Sobre las conversaciones de paz entre el
gobierno nacional y la guerrilla de las Farc hay al menos dos puntos de partida
para el análisis. Uno es el basado en los hechos y declaraciones de los
protagonistas y otro en la etérea y especulativa rumorología.
Con la firma, según él, se inicia un periodo
de “transición” que nos conducirá a la paz verdadera. Estima que tendrá una
duración de diez años, sin tomarse la molestia de explicar dicho lapso. Durante
la misma se establecerán “las condiciones y las tareas que cada quien tendrá
que cumplir para hacer posible la construcción de la Paz”. La dejación de
armas, asunto del máximo interés para la sociedad, queda en zona indecisa
puesto que se daría en el marco de un “proceso” y no de un acto.
Recordemos, una vez más, el fundamento
político de la estrategia oficial en esta materia. El Alto Comisionado dijo en
esa ocasión que “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar
funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de
todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos
extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente
intensidad e impacto para lograr las metas de la transición”. En la semana que
pasó, Humberto de la Calle ratificó estas consideraciones. De igual forma, el
presidente Santos dio a entender que la paz no es el cese al fuego y en un
hecho insólito y excepcional, invitará a la comunidad internacional en la ONU,
a avalar la no intromisión de la CPI en su proyecto de paz con impunidad.
En esa línea directriz también podemos
entender la actuación de los tres poderes públicos, de funcionarios de alto
rango y la adopción de medidas “extraordinarias” como el Marco Jurídico para la
Paz que contempla la excarcelación de responsables de delitos de lesa
humanidad.
Ahora el Congreso se apresta a sacar adelante
en tres semanas, bajo la dirección del samperista Juan Fernando Cristo y como
si se tratara de fijar el precio de la libra de comino, la realización de un referendo
al que se someterían acuerdos desconocidos firmados en La Habana.
Contraviniendo disposiciones constitucionales, el presidente Santos, fiel al
pensamiento de “echar mano de medidas de excepción y recursos extraordinarios”,
pretende unir en un solo día las elecciones para Congreso con el referendo.
El Fiscal General ya nos había sorprendido
meses atrás al cambiar, de manera excepcional, sus funciones sin que nadie lo
autorizara. En efecto, ha sido un eximio peón del presidente asumiendo una
posición que en vez de estimular la persecución del delito, del hampa y los
criminales, justifica la impunidad para los crímenes de lesa humanidad de los
jefes guerrilleros.
De otra parte, la Corte Constitucional, una
de las esperanzas que quedan para salvaguardar el derecho internacional y la
integridad de la Constitución, en un fallo agridulce, le prende una vela a dios
y otra al diablo al declarar exequible el Marco Jurídico de la Paz y a la vez,
aunque no se conoce aún el texto definitivo de la sentencia, estipular la no
excarcelación de los condenados por delitos de lesa humanidad. Ahí deja, por
ahora, una sombra de duda que los congresistas incondicionales del gobierno
sabrán despejar con leyes regulatorias de lo que se acuerde en La Habana de tal
forma, que, como lo orienta el Alto Comisionado, de forma excepcional se tomen
medidas que “impacten” la transición hacia la paz verdadera.
Los tres poderes del estado colombiano actúan
pues al unísono, porque hasta la Corte Suprema se ocupa de golpear las toldas
de donde salen las críticas más consistentes a la paz impune. Solo se oye la
voz discordante y aislada del Procurador General. Los medios más poderosos del
país, los gremios empresariales apoyan la aventura “excepcional” de alargar el
conflicto diez años, así haya que violar la institucionalidad. Muy sutilmente
están llevando al país a un golpe de estado legal. ¿Qué más se puede deducir de
una década de transición bajo medidas de excepción?
Así pues, que para las Farc y muy
posiblemente para el ELN, el gobierno tiene servida la mesa. Nunca antes, desde
que Belisario Betancur iniciara negociaciones de paz en 1983, se habían dado
condiciones tan favorables para ellas en temas tan espinosos como justicia,
realización de reformas a su medida, reconocimiento y participación en
política, veeduría internacional, no reparación de sus víctimas. Y con el apoyo
de casi toda la institucionalidad. ¿Se sentarán a manteles o desperdiciarán una
ocasión que la pintan calva?
Tomen nota de que en esa mesa la silla para
una opinión pública descreída y desconfiada, permanecerá vacía, hasta que sean
tenidas en cuenta y aceptadas sus exigencias de justicia, prisión y no
elegibilidad política para los responsables de delitos de lesa humanidad,
reparación a las víctimas, verdades y dejación y entrega de las armas.
Mientras se produce el desenlace, tendrá
lugar una intensa puja entre esos poderes institucionales, medios y
funcionarios enmermelados y el país nacional.
La versión del rumor no es totalmente
opuesta. Estaría en operación una segunda mesa de conversaciones de línea más
directa entre el gobierno y el máximo comandante de las Farc a través de
emisarios como el hermano del presidente. Las inconsistencias en declaraciones
y el ruido de Márquez y Santrich en La Habana tendrían la función de aplacar a
los sectores más militaristas y más ligados al narcotráfico para evitar una
ruptura o bien para aislarlos al máximo.
De esta manera, es factible la firma de unos
acuerdos que dejarían en el aire, por un tiempo ¿diez años?, y todavía dentro
del pensamiento del Alto Comisionado, asuntos como penas de cárcel,
participación política y entrega de armas, para ser ventilados después de las
elecciones en el marco de la llamada “transición hacia la paz verdadera”.
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.