En el país de lo insólito y el disparate, como Venezuela, se tejen situaciones tan
inesperadas que si nos tocara escoger entre defender el criterio de los
funcionarios del gobierno y callar para que el silencio otorgue valor a las decisiones en la conducción del
país, creo que estaríamos entrando en locura colectiva.
Es costumbre amanecer en el país con decretos, leyes y disposiciones tan
tomadas por los cabellos que ya no sorprende el rumbo hacia donde se dirigen
las políticas públicas o los derechos ciudadanos, consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tamaño nombre para tan
poco respeto que se tiene del contenido de nuestra Carta Magna.
Los presos de las 33 cárceles que existen en Venezuela, son el dolor de
cabeza del gobierno y no se vislumbra en el camino una solución transparente y
justa, para resolver el intrincado modo
de vida de los reos que pagan sus errores en un submundo que toma control para
la vida y libertad de la sociedad. Si lo que se busca es redimir a los
venezolanos que están esperando justicia, entonces no se deben tomar decisiones
tan absurdas como borrar los antecedentes penales a ex convictos para
que puedan tener acceso a un trabajo. Suponemos que el mayor empleador del
país, en este caso el gobierno, estará dispuesto a incorporar a la nómina de
los ministerios a los que han pasado sus largas “vacaciones” tras las rejas. Eso
no se entendería.
Y aún más, suponemos que Walid Makled tendría una “hoja
limpia” en el menor tiempo posible, para que pueda vivir sin cargos de
conciencia por los delitos que ha cometido o para que no se sienta acorralado.
Nos preguntamos entonces: ¿Qué pasará con los documentos que certifican que los
comisarios presos cometieron alguna actuación fuera de la ley? ¿Y la marca que
tienen los corruptos? ¿A dónde va a parar todo esto?
Si es así la decisión de borrón y cuenta nueva, de la misma manera deben
borrar la raya que tienen los ciudadanos que por problemas de escasez de
dinero, bien por desempleo o porque el
país se montó en una inflación que no permite avanzar, han sido incorporados a
la lista negra del llamado Sistema
de Información Central de Riesgos (SICRI) considerado violatorio de la
constitución, ya que no permite que las personas puedan obtener un crédito o
una tarjeta de crédito para obtener divisas.
Se entiende que los funcionarios de altos cargos para medio
arreglar algunas cosas, no tienen ningún reparo en cometer disparates con sus
consabidas consecuencias; pero hay algo que es cierto, más tarde que temprano
el que la hace la paga.
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