A diferencia del reciente planteamiento del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, muy pertinente por lo demás, a la sazón Coordinador de la Unidad de Apoyo a las Elecciones Regionales, con su llamado a acudir masivamente a votar el próximo 16 de diciembre, pero "bajo protesta", ello considerando las anomalías, ilícitos y delitos electorales promovidos, permitidos y en muchos casos ejecutados por el CNE de Hugo Chávez, antes, durante y después del 7 de octubre, propongo la protesta contra el actual estado de cosas en Venezuela, para que así sufraguemos todos en diciembre en mejores condiciones que las de octubre. Veamos.
No hay que menospreciar el avance que significa la actual coordinación de campaña por parte del precitado burgomaestre de Caracas. Su nuevo rol aporta cuando menos un muy importante cambio en el lenguaje político, tan necesario a la hora de sobrellevar con éxito los retos futuros en nuestro camino por la restauración constitucional.
Frases como: "Hay que resolver el falso dilema de denunciar o callar las irregularidades del CNE" o esta otra "la gente en vez de abstenerse, acudirá a votar bajo protesta", atribuidas a Ledezma según publica EU en fecha 04/11/2012 distan mucho del discurso tolerante y extremadamente displicente que en relación al CNE caracterizaba al otrora Comando Venezuela. Resulta obvio, que la estrategia de concentrar esfuerzos en la sola difusión de un programa de gobierno junto a la defensa del voto para la fecha del acto comicial es insuficiente.
Para vencer electoralmente al régimen socialista en gobierno y alcanzar la prenombrada restauración de la Constitución, resulta indispensable manejar un discurso adaptado a las circunstancias políticas del presente, algo reiteradamente exigido en la anterior campaña electoral, pero que solo ahora es tomado en consideración.
Es solo el comienzo. No se trata únicamente del referido chantaje de callar irregularidades electorales para evitar así la abstención. Debemos poner fin a ese otro chantaje que fundado en la obediencia ante cualquier disposición ilícita del CNE socialista nos amenaza con el estigma de "golpistas", dilema pernicioso en la sola medida de su fiel acatamiento por parte de nuestra dirigencia demócrata. Eso también debe cambiar.
Acá el único obligado a retomar la obediencia a la Constitución es el régimen de Hugo Chávez. Gobierno que muy a pesar del poder acumulado requiere para su sostenimiento del favor de la opinión pública internacional, que pasa por la existencia de instituciones democráticas entre ellas el sistema electoral.
Es así como resulta falso de toda falsedad aquel argumento según el cual, los demócratas venezolanos y nuestra dirigencia debíamos "demostrar" nuestra voluntad democrática y acatamiento constitucional para solo así merecer la certificación del régimen y sus instituciones afines. De ello solo hemos obtenido el más grande retroceso político, social y económico de nuestra historia contemporánea.
Se trata de asumir en lo adelante nuestra realidad en términos de sensatez, desechando la falsa hipótesis de una solución rápida y fácil, ideal de nuestra sempiterna cultura rentista, que promovida por el régimen socialista ha sido insuficientemente rebatida por nuestra actual dirigencia demócrata.
El lenguaje discursivo es buen comienzo. Va siendo hora que nuestra dirigencia demócrata diga al pueblo venezolano que desde el 11 de abril de 2002 este país no tiene Presidente; que solo cuenta con un teniente coronel al mando, sostenido en el poder por la fuerza de las armas y con las trampas de su sistema electoral, es decir un régimen no democrático, y por ende nosotros moralmente obligados a defenestrarlo en la primera oportunidad que nos permita la Carta Magna.
Lo anterior, por su fundamento en la realidad, más allá de su aprobación por la opinión pública nacional, tendría ostensibles consecuencias electorales habida cuenta que los pueblos siguen a los valientes, sobremanera cuando entienden que estos se hallan en condición y disposición de apoyarles pues se dan a respetar, incluso por el opresor. Mal puede pretender el voto popular aquel aspirante incapaz de defender sus derechos de candidato en medio de una campaña, pues ¿cómo podría defender entonces los derechos del ciudadanos? ORA y LABORA.
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