Se requieren leyes (pocas) claras, cónsonas con la Constitución,
no "paquetes" desaforados...
El pasado 17 de junio venció la cuarta Ley Habilitante, otorgada
al Ejecutivo Nacional en diciembre de 2010. Con esta habilitación el Gobierno
suma 54 meses, cuatro años y medio, ejerciendo funciones que competen al Poder
Legislativo. En ese período redactó solo leyes a favor de un modelo ideológico
y económico que ha fracasado en todo el mundo.
Más allá de la cuestionable forma como fue aprobada en su
oportunidad la Ley Habilitante (la Asamblea Nacional estaba por cesar sus
funciones), lo que debe analizarse y estudiarse es que ante el Tribunal Supremo
de Justicia hubo varias demandas de nulidad de diversos instrumentos jurídicos
aprobados en el marco de esa ley, sin que ninguna de ellas tuviera respuesta.
El TSJ se convirtió en cómplice de la inconstitucionalidad de esas leyes. Esto
debería ser motivo suficiente para considerar todos los decretos-leyes
promulgados, nulos de toda nulidad, como dicen los abogados. Sin embargo allí
están, cual espada de Damocles, pendiendo sobre quienes osen contravenir al
régimen.
Con los 54 decretos-leyes de esta habilitante se llega a 228
instrumentos aprobados por esa vía, casi clandestina, que no siguen los
procedimientos de consulta pública establecidos en la Constitución. Su objetivo
fundamental apunta a lesionar la propiedad privada y la participación ciudadana
en los asuntos públicos, y a confiscar los derechos individuales y la libertad.
No debe pasar desapercibida la Gaceta Oficial que recoge el
paquete legislativo. Como de costumbre, la Gaceta fue publicada el último día
de habilitación. Lo mismo ocurrió con los: 49 decretos-leyes del 13 de
noviembre de 2001; los 26 decretos-leyes del 31 de julio de 2008; y ahora con
los 14 decretos-leyes del 15 de junio de 2012. ¿Cómo se puede hacer un análisis
costo-beneficio para garantizar que las leyes generen mejoras a la sociedad, si
son conocidas en bloque al ser publicadas en Gaceta cuando ya han entrado en
vigencia? El resultado: leyes costosas que dan mayor poder al Gobierno.
De la revisión de los últimos decretos-leyes aprobados, puede
apreciarse que solo tres se relacionan directamente con la atención a los
venezolanos afectados por las lluvias de finales de 2010. Estas son: la Ley de
Emergencia para Terrenos y Vivienda, la Ley Orgánica de Creación del Fondo
Simón Bolívar para la Reconstrucción (ambas orgánicas) y la Ley Especial de
Refugios Dignos para Proteger a la Población. Su impacto está aún por
demostrarse. El conjunto de las leyes parten del supuesto de que es la intervención
directa del Gobierno lo que garantiza el bienestar de los sectores más
desfavorecidos.
Se crearon nuevas superintendencias como la Superintendencia
Nacional de Costos y Precios y la Superintendencia de Bienes Públicos, cuyas
atribuciones y competencias resultan excesivamente discrecionales, pues actúan
directamente en la operación de las empresas y convierten la propiedad privada
en una especie de concesión que da el Estado a las empresas y a los ciudadanos.
Se constituyeron fondos especiales (agrícolas, edificaciones
penitenciarias, prestaciones sociales, ahorro popular), los cuales -dada la
redacción de los decretos-leyes- podrán ser igualmente manejados
discrecionalmente por el Gobierno, pues no parecieran contar con mecanismos
transparentes de rendición de cuentas, dejando la interpretación al criterio
del funcionario público responsable.
Dos decretos-leyes publicados el último día de la habilitación
son: la Ley Orgánica de Bienes Públicos y la Ley para la Determinación del
Justiprecio de Bienes Inmuebles. En ellos se desconocen importantes mecanismos
de mercado como la fijación libre del precio y la posibilidad de que los
ciudadanos puedan dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia.
Este "paquetazo" de decretos-leyes constituye el más
fehaciente ejemplo de la falta de eficiencia del régimen al momento de
legislar. Se atiende la emergencia mediante la aprobación de leyes elaboradas
sin un riguroso análisis y sancionadas en función de los intereses del
Presidente y su agenda, no en pro de la sociedad.
Para solucionar los problemas del país, se requieren leyes
(pocas) claras, sencillas, cónsonas con la Constitución, no
"paquetes" desaforados e inconstitucionales que, lamentablemente,
llenan los expedientes de injusticia e imponen por la práctica legislativa el
interés particular del Gobierno, a costa del bienestar social y la eficiencia
económica.
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