La situación de la oposición se presenta conflictiva después del 7 de octubre. Las esperanzas de millones de venezolanos se fueron al suelo después de meses de una campaña electoral intensa por parte de Capriles. Las grandes movilizaciones que su presencia concitaba a lo largo de su recorrido por centenares de pueblos, sin coacciones, sin franelas, sin autobuses, y el ambiente de victoria sentido en las calles, las oficinas, los lugares públicos, se deshizo instantáneamente, como cuando el Revocatorio, en millones de fragmentos, como si hubiera explotado un bombillo cósmico, inesperadamente, sorpresivamente, trágicamente.
El reconocimiento inmediato y la declaración de ausencia de fraude, impresionó a muchos de sus electores. Esperaban al menos una reacción de algún tipo, un pequeño gesto de inconformidad al menos, algo paralelo a la decepción y a la sorpresa que invadió a gran parte de la ciudadanía.
Pero fue todo lo contrario, no sufrimos una derrota sino que ahora somos el 46% de la población – o del electorado, más bien-, lo cual nos identifica como una gran fuerza política, hecho este de gran importancia para un líder que ahora es cuando tiene sólo cuarenta años de edad y le sobra tiempo para muchas más elecciones. Bendito él entre ese gran electorado de la tercera edad, al que sólo le quedará resignarse a vivir su poca vida restante bajo la égida de una dictadura comunista, genocida y empobrecedora como la que impone a paso de bolserías opositoras el comediante presidente.
Los defensores de la virginidad del CNE han tomado en cambote los medios para pontificar en contra de los que aludimos el fraude como causa de la derrota. Tan insultantes como el capataz al que dicen combatir, desechan argumentos y se montan en consignas sin aportar soluciones a esta situación tan peligrosa para el país de cara a las próximas elecciones. De hecho sólo insisten en que hay que ir a votar masivamente y listo.
Se repite la misma actitud que generó toda la suspicacia respecto al CNE y al sistema electoral, a partir del fraude del Revocatorio –“que tampoco existió”- y la gran abstención en los comicios para la AN consecuente, de más de un 80% por parte de una ciudadanía opositora ofendida por el fraude, y que demostró su real y definitiva mayoría al dejar vacíos los centros electorales. Este grito, este contundente mensaje ciudadano, no fue oído por la dirigencia opositora, la cual debió haber tomado entonces la bandera de “elecciones libres y transparentes”, sino que al contrario, incomprensiblemente –por decir lo menos-, culpó a los ciudadanos de una conducta errónea que resultó en una Asamblea chavista.
Se olvidaron entonces, como se olvidan ahora, que la misión del político es oír los mensajes de la ciudadanía, analizarlos y establecer líneas de procedimiento, estrategias o conductas acordes con las necesidades o exigencias ciudadanas, por que para eso están. No para disfrazar la verdad o esconder la realidad, como lo hace el capataz, por que eso sólo sugiere un pobre concepto de la sociedad a la cual pretenden por los momentos defender y, luego, gobernar.
Habría sido racional durante estos ocho años desde el Revocatorio, demandar firmemente leyes y reglas electorales claras, que garantizacen la seguridad y transparencia de todo el proceso electoral, de manera que los ciudadanos tuviésemos la certeza de que el votante no puede ser objeto de coacciones o amenazas de ninguna especie, y de que el voto sea absolutamente secreto y transparentemente escrutado por la sociedad y no por el régimen, como se hace a través de un sistema digital de cuyos intríngulis técnicos no tenemos ningún conocimiento los votantes.
Estos señores tan sabios pero tan insultantes, defensores de un sistema electoral del cual desconfía la mayoría, podrían acabar con esta situación tan peligrosa con las siguientes medidas:
- Manifestando públicamente la necesidad de un sistema electoral de absoluta confiabilidad, por que la democracia necesita eso: confiabilidad, transparencia, no máquinas ni tecnología.
- Publicación del Registro Electoral completo, por que el hecho de que haya sido presentado o mostrado a la MUD no excluye el deber del gobierno de presentarlo a la ciudadanía, la cual está en todo su derecho de exigirlo.
- El escrutinio de todas las cajas de votación y su conteo obligadamente público en presencia de medios públicos y privados.
- Presencia de observadores nacionales e internacionales por iniciativa gubernamental y de los partidos políticos.
- Ejecución de exit polls.
- Eliminación de las máquinas captahuellas.
Ninguna de estas medidas contraviene las leyes ni altera la infraestructura electoral. El sistema de trasmisión y totalización de datos no sufrirá ninguna alteración. Al contrario podrá servir para comprobar o demostrar la exactitud de sus números.
Si el régimen no acepta estas exigencias, estará demostrando que siempre ha hecho fraude y que se dispone a continuarlo.
¡Estamos a tiempo!
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