Durante la presente
quinta República, el Gobierno anterior ejerció
habilitado el 34,62% (54 meses) de su mandato y aprobó 215 leyes, muchas de
ellas en el área económica y monetaria; hoy nuevamente solicitan poderes
especiales (colocándose por encima de una evidente polarización) a efectos de
profundizar desde Miraflores “la batalla a fondo por una nueva sociedad”.
Tal
señalamiento facilita inferir que a través de la Ley Habilitante solicitada se
intentará propiciar una profunda
reestructuración de la economía, de la sociedad y de la institucionalidad,
para lo cual deberán ir más allá de la obvia
formulación
de objetivos hasta definir métodos y estrategias concretas para alcanzar la
sociedad socialista que pretenden;
estableciendo propósitos y lineamientos claros con alto grado de
precisión, donde se enfatice sobre la obligación de generar nuevas
instituciones acordes con esos objetivos socialistas; es decir, explicar cómo
se emprenderá el proceso de reestructuración social y económica que implica al
mismo tiempo inducir un nuevo tipo de institucionalidad que ha de tener como
primordial objetivo una reorientación
completa de la economía incluida la potencial socialización de los medios de producción (máquinas, herramientas, etc.).
En función de ello, deben exponer con suma claridad las profundas y radicales
transformaciones que esperan aplicar a las estructuras en su aspiración de
hacer de Venezuela (sin estar previsto en la Constitución) una sociedad
socialista en concordancia, suponemos, con la teoría marxista cuando señala que
son las relaciones económicas las que
determinan el ordenamiento social.
En una sociedad
concebida como el resultado de la actividad productiva, se conforma la
estructura económica donde se genera, por un lado, la producción social y por otro las relaciones de producción (los hombres entran en determinadas
relaciones), las cuales armonizan en torno a un modo de producción (interrelación entre la fuerza de trabajo y los
medios de producción) que perfila la relación inmediata entre el propietario de
los medios de producción y el productor directo, o lo que es lo mismo, la relación entre el capitalista o el Estado y el trabajador.
Como bien puede
observarse, llevar a cabo una profunda reestructuración de la economía, de la
sociedad y de la institucionalidad es mucho más serio, difícil y profundo que simplemente instrumentar una
descontextualizada aspiración socialista mostrada y canalizada por
intermedio de una aislada política económica orientada sólo a asegurar la
distribución masiva del ingreso a favor de los sectores populares en sintonía
con la propiedad social de los medios de producción, mediante una política expansiva del gasto público para
estimular la demanda propiciadora de un alarmante desequilibrio macroeconómico y una devastadora inflación. Tal
orientación de “política económica” es diametralmente distinta (aún buscando el
mismo objetivo de distribuir equitativamente el ingreso) a una política que
pretenda, por ejemplo, reemplazar el modo de producción capitalista mediante un
cambio relativo de las relaciones de
propiedad y de producción en aras de transitar hacia una economía distinta,
a la luz de un modelo económico (que
explique el qué y el cómo), donde se respete la existencia del aparato estatal
y la democracia alejándose de cualquier
forma autoritaria de Gobierno.
Economista Jesús
Alexis González
@jagp611
18/10/2013
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