Una de las contradicciones de las revoluciones socialistas es que se promueven para llegar al poder sobre la base del discurso de la lucha contra las desigualdades, la promoción del resentimiento y la transferencia de la culpa de los males de la sociedad a los ricos, - la lucha de clases desde la concepción marxista -, pero cuando llegan al poder florecen aún más las desigualdades y colectivizan la pobreza para justificar su lema de la igualdad. – La igualdad hacia abajo -. Convierten la dictadura del proletariado en una dictadura sobre el proletariado.
En los gobiernos revolucionarios paralelamente a la colectivización de la pobreza se entronizan elites que se enriquecen con el tesoro de la Nación. Verbigracia la URSS que al desplomarse este imperio comunista se pudo ver por dentro la corrupción y el manejo de la vida pública por mafias que controlaban la sociedad, con énfasis en la economía. Mafias de la justicia, de las finanzas, de las divisas, de los alimentos, de las medicinas, del combustible, de los contratos con el régimen y de todos aquellos aspectos donde se implantó el control estatal. El control estatal es el caldo de cultivo en los regimenes totalitarios para el desarrollo de las mafias de la corrupción, esto mismo sucede en Corea del Norte, Vietnam, Siria, Cuba y ahora en Venezuela.
Este planteamiento viene a ratificar lo que siempre se ha dicho de estos regimenes socialistas, citamos a uno de los gurú del comunismo-bolivariano-chavista, a Jorge Giordani, quien dijo: “entre más pobres hayan más poder tendremos porque estos dependerán aún más del Estado”. Esto significa un Estado poderoso y centralista que controla la sociedad mediante la distribución populista de sus recursos públicos, sobre todo, a través de políticas sociales (misiones) que son asistencialistas y de subsidio que lejos de superar la pobreza la congela.
Veamos esta situación más allá de las grandes cifras de la macroeconomía, veámosla desde lo local, desde el interior del país, desde la Venezuela profunda, desde cualquier municipio venezolano, en el entendido de que la sumatoria de los municipios configura el país.
Desde el municipio observamos la existencia de un empeño premeditado del gobierno nacional en desmantelar el aparato productivo local, cada día vemos con dolor como cierran más empresas, unas por que han llegado a la bancarrota, otras porque no tienen insumos o divisas para comprar esos insumos para producir. Los planes de desarrollo endógenos del régimen sustentado en el establecimiento de empresas de producción socialistas y sistemas de cooperativas fracasaron rotundamente, la mayoría abandonadas. Los sistemas de financiamiento local mediante experiencias de la banca socialista, léase, banco de la mujer, banco de los pobres, banco comunales se partidizarón, se convirtieron en excluyentes e ineficientes y, en la mayoría se los comió la corrupción.
Los productores del campo se ven avasallados por una competencia ventajista y desleal por parte del mismo régimen cuando desarrolla una inadecuada política agrícola de puertos o sea de importaciones de rubros que saturan el mercado dejando a los productores nacionales sin sus tradicionales espacios de intercambio. Los productores de hortalizas, café, carne, leche y otros rubros agrícolas, no menos importantes, están a punto de dejar sus actividades productivas por que están quebrados, implicando esto una caída abrupta del empleo rural y, por ende, derivando en crecientes migraciones de pobladores provenientes del campo a engrosar los cinturones de las áreas marginales de las grandes ciudades y ciudades intermedias, con las consecuencias sociales ya conocidas de estas migraciones en busca de la sobrevivencia.
Los municipios del interior del país se están empobreciendo cada día más producto de que la inversión pública por parte de las gobernaciones a la altura del mes de septiembre solo tiene registrado en ejecución apenas un 22 % del presupuesto de inversión del 2013, situación que se hace critica, cuando revisamos que del presupuesto del 2010, 2011 y 2012 aun existe un alto porcentaje de obras que están paralizadas o que nunca se llegaron a iniciarse.
La gravedad de esta situación es que si entendemos que el propósito de la inversión estatal configurada en la construcción y mantenimiento de la infraestructura pública es, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al poner en disposición estas obras a las comunidades y, en segundo lugar, generar un flujo monetario en los municipios donde se construyen las obras que permita que esas economías locales se activen y, por ende, generen empleo, en sí, es una forma eficiente de distribución productiva de la riqueza petrolera.
En los municipios sucede todo lo contrario ya que al paralizarse o retardarse las construcción de obras por parte del gobierno nacional, de la gobernaciones y las alcaldías estos propósitos de la inversión publica se ven obstruidos, en consecuencia, interrumpiendo la vida económica local lo que acarrea desempleo y pobreza, sobre todo, porque genera que una mayor cantidad de ciudadanos en situación carencial demanden atención de las políticas sociales o misiones sociales. Más dependencia de los ciudadanos del Estado, en efecto, se acrecienta el control social del gobierno sobre el pueblo empobrecido.
La pobreza tiene también muchas caras, y se ven al recorrer los municipios, observamos con malestar el deterioro de las edificaciones publicas, escuelas, hospitales y otras instituciones, las vías de comunicación están en un estado deplorable, la gente nos expresa su desesperación ante las carencias de las familias y las comunidades, arrinconados por la inseguridad, el desempleo, la pobreza, el desabastecimiento, la escasez y el alto costo de la vida. Los gobiernos municipales, incluso los gobernados por alcaldes chavistas, están ahogados por el centralismo que les niega los recursos o que no se los entregan de manera eficiente y oportuna.
Es toda una cadena de relaciones intergubernamentales signadas por la ineficiencia y el obstruccionismo administrativo entre los tres niveles de gobierno, nacional, estadal y municipal. Cuestión que trae como consecuencia que los ciudadanos sean victimas de una mala gerencia, de un estilo de gobierno autoritario y centralista, de la desidia de unos gobernantes, de unas inadecuadas políticas publicas cuya prioridad es el control social y político del pueblo y no el desarrollo de sus capacidades para la producción de riqueza y de calidad de vida de manera independiente y autónoma. Este régimen promueve una revolución de la pobreza. La alternativa pertinente es abogar por una verdadera revolución de la riqueza donde cada venezolano tenga la oportunidad de desarrollar con autonomía su proyecto de vida.
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