Poco
a poco nos van cerrando más las oportunidades. Desde el Gobierno tienen el
poder y abusan.
Más
de 1.500 detenciones desde el 12 de febrero. 50 casos que denuncian tortura.
101 privados de libertad.
Una realidad que no debemos olvidar ni merece ser metida en el baúl de los recuerdos, ni enmarcarla como un capítulo de nuestra historia. Son una terrible cifra que delata una peligrosa realidad. Venezolanos que llevan para siempre la marca del abuso de poder, de la arbitrariedad, de la soberbia, de lo más terrible del ser humano. Venezolanos con historias de vida, logros, sueños, familias, amigos, afectos, que por salir a la calle a manifestar, vieron y padecieron en carne propia el intento de aplastar su opinión, de burlarse de su criterio, de callar su voz.
Leer
las denuncias de violación a los DDHH que encuentran en los informes del
Diputado Miguel Pizarro, el Foro Penal y el Centro de Derechos Humanos de la
UCAB, por nombrar algunos, tiene que hacer sonar todas las alarmas. Tiene que
llevarnos a querer saber la realidad. Denuncias de violaciones a las víctimas y
amenazas de violación incluso a menores de edad; descargas eléctricas; hacer
declarar a las víctimas delante de sus victimarios; golpes con objetos
contundentes como un extintor de incendios; someter a los detenidos a observar
cómo torturaban a otros compañeros, son algunos de los más graves y lamentables
ejemplos que se han presentado hasta la fecha. Lo más grave es que la lista
aumenta día a día y se va llenando de nuevas historias.
Lo
que ha pasado en los últimos días, entre muchas otras cosas, ha dejado en
evidencia que el sistema de justicia y carcelario venezolano está corrompido a
todo nivel. No puede ser posible que la mayor amenaza a un detenido sea
llevarlo al Rodeo o Tocorón, demostrando que no es un centro de rehabilitación
sino que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No puede ser que las
autoridades hayan decidido olvidar que según la ley, torturar es infligir a alguien
dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, para castigarlo por un acto
que haya cometido o para intimidarlo. Lo cual evidencia que según nuestra
legislación, acá sí ha habido tortura.
Se
les castigó por pensar distinto. Se les castigó por salir a la calle a
manifestar y reclamar para tener un país que sueñan pero ven muy lejos. Se les
castigó porque el Gobierno decidió no representarlos y más bien persiste en su
actitud de no ceder y mucho menos rectificar. Los castigaron por ser distintos cuando
no es verdad. Desde el poder olvidan que las familias de los afectados y la de
sus agresores, ellos y nosotros, vivimos en el mismo país, tenemos la misma
cédula, padecemos la escasez y la delincuencia.
Poco
a poco nos van cerrando más las oportunidades. Desde el Gobierno tienen el
poder y abusan de él. Pero no tienen la razón.
Armando
Briquet
armando.briquet@gmail.com
@Armando_Briquet
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