JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, SALARIOS Y PRECIOS JUSTOS

Como si el país fuese el mismo de hace quince años atrás o como si nada hubiese cambiado en todo ese tiempo, el gobierno del señor Maduro decretó un nuevo aumento salarial, esta vez de un 30 %, que junto al del 10% del pasado mes de enero suma un total de un 40% de incremento del salario mínimo nacional para el presente año 2014.

INFLACION, SALARIOS Y PRECIOS

Los aumentos por  decreto presidencial, una costumbre de vieja data en nuestro país, pueden ser una ayuda en épocas no inflacionarias para el trabajador y la economía, en general, sobre todo si se busca promover el gasto y aumentar el circulante en la calle, sostener el nivel de empleo y la producción de bienes y servicios en general. Pero en épocas inflacionarias suponen una nueva causa de inflación y su impacto en la economía es todo lo contrario, pues disminuye el poder adquisitivo del trabajador,  al trasladarse dicho aumento a los precios de los productos. Por eso, también se ha hecho rutinario el congelar los precios por decreto de determinados productos básicos de la canasta alimentaria, o bien regularlos con precios incluso inferiores a su costo de producción, subsidiados por el estado.

En Venezuela ha habido dos maneras de hacer dichos aumentos salariales. Una, concertada, entre empresarios, trabajadores y ejecutivo nacional, y otra por simple decisión del gobierno. En los últimos quince años ha sido una práctica constante, pues desde que llego al poder en 1999, con tan solo dos meses de gobierno, Chávez decretó un incremento del salario mínimo mensual de un 20%,  que lo llevó de 100.000 a 120.000 bolívares mensuales de los de antes. Estos aumentos con diferentes porcentajes, se siguieron produciendo en los años subsiguientes durante todos sus gobiernos, conformando, en principio, una política social al ser implementados conjuntamente con otras medidas, como las famosas misiones que aparecen el 2003,  bien en forma de subsidio a productos como los de la cesta básica alimentaria o bien de manera gratuita en materia de salud.

Para el año 2008, el salario mínimo estaba en 799,23 bolívares de los de ahora, o sea, de los denominados fuertes luego de la conversión monetaria, y es fácil ver, entonces, como en los seis años posteriores llegó aceleradamente a los 4.251, 40 bolívares mensuales, en que el gobierno de Nicolás Maduro, lo puso el primero de mayo pasado. Es decir, que el salario mínimo subió en más de un 500% en los últimos seis años, sin que el poder adquisitivo del trabajador creciese de manera real, en la misma proporción o en una parecida, no obstante el complemento salarial del cesta ticket y la aparición de los MERCAL y los PDVAL que venden a menos del precio de costo. Mientras tanto, la inflación que era del 31% en el 2008 y bajo al 20 % en el 2012, llegó al 56% en el año 2013 según las cifras del BCV.

Pero lo peor de todo, es que como esos salarios mínimos por decreto, son insuficientes para compensar el incremento de los precios en la calle, mecanismos complementarios de mejoras salariales y socioeconómicas, como la contratación colectiva, no obstante los deseos del gobierno, se ven desincentivados entre las empresas pequeñas y medianas del sector privado, donde la gran mayoría cumple con pagar los porcentajes de aumento salarial impuestos por el estado o apenas un mínimo porcentaje por encima.

Por eso, una política como la que  ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, que quiere ser permanente, de protección al ingreso del  trabajador y redistribución de ese ingreso, no puede fundamentarse en un círculo vicioso, perverso, de subidas anuales de sueldos mínimos, que a su vez repercuten negativamente en la funesta inflación que los vuelve añicos, para luego intentar amortiguar el impacto de esa misma inflación con medidas regulatorias de precios.

Al final, no es buena para los patronos, ni para  los trabajadores, pues le traslada a los primeros, el costo económico de esa política, que en definitiva no es más que una estrategia para mantener créditos electorales de largo plazo, y el costo social a los segundos, que nunca estarán en situación de alcanzar un salario justo, ni por lo que hacen, ni por lo que pueden adquirir con él; debiendo, en consecuencia, seguir dependiendo de las ayudas gubernamentales para subsistir.

Mientras no haya un salario justo, con un poder de compra real, ningún precio será justo, y cualquier política o programa del gobierno, llámese misión, subsidio o ayuda social, seguirá estando en mora con los trabajadores venezolanos.

Jose Luis Mendez

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