Creo, en lo más profundo de mi mente, que el estado no debe ser empresario, siendo la principal razón que ya gobernar es una actividad harto compleja y difícil, para distraerse en manejar empresas que no tienen nada que ver con su verdadera misión. Por lo que me inclino a dejar la actividad petrolera en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que pudieran hacerlo de manera más eficiente y productiva.
Tengo un amigo petrolero, maracucho de vieja
y noble raza, que me dice: “Si hay algo que sabemos hacer los venezolanos es
producir petróleo”, y con base en esa apreciación, que doy por cierta - más de
cien años en el negocio no es poca cosa - el plan petrolero del país tendría una
especial consideración con los empresarios venezolanos que quieran invertir en
el ramo.
Sigue pendiente la principal razón en la que
se fundamenta nuestra industria petrolera, ¿Es el petróleo, así como todas las
demás riquezas minerales, propiedad del Estado? Y pienso que debemos solventar
de una buena vez este asunto que ha creado una maldición, con su consecuente
carga de conflictos y ruina. La idea detrás de que el estado sea dueño de las
riquezas del subsuelo es una herencia de la colonia española, nada tiene que
ver con nosotros; luego, fue aderezada con el ingrediente socialista de que el
petróleo es del pueblo y el estado lo administra en su nombre. A partir de ese
momento, se les ha dado la impresión a los venezolanos de que todos tenemos
derechos sobre este recurso, cuando la verdad es que se trata de una ficción,
el petróleo ha sido siempre de los gobiernos de turno, jamás del pueblo y,
últimamente, ha sido administrado por un gobierno extranjero para su propio
beneficio.
Mi propuesta es que el petróleo siga la
suerte de la tierra, de quien sea propietario de su superficie. No es un
invento, es la manera como se hace en países desarrollados, lo que pasa es que
la utilización de los recursos minerales de esa propiedad (incluyendo el agua)
tiene una serie de regulaciones y normas a cumplir, obligaciones y derechos
frente al Estado, que velará por que sea explotado correctamente, si la
zonificación lo permite; con esto quiero decir que, si se trata de áreas
protegidas, o no lo podrán explotar o tendrán más requisitos que cumplir.
El Estado velará porque todas las
obligaciones impositivas que corresponden a su explotación - impuestos,
regalías, bonificaciones a que tenga derecho - sean debidamente cobradas, pues
de eso vive el Estado, de los impuestos, y el petróleo genera suficientes
recursos fiscales para sostener al nuevo Estado venezolano, de manera cómoda
(en sus modalidades nacional, regional y local).
Si, por casualidad, las tierras donde están
las reservas petroleras son del Estado, éste podrá o bien venderlas, darlas en
concesiones, alquilarlas o lo que le permita la ley, pero de ninguna manera
debe permitirse que el estado sea socio o tenga participación, otra que los
impuestos o cánones de arrendamiento, en las empresas petroleras que exploten el
recurso.
En cuanto a toda la infraestructura que
existe en el país y de la que el Estado es dueño, se iniciará de inmediato un
plan de privatización de las mismas, desde refinerías, plantas mejoradoras, de
subproductos, oleoductos, gaseoductos, pozos, muelles, etc.
La mayor parte de estas complejas
instalaciones necesitan, con suma urgencia, de una reingeniería, para ponerlas
al día; algunas de ellas hay que rehacerlas, debido al grado de obsolescencia
que presentan, lo que supone la inversión de un monto de dinero importante en
el tiempo, que el estado no tiene, por lo que se venderán o se traspasarán a
las mismas firmas de ingeniería, para que hagan el trabajo, las acondicionen y,
durante un tiempo, les genere el dinero que les costó repararlas; al final de
ese período, esos bienes se darán a la venta al sector privado nacional e
internacional.
La inversión extranjera se privilegiará, si
viene acompañada de inversión nacional privada, se tomará en cuenta para el
pago de impuestos el grado de transferencia tecnológica que se quede en el
país, así como la contratación de mano de obra nacional.
En lo referente a las zonas mar afuera, a ser
explotadas, los territorios submarinos seguirán siendo propiedad del Estado y
sus afectaciones reguladas por las leyes ambientales y del derecho del mar; una
parte de los dineros, que entren por concepto de explotación de gas y petróleo
mar afuera, serán utilizados en el desarrollo de nuestro frente oceánico, en la
investigación oceanográfica, climática, en la agricultura submarina y en la
extracción de otros minerales estratégicos; en este punto debo agregar que,
siendo la industria petrolera una actividad que por su naturaleza es “sucia”,
es decir, que conlleva una serie de deshechos, de destrucción del medio
ambiente y del uso de productos altamente contaminantes, se aplicará
estrictamente en los sitios de producción el principio del menor daño posible
al ambiente, y al devolver el espacio explotado, una vez concluidas las
actividades, deberá ser retornado en las condiciones más cercanas o similares a
su estado original antes de la intervención.
Las reservas probadas de petróleo serán
explotadas de manera racional y de acuerdo a las necesidades del país,
incluyendo la creación de un fondo de inversión social que será alimentado con
un porcentaje de las ganancias por la actividad nacional petrolera, en la misma
tónica que los fondos noruegos o los de algunos países árabes, con el fin de
afrontar necesidades futuras.
El gobierno promocionará la inversión y la
investigación de energías alternas al petróleo, para ir reduciendo
progresivamente la dependencia del país en los hidrocarburos. Estoy convencido
de que, en algún momento, dejaremos de tener un Ministerio de Energía y Minas,
y bastará con el del Ambiente, para hacer contraloría ambiental sobre las
empresas que se ocuparán de esas actividades.
Estas son las líneas gruesas de un plan para
deslastrar al Estado de su rol de dueño y productor de petróleo, origen de
graves distorsiones políticas y sociales, poniendo el aparato estatal a dieta,
eliminando el petróleo como nutriente indispensable en su labor. De esta
manera, la riqueza petrolera será efectivamente repartida entre diversos
sectores del país, generando polos de desarrollo independientes de los planes
gubernamentales; lo más importante es que el estado venezolano podrá ocuparse
de gobernar como lo mandan las leyes y de promover nuevas fuentes de riqueza.
Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
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