El
decreto o una ley equivalente serán la sentencia de muerte de los centros
comerciales.
Cuando
era chiquito comenzaron a popularizarse los centros comerciales en el país.
Eran espacios de encuentro, un tanto desordenados, de comerciantes que decidían
individualmente la adquisición o alquiler de locales en los que montaban la
actividad que les pareciera más atractiva. Los horarios no eran homogéneos y
cada quien abría y cerraba cuando le daba la gana y cambiaban de ramo como
cambiar de ropa interior. El resultado era un "serendípiti", sin
línea conceptual y sin condominios modernos que garantizaran la calidad de un servicio
integral.
Pero el sector fue evolucionando y adaptándose hasta que se produce un salto cuántico con el surgimiento del Sambil Caracas, que crea una referencia que hoy es el estándar del mercado. El nuevo "mall" se diseña no sólo arquitectónicamente sino utilitariamente, estudiando las necesidades de la población y planificando la mezcla y ubicación de productos y servicios a ofrecer. Un visitante encuentra en estas nuevas plazas comerciales recreación, cines, restaurantes, ferias de comida, peluquerías, bancos, oficinas de servicios básicos, venta de víveres y tiendas. Pero, además, es tratado con respeto en un lugar de primer mundo, iluminado, limpio, con servicios sanitarios impecables y seguridad. Los condominios se encargan de la cobertura de servicios básicos, débiles en el entorno. Autogeneración eléctrica, empresas de seguridad, manejo compensatorio de agua, programación de eventos culturales, conservaduría de tradiciones nacionales y locales, entre otras.
El
resultado de este esfuerzo se ve en la opinión pública. Según la Ómnibus de
Datanálisis de septiembre pasado, el 74% de la población evalúa positivamente
la gestión de los centros comerciales por el bienestar del país y se reportan
como el tercer lugar de preferencia en la vida cotidiana de los venezolanos.
Ese
es el logro de la profesionalización y las inversiones respetuosas con el
usuario. Pero es exactamente eso lo que amenaza el decreto reciente de control
del sector y que se agravaría con la consolidación de una ley orgánica, si la
misma tiene ese espíritu.
La
regulación establece topes de alquileres que hacen inviables las inversiones
modernas y pulveriza la posibilidad de usar los condominios como mecanismo para
garantizar la calidad del servicio. Por un tiempito es posible que los
promotores surfeen con recursos propios los primeros baches que genera esta
restricción, pero el futuro de los centros comerciales está cantado si los
nudos introducidos por el decreto no son corregidos de inmediato. Se
paralizarán las nuevas inversiones, los condominios reducirán los servicios
ofrecidos, empezando por la seguridad y los horarios (que ya se ve con la
ausencia de horarios extendidos en Navidad). Sería impensable volver a ver un
CC grande abierto en domingo La infraestructura se deteriorará
exponencialmente. La mezcla de tiendas se pervertirá. La anarquía volverá a ser
común y ningún condominio tendrá recursos para comprar camiones de agua cuando
falte en su zona (lo que en muchas de ellas pasa a diario) y garantizar que los
baños en sus instalaciones funcionen.
Este
decreto o una ley equivalente serán la sentencia de muerte de los centros
comerciales tal como los conocemos hoy, la razón de una contracción sustancial
de empleos y actividad económica y el boleto directo al pasado primitivo del
comercio en el país. Ojalá que prive la racionalidad y el presidente Maduro, en
esta nueva nota de flexibilización postelectoral, se dé cuenta que no tiene ni
pata ni cabeza y decida oír con mente abierta y recapacitar, porque podría no
haber nada más bravo que una señora en la calle, sin productos, sin
seguridad... y sin donde hacer pipí.
Luisvicenteleon@gmail.com
@luisvicenteleon
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