Mes
y medio de agitación y muerte. Al momento de escribir, 33 asesinados, 357
heridos, más de 1.850 procesados, 85 presos, la mayoría estudiantes, por
ejercer el derecho constitucional a expresar su rechazo a las ruinosas políticas
económicas (inflación 60%; escasez 35%; desempleo 10%) y sociales (25 mil
asesinatos en 2013, 92% impunes; salud en terapia intensiva) del gobierno.
El
acoso sostenido a las universidades autónomas, 8 de ellas en 4 días, 800 bombas
lacrimógenas contra la UCV en pocas horas, el vil ataque a Arquitectura, son
muestras adicionales de esa violencia antiuniversitaria heredada del franquista
Millán Astray y su "Muera la inteligencia". Todo eso y más ha llevado
a los estudiantes, seguidos por amplios sectores, a pedir un cambio de modelo
político y económico, que rescate su futuro del secuestro en que lo tiene el
régimen.
La
reciente detención, juicio, prisión, destitución del Alcalde de San Diego Enzo
Scarano, y convocatoria a nueva elección en ese municipio ¡todo en menos de 10
horas! es una cuenta más en el infamante rosario de atropellos amparados en un
sistema judicial corrupto. El poder judicial, anulada su autonomía por la
abultada presencia de jueces provisionales o temporales (80%), vulnerables a un
poder ejecutivo que ejerce sin rubor toda clase de presiones, se desborda
contra la oposición en juicios sumarios, condenas expeditas, allanamientos a
inmunidad parlamentaria, destitución de diputados, demandas a diarios y
columnistas, una larga lista de afrentas. Afiuni, Simonovis, Brito, Mardo,
Machado, Scarano, Ceballos, Talcual, son unos pocos nombres que dan fe del
estado de postración del sistema judicial, cuyos jueces han dejado de serlo
para tornarse esbirros (Tulio Hernández, Talcual, 22-3-14).
Para
vergüenza nuestra, el Índice 2014 del Proyecto Mundial de Justicia
(http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf
)
al
investigar la situación de la ley y la justicia en 99 países, califica a
Venezuela en el último lugar, por debajo de Zimbabue, Afganistán o Bangladesh.
El índice resume el patrón de la ley por medio de 47 indicadores organizados en
8 criterios éticos: límites al poder gubernamental (Venezuela, posición 99),
ausencia de corrupción (99), transparencia (99), derechos fundamentales (99),
orden y seguridad (94), respeto de la norma (99), justicia civil (98), justicia
criminal (99).
Justicia
vil la que tenemos, una justicia de plastilina, como la definió el venal
exmagistrado Aponte en 2012 después de haberse servido de ella a su antojo,
cuando se entregó al gobierno estadounidense bajo condición de actuar como
vulgar soplón contra sus anteriores jefazos, de cuyo despotismo, vejámenes y
satrapías creyó huir, sin poder huir de sí mismo, como tampoco huirán los
esbirros de turno.
Gioconda
San-Blas
gioconda.sanblas@gmail.com
@daVinci1412
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