del “resto de la economía” cuyo comportamiento productivo le resulta (al gobierno) de poca trascendencia para la generación del ingreso nacional, pero sí muy importante desde el ángulo tributario y fiscal en aras del incremento persistente del gasto público (complementado con la perversa emisión de dinero inorgánico).

El dominio gubernamental sobre el “casi” único sector productivo nacional, ha venido desde el año 1948 (con marcado recrudecimiento en el lapso “revolucionario socialista”) propiciando implicaciones de características particulares que condicionan el desenvolvimiento político-económico-social nacional, desde la malvada negativa de utilizar el petróleo para incentivar y diversificar el “resto de la economía” en aras de sostener con vil intención subyacente la lógica rentista (asegurándose la “propiedad” del país); pasando por la adopción de una mentalidad rentista en el imaginario colectivo (somos ricos y merecemos todo!!), hasta una subordinación manifiesta de los agentes económicos hacia la renta petrolera (y hacia el gobierno de turno). 

No resulta entonces un mero infortunio, que habiendo Venezuela recibido en los últimos 14 años algo más de US$ 800.000 millones, en la actualidad ocupemos la posición 136 de 142 países en el Índice Mundial de Competitividad, el último puesto entre 132 países en el Informe Mundial de Comercio,  el lugar 185 de 189 países en el Estudio Hacer Negocio, la “economía” en 2014 dependa en un 98% de las exportaciones petroleras; en un marco de relación Estado-sociedad notoriamente populista, que tengamos la tasa de inflación más alta del mundo con un 56,2% al cierre 2013 (23% en los 5 meses 2014), y que según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reflejemos una tasa de homicidios por habitante de las mayores del mundo y que unos 11.960.000 venezolanos (41%) vivan entre la pobreza y la pobreza extrema.

La inclusión social, es definida por algunos académicos como un proceso que asegura que aquellos con riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando normalmente de un nivel de vida y bienestar. Tal contextualización, nos facilita asumir que la inclusión social está vinculada con el acceso ciudadano a los derechos políticos (participación en el proceso de toma de decisiones) y a los derechos económicos y sociales (empleo digno, junto con procesos de redistribución social); ambos apuntalados por los lazos sociales forjadores de un modelo de integración ciudadana, lo cual es diametralmente distinto al asistencialismo que en mucho atrofia la capacidad emprendedora de los ciudadanos.Esta concepción del desenvolvimiento social, es alterada no sólo por la actuación totalitaria  presente en todo Estado rentista,  sino muy en complemento con la proliferación en la sociedad rentista de la denominada “clase ansiosa” (Ambrosini, 2009) más preocupada por defender sus propias posiciones sociales (sálvese quien pueda), que de descubrir los vínculos que les unen con los otros sujetos de las comunidades más amplias de las que forman parte (el gobierno contribuye con ello al establecer una división imaginaria entre ricos y pobres). Tal indeseable “clase social” debe ser neutralizada mediante una masificación de los lazos sociales hasta solidificar un tercer sector (distinto al público y privado pero en intercomplementariedad con ellos)  que como agente social reaccione y juegue un papel trascendente, tanto en la lucha por la inclusión social como por la perfectibilidad de la democracia en una misión trascendente más allá del uso continuo de los eventos electorales como forma de  “legitimarla”. Al propio tiempo, debe establecerse una política de Estado en materia económica que tenga como norte un funcionamiento del mercado con  participación mixta (sector público y privado) y donde el Estado se limita a intervenir al momento de corregir fallas de funcionamiento. Sólo así se podrá garantizar una Venezuela mejor para todos (76% de los es de tal opinión, según  la encuestadora Datincorp del mes de abril 2014).

Jesús Alexis González     

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