CIPRIANO HEREDIA S., HABILITANTE PARA REPRIMIR Y EMPOBRECER

Dada la condición de abogado de este servidor, se me hace casi imposible tocar el tema de la Ley Habilitante sin empezar por decir cosas elementales sobre su naturaleza y pertinencia, más allá del contenido de la misma, que será el tema de fondo de este artículo.

En este sentido, resulta indispensable comenzar por acotar el carácter extraordinario que estas Leyes tienen. En las Repúblicas democráticas quien legisla es el Parlamento, por lo que traspasarle esa función -aunque sea parcialmente- al Jefe del Ejecutivo, es absolutamente excepcional y, en consecuencia, no debe ser pan nuestro de cada día ni puede ser para todo. No obstante, esta sería la quinta Ley Habilitante que se otorga en un período de menos de 15 años, es decir, a razón de una cada tres años y, además, cada vez es mayor el rango de acción que se delega. Es decir, las Habilitantes para este régimen (como expresó Monagas vilmente respecto a la Constitución en 1848) “sirven para todo”.

Aunado a lo anterior está el tema de que las razones por las cuales se vienen solicitando las Habilitantes no se corresponden con lo que luego se hace, así como también es excesivo el tiempo de vigencia de las mismas. De hecho en 2010 se otorgó bajo la excusa de ayudar a los damnificados y paliar los efectos de las lluvias, pero de los 54 decretos-leyes que dictó el Presidente en función de esa Habilitante, sólo 8 tuvieron que ver con esa materia, mientras que los otros 46 fueron destinados a otros temas, incluyendo reformas al COPP, a la Ley de las F.A.N. y a la de la Administración Financiera del Sector Público, entre otras. De igual forma, esa Habilitante duró 18 meses (récord histórico) y la actual se ha solicitado por 1 año, lo cual también es exagerado.

Dicho esto aterricemos, ahora sí, en la Habilitante que está por discutirse en el seno de la AN. La misma ha sido solicitada con la excusa de luchar contra la corrupción y la “guerra económica” que denuncia el Gobierno, las cuales son simples excusas, ya que obviamente no hace falta una Habilitante para enfrentar ninguna de las dos cosas. Allí están la Ley Anticorrupción y la de la Contraloría, por ejemplo, para perseguir y castigar los delitos contra el patrimonio público; y en cuanto a la “guerra económica”, habría que empezar por decir que la destrucción de la economía nacional se ha concebido y desarrollado desde el Gobierno, por lo que el primer paso debería ser destituir a Giordani, Samán, Fleming y Gil, entre otros, para empezar por los mariscales de campo de esa guerra, para lo cual tampoco se necesita una Habilitante.

Está clarísimo entonces que la Habilitante es para perseguir opositores, disidentes del chavismo y uno que otro pez pequeño del Gobierno para guardar las apariencias, por un lado, y para aumentar los controles y seguir persiguiendo empresas y comerciantes, por el otro. Si de verdad hubiera un espíritu de lucha contra el flagelo de la corrupción en el Gobierno, más de la mitad del Gabinete estuviera investigado y  Diosdado Cabello estuviera preso, entre otros casos, por el escandaloso hecho de haber remodelado un baño de la Gobernación de Miranda por más de 400 millones de bolívares hace 6 años, momento en el cual, con esa cantidad, se podía comprar aún un buen apartamento.   

Es más, la Habilitante nacerá en medio de una tremenda contradicción que evidencia el doble discurso oficialista, ya que esta semana el TSJ autorizará el allanamiento de la inmunidad de la diputada Aranguren (Monagas), con el único fin de incorporar a su suplente, quien acaba “casualmente” de brincar la talanquera hacia el oficialismo. Es decir, el famoso voto 99 es producto de un descarado acto de corrupción.

Presenciaremos sin duda eventos importantes en los próximos días. Como bien dice Capriles: si el Gobierno no cambia, la gente cambiará al Gobierno; y por eso afirma el Alcalde Ledezma que el 8D no están en juego unas Alcaldías sino la Patria misma, y la posibilidad de propinarle al Gobierno una dura derrota que impulse ese cambio democráticamente

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