Solo
de cinismo se puede calificar el pronunciamiento hecho por el gobierno de
Colombia conjuntamente con las FARC hace una semana desde La Habana en el que
los terroristas dicen reconocer que en efecto hay víctimas que reparar en el
conflicto armado de medio siglo que ha vivido el país.
Desde el inicio del proceso
de tratativas de La Habana, ha sido claro que este punto de la agenda bilateral
sería crucial para los colombianos. Que sería determinante para que la
población de a pie aceptara y endosara los acuerdos que se alcancen en la mesa
que Juan Manuel Santos ha montado en Cuba.
Es
que los integrantes de una sociedad que ha sufrido los horrores de una guerra
sangrienta en la que aun hoy se siguen
capturando niños para las filas subversivas, se sigue asesinando campesinos, se
continúa con el secuestro extorsivo, las minas personales, las violaciones, las
expropiaciones forzadas de tierras, los atentados contra la infraestructura, y
la narcotización de Colombia, están muy atentos a la fórmula que se acordará
para que se haga justicia a quienes han sido y siguen siendo afectados por las
tropelías guerrilleras .
Solo
para llevar bien la cuenta hay que señalar que son 220.000 muertos los que el
país ha puesto en estos crueles enfrentamientos perpetrados `por las FARC y el
ELN y que hay más de 4 millones de colombianos
afectados de distinta manera por el conflicto armado.
El
desparpajo guerrillero- que no está explicitado en la declaración pero que han expresado de viva voz sus
líderes – radica en que los criminales terroristas, se consideran igualmente víctimas
de la conflagración armada que ellos mismos han promovido y sostenido en su
país.
El
problema del reconocimiento de las víctimas es importante porque a ellas se les
debe una reparación que vaya en el sentido de hacer justicia con quienes
produjeron los daños. Es decir, que se conozca la verdad de los hechos y que
los criminales paguen por sus fechorías. Al considerarse también los
terroristas víctimas del conflicto, pudieran ellos sustraerse de sus
responsabilidades en la administración de la ley, y obtener mejores condiciones
de incorporación a la vida política, al final del conflicto. Entre ellas,
aspirar igualmente a una reparación, porque no?.
Que
las FARC quieran darle la vuelta a la tortilla
con el tema del reconocimiento y reparación a las víctimas, haciéndole
creer al país que, ahora sí, la población afectada por la guerra interna va a
recibir justicia no es más que una patraña electorera para favorecer a Juan Manuel Santos en la
contienda de mañana y para que se mantengan como van las conversaciones de La
Habana, que sin duda favorecen a los alzados en armas. Lo que es, a todas
luces, inmoral, es que el gobierno que intenta reelegirse se preste a formar
parte de tales medias verdades con el fin de conseguir movilizar a su favor
parte de los 20 millones de colombianos que no le dieron sus votos en la
primera vuelta.
Este
tema 5 de la agenda de paz no está dilucidado en sus detalles porque su
discusión aún no se inicia. Por ello constituye una bellaquería confundir al
electorado con una declaratoria de reconocimiento de las víctimas para
instaurar el espejismo de que está resuelta a su favor, la reparación a la que
tienen derecho cuando se produzca la reconciliación de los colombianos.
Para
la batalla electoral ha sido
en extremo complejo el atraer la atención y la buena disposición de todos
aquellos que no apoyaron la paz tal como la concibe Santos. En esa batalla han
aparecido instrumentos, como este, que en lugar de sumar, restan, y dejan
entrever a los electores la condición de falta de transparencia que reviste un
proceso vital para cada uno de ellos y para la paz de su nación.
La
sorpresa de un nuevo castigo puede ser grande para quienes no tienen como norte
la verdad sino el poder.
Beatriz
De Majo
bdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo
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