En algunos argumentos relacionados con la corrupción se tiende a confundir la definición con la descripción al
incorporar ciertas características que no se articulan con lo definido a pesar
de su potencial vinculación. Para el caso de la economía de un país—y su
sistema económico como elemento tangible—suele asociarse indebidamente el
funcionamiento del modelo económico con el comportamiento
antivalores de algunos individuos que desarrollando actividades en el
sector público o privado se procuran beneficios personales; soslayando en tal asociación que es la conducta humana la que corrompe
organizacionalmente a la economía en su conjunto, al violar los principios
ortodoxos de ella y su marco normativo establecido.
Tal situación es apuntalada
por la complicidad del rol público al desviarse de sus deberes formales
(fundamentalmente de control) propiciando
debilidades en la capacidad de respuesta del aparato
económico que le dificulta cumplir sus objetivos implícitos, a la par de
inducir impactos negativos sobre la sociedad como un todo.
La palabra corrupción
proviene del adjetivo corruptus que
en latín significa descompuesto o
destruido e igualmente se corresponde con el concepto social de corromper entendido como sobornar y al de corrupción que
equivale a deterioro moral. Esta
última equivalencia, y ante los efectos negativos que la corrupción causa sobre
el crecimiento económico, nos impulsa hacia una interrogante: ¿existe en Venezuela un deterioro moral que
está afectando la economía? Interrogante que debe responderse más allá de
simplemente yuxtaponer de forma agregada
la expresión “corrupción gubernamental”,
pero asumiendo que el Gobierno es o
puede ser el medio a partir del cual se comete corrupción, sin que necesariamente
recaiga en el Gobierno mismo a menos que esté pretendiendo un autodeterioro del Estado al ignorar la
corrupción administrativa de funcionarios públicos—en armonía con privados—cometida sin sentirse culpables, a la
luz de una amplia tolerancia social
hacia el gozo de privilegios privados que son percibidos como “cosas de la cultura política” que
emanan en aparente complicidad entre las élites políticas y económicas;
situación que representa un obstáculo para el desarrollo económico y social del
país.
Habida cuenta que la ausencia de ética impulsa la corrupción organizacional de la economía, y que de igual modo
corroe el tejido social ante la erosión de la capacidad productiva contenida en
un modelo determinado, los economistas
institucionales prestamos suma atención a la trasgresión de los postulados
económicos ya que su violación debilita su eficacia esperada a futuro en razón
a que la actividad empresarial (pública y privada) no depende del profesionalismo ni
de la competitividad sino de su capacidad de influir sobre el entorno
administrativo que les afecta; hecho que desestimula la productividad que es
condición necesaria para alcanzar economías de escala. En tal escenario
pareciera que subyace una correlación
entre el tamaño del Estado y la corrupción organizacional de la economía;
situación que ha impulsado la tesis de reducir
el poder económico del Estado sin que ello implique una política de privatización y más competencia en el
mercado, y en todo caso debe prevalecer el legendario señalamiento: “tanto mercado como sea posible y tanto
Estado como sea necesario”. En fin, coincidimos con ciertos autores que
sostienen que la corrupción de la
economía es un asunto de moralidad y no puramente legal que no se restringe
únicamente al Estado, pero es o puede
ser el Gobierno el instrumento idóneo para cometer corrupción. Esta
posibilidad cobra mucha fuerza en un país como Venezuela donde el Ejecutivo Nacional maneja directamente
cerca del 80% del Presupuesto Público (Bs 405,5 millardos) y el 100% de los
Fondos Paralelos cuyo monto es similar a lo presupuestado para la Nación.
Economista
@jagp611
16/08/2013
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