LUIS VICENTE LEÓN, LA CORRUPCIÓN COMO ESTRATEGIA

La corrupción es una enfermedad muy propagada en la historia de la Política. Por eso, ahora que aparentemente se ha convertido en un tema de interés del gobierno nacional, vale la pena comentar que la percepción de este fenómeno en la mayoría de la población siempre ha sido vincularlo con el tema político. No sólo en Venezuela, sino en el mundo entero. Por eso los grandes debates que se generan alrededor de los gobiernos —que siempre se reducen a referirse al gobierno anterior, el gobierno en ejercicio y las alternativas de gobierno— siempre aparece el factor de la corrupción. Así que esto no es nuevo ni extraño en la política.

Pero hay un elemento particular en este momento en la política venezolana. La corrupción suele vincularse con el gobierno en ejercicio, porque la que más afecta la vida de los electores es aquella que se genera contra el erario público y, además, mediante el abuso de poder que ese electorado le entrega al gobierno. En especial a los más altos líderes de los gobiernos sospechosos de corrupción.

En la historia de Venezuela hay dos casos atípicos: el segundo gobierno de Rafael Caldera y el mandato de Hugo Chávez Frías. Su singularidad reside en que, aunque ambos gobiernos generaron fuertes debates alrededor del tema de la corrupción, en ninguno el electorado lo consideraba responsabilidad del presidente. La población separaba a los ejecutores de la corrupción como los políticos de turno, mientras que al presidente lo protegían de esa responsabilidad.

En el caso de Rafael Caldera, no existía la sensación de que estuviera vinculado con las malversaciones denunciadas en ese entonces. Pero en el caso de Chávez el asunto iba más allá de la no-responsabilidad del líder, sino de que el ítem de la corrupción incluso desaparecía como un posible indicador del clima político. El tema se mantenía en el debate político, pero parecía no interesarle al ciudadano.

Y las razones para que la gente no involucrara a Chávez en la corrupción eran las mismas que lo protegían de la responsabilidad de la inseguridad: él no tocaba el tema, no prometía al respecto, no evaluaba, no lo ponía en la agenda, no agendaba soluciones, no se contaminaba. Esa estrategia le fue muy útil pues, además de salvarlo de un problema evidente, mantuvo el tema fuera de la mente del elector. El propio gobierno, en algunos momentos, tuvo que sepultar eventos tan estrambóticos como el caso de Pudreval que en cualquier otra dinámica política de cualquier otro país habría sido catastrófico para el gobierno de turno.

Chávez logró que la corrupción no fuera una discusión, así el país estuviera carcomido por ella.

¿Pero qué pasa con el gobierno de Nicolás Maduro? Cuando entra este nuevo gobierno aparece una gran pregunta: ¿valía la pena mantener la estrategia de Chávez o los temas de corrupción e inseguridad podían ser utilizados como el conector entre el nuevo presidente y la gente? Al parecer, ante la ausencia de esa fortaleza institucional que tenía el presidente fallecido, tuvo que correr hacia adelante e intentar adueñarse del tema de la inseguridad como si fuera un paladín de la justicia y, luego, intentar convertir el tema de la lucha anticorrupción en un valor adicional.

Maduro no tiene la popularidad de Chávez y, al mismo tiempo, se ve retado por una oposición que ya tiene al menos la mitad del país. Sumado a eso, le pone enfrente a Henrique Capriles, una contraparte con rostro y capaz de colocar temas en la agenda, justo cuando el tema de la corrupción se hace más evidente y el pueblo empieza a exigir respuestas. Tras el fracaso de las políticas públicas en torno a la inseguridad, Maduro hace todo lo posible por adueñarse del tema anticorrupción porque, entre otras cosas, eso significa la posibilidad de decidir a quiénes endilgarle la responsabilidad.

Maduro asume a la vez dos elementos: era imposible evadir el tema teniendo una popularidad tan baja (demostrada con los resultados del 14-A) y debe tomar un riesgo evidente: contaminarse. Es comprar un ticket hacia el futuro, pero vinculado con la responsabilidad política. Al adueñarse de un problema el principal riesgo es que, al no resolverlo, te conviertes en el mayor responsable y ya, a estas alturas, resulta imposible esconderse detrás de la retórica. Ya lo están padeciendo con el tema de la inseguridad y la crisis económica, así que la lucha anticorrupción también les sirve para desviar la atención de estos temas sensible y entrar de una manera distinta en la población, apostando a mostrar algunos resultados que enloden a la oposición.

Aquí es necesario hacer un alto: a cualquier persona con capacidad de pensamiento abstracto y una posibilidad de análisis sofisticada esta estrategia le resulta absurda y una completa locura, pues el gobierno de Maduro actúa como si no tuviera ninguna relevancia que durante quince años ellos hayan sido quienes han ejercido el poder, tomado las decisiones y manejado los contratos. De entrada se entiende que el gobierno es el principal responsable pues, por definición, la corrupción es mayor y más relevante en cuanto mayor cantidad de recursos públicos se maneja. Y si bien la oposición maneja algunos presupuestos de alcaldías y gobernaciones, eso es minoritario con respecto a la cantidad de dinero que se maneja desde el gobierno nacional.

Y la importancia política de esto es que no todo el electorado tiene la posibilidad de atender a un análisis como éste que estamos compartiendo, respetado lector. Lo que parece pretender el gobierno no tiene ningún sentido bajo el pensamiento abstracto, ¿pero quién dice que la mayoría de la población tiene capacidad de pensamiento abstracto? Cuando el 67% no tiene preparación formal, estas vinculaciones no son fáciles de hacer, así que requieren que un liderazgo político las traduzca y las difunda. Es entonces cuando se puede inferir que Nicolás Maduro parte de la premisa de que él tiene más alcance comunicacional que su adversario y que su mensaje le llega a una masa mayor. Maduro juega a que puede construir el mapa de las responsabilidades de la corrupción en la opinión pública, basándose en que además es una población desconfiada. Y sí: pueden desconfiar del gobierno, pero porque desconfían de todo.

Es por eso que la lucha anticorrupción también se manifiesta contra algunos funcionarios del chavismo, pero se trata de actores políticos secundarios y pertenecientes a órganos menores. Tocan a algunos chavistas, pero jamás a los peces gordos. Y esto, combinado con el ataque a los actores más públicos y relevantes de la oposición, hace que el costo sea innegablemente mayor para quienes no apoyan al gobierno.

¿Qué pretenden con eso? Debilitar dramáticamente la confianza de la población en la oposición, luego de darse cuenta de que no pudieron hacerlo por las vías políticas tradicionales y el adversario político ha seguido creciendo a costa suya. Por eso pasan de la estrategia convencional de mostrar las bondades propias a la ofensiva basada en mostrar las vulnerabilidades del otro, concentrando el show mediático en los actores de su contraparte, con especial énfasis en el círculo alrededor de Henrique Capriles.

Cuando alguien como Diosdado Cabello amenaza a Armando Briquet o Rafael Guzmán, es porque ellos son actores del círculo concéntrico de Capriles, pero a él lo pueden atacar sólo verbalmente, porque en política tocar al adversario candidato lo convierte en un mártir.

Parece que el gobierno sigue aquella conseja de Juan de Braganza: Nunca crees víctimas, porque siempre regresan: a veces en sueños y a veces en la realidad. Pero, mientras tanto, no tienen dudas en atacar con todo a quienes están alrededor. Las intenciones son claras: primero, buscar que Capriles también se vea contaminado y, segundo, tratar de desmotivar los comandos operativos relevantes de la oposición.

Aparentemente, la decisión de Chávez en cuanto a evitar un tema que no puede atenderse con hipocresía política era una salida sabia, pues mostrar casos minúsculos de corrupción que tengan en la oposición algunos actores no bastan para explicar las condiciones actuales de un tema que el propio Nicolás Maduro ha traído a la agenda política.

¿Cuál es la posibilidad de éxito de esta estrategia? Si consideramos que en las encuestas de julio 2013 a la pregunta “¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno para atender el problema de la corrupción?” arrojó una respuesta negativa del 78% negativo y que prácticamente 8 de cada 10 venezolanos no está contento con las políticas públicas en torno a resolver la inseguridad, el riesgo es alto. Con estos números, entrar a unas elecciones que la oposición puede enfocar como un plebiscito llamando al voto castigo, el gobierno corre el riesgo de ser visto como el mayor responsable, a menos que se atreva a colocar uno que otro de los corruptos pesados de sus filas tras las rejas.

luisvicenteleon@gmail.com

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