GERARDO FERNANDEZ, CORRUPTOS CONTRA LA CORRUPCION

Quieren procurar inconstitucionalmente más poder para criminalizar a la oposición

El régimen corrupto emprende una campaña contra la corrupción.

Hacen una campaña efectista para hacerle creer al país que ellos no son corruptos y, de paso, pretenden señalar que los corruptos son los opositores, que precisamente no son los que han saqueado las arcas nacionales en los últimos años.

El Gobierno señala que quiere enfrentar el flagelo de la corrupción, del cual es el principal responsable, declarando una emergencia constitucional, por lo visto un estado de excepción constitucional, o solicitando a la AN una Habilitante. Ambas propuestas solo reflejan el desconocimiento que tienen sobre ambas instituciones y, sobre todo, que no quieren resolver realmente el problema. Con propuestas semejantes, solo demuestran nuevamente su incapacidad total y absoluta para gobernar.

Los estados de excepción son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficiente los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. La excepción está signada por la gravedad, la necesidad, la urgencia, la proporcionalidad en las medidas que se adopten y la temporalidad. El estado de excepción implica restringir garantías constitucionales. Precisamente el Gobierno deja entrever que pretendería restringir el debido proceso y lo que ello implica, garantía que la propia Constitución prohíbe restringir. La vía de la excepción constitucional no es jurídicamente viable.

De otra parte proponen una Habilitante. La misma se otorga mediante ley y para sancionarla se requieren las 3/5 partes de los integrantes de la AN, con los cuales no cuenta el régimen. De otra parte, la habilitación no procede para regular tipos penales ni limitaciones a derechos fundamentales. La jurisprudencia de la CIDH lo prohibe.

En definitiva no pretenden acabar con la corrupción, quieren procurar inconstitucionalmente más poder para criminalizar a la oposición.

Para combatir la corrupción se requiere voluntad, que el régimen no tiene. La mejor demostración de ello es que ni al Contralor General de la República han querido nombrar.

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