El ambiente político venezolano se ha visto casi saturado de solicitudes, por parte de respetables ciudadanos, para designar una nueva Asamblea Constituyente a casi catorce años de haber sido sancionada, por otra Asamblea Constituyente,
la vigente Constitución Nacional.
Debo señalar que para entender la actual crisis político-institucional que vive Venezuela, es muy importante recordar que los países de nuestro sub-continente hemos vivido una casi perenne relación problemática entre Constitución y gobierno, sin tener en cuenta los intereses y necesidades de los ciudadanos. Por eso, necesariamente, hay que dejar de lado la simple consideración del texto constitucional para alcanzar un conocimiento profundo de las realizaciones concretas con base en las cuales se haga posible alcanzar un cierto grado de funcionamiento y consolidación de las expresiones reales del Estado, teniendo siempre presente no sólo las meras aspiraciones de los ciudadanos, sino el alcance cierto y concreto de sus reales intereses –a veces ignorados por éstos-- y sobre todo, sin olvidar sus urgentes necesidades, en particular las de los sectores más desamparados.
Padeciendo bajo un régimen de clara vocación totalitaria, que controla todas las instancias de los poderes públicos sin que exista separación de la potestad omnipotente de un Estado centralizado y dominado por una “élite” política, el convocar a una Asamblea Constituyente en tales condiciones, constituye un riesgo de proporciones inmensas cuyo resultado puede ser la definitiva consolidación del Estado totalitario.
En la hermana República de Colombia, en 1991, se estableció una Asamblea Constituyente en medio de graves riesgos que entonces sufría la vecina Nación: crecimiento del narco tráfico con males como el aumento de la violencia; de la corrupción; la crisis política, un régimen político que muchos colombianos apreciaban como restrictivo propiciado con casi nulas posibilidades de participación política de otras fuerzas distintas a las del bipartidismo y una gran deslegitimación de la política tradicional, que no representaba los intereses de los ciudadanos en general, además del conflicto armado colombiano de guerrillas y paramilitares contra el Estado.
La anterior Constitución colombiana era entonces la de 1886, que durante su vigencia fue muchas veces reformada, pero desde 1957 el bi-partidismo había aniquilado la posibilidad de reformarla.
Quien esto escribe, tiene la absoluta convicción de que es menester hacer de Venezuela un Estado verdaderamente descentralizado, con gran independencia de sus regiones o Estados cuyas acciones deben tener como prioridad el creciente bienestar de los ciudadanos, lo que corre en paralelo con el desarrollo efectivo de sus diversas potencialidades, lo que no contradice sino, todo lo contrario, refuerza al Estado Nacional en su conjunto y necesarios.
En una ocasión, hace ya algún tiempo, hablaba con el presidente Caldera, quien entonces presidía la Comisión para la Reforma del Estado, y le pregunté sobre su opinión de convocar a una Asamblea Constituyente --tema que como hoy, estaba en muchas bocas-- y él me dio una respuesta contundente: “Las Constituyentes pueden ser como cajas de Pandora si no se sabe lo que tienen adentro.”
Tenía mucha razón: estábamos en el año de 1991; había ocurrido el “caracazo”; bajaba el precio del petróleo; los partidos políticos principales sufrían severas crisis internas. ¿Qué podría ocurrir en tales condiciones? A los pocos meses, el 4 de febrero, reventó un golpe de Estado cuyas fuentes se habían inoculado desde los años 70 mientras la “anti-política” corría dentro de muchas mentes y conciencias…Lo demás es historia conocida.
ppaulbello@gmail.com
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