Si pensamos en la primavera que trae el mes de mayo,
se nubla de nuevo el país con anuncios del gobierno que llegan para ensombrecer
el panorama político venezolano.
El presidente Hugo Chávez durante el acto de
promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, solicitó instalar un Consejo de
Estado en los próximos días para estudiar el retiro de Venezuela de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Los motivos para este aislamiento forman
una diversidad de excusas para allanar el campo a posibles situaciones de abuso
de poder o simplemente es miedo por casos que están sobre el tapete que podrían
recibir el peso de la condena internacional.
Al hacer un poco de historia, tras la hecatombe de la
segunda guerra mundial se estableció un nuevo orden internacional: la
Organización de Naciones Unidas, la cual se comprometió a promover el respeto
universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a lograr
la efectividad de tales derechos y libertades. Esta determinación se hizo
realidad el 10 de diciembre de 1948 en la primera sesión de la ONU, en medio de
enorme tensión internacional para la aprobación de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que luego se completaría en forma de documentos o pactos
el 16 de diciembre de 1966. Venezuela se acoge al pacto entre las Naciones
Unidas para el respeto de esos derechos y así se encuentra establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La penúltima vez que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos presentó un informe colocando en la “lista negra” a Venezuela sobre afectaciones
del goce y disfrute de los derechos humanos, fue relativo a la criticada Ley
Habilitante y este informe fue presentado apenas una semana después de que la
Comisión celebrara su primera sesión de audiencias del año, en las que
Venezuela acusó al organismo de estar "parcializado" en su contra y
amenazó con salirse del sistema interamericano.
En el citado informe se agregó la
"provisionalidad" de jueces y fiscales en Venezuela o el "uso
abusivo del Derecho Penal y la afectación a la libertad de expresión,
situaciones de inseguridad ciudadana, la violencia en los centros
penitenciarios, intimidación y
restricciones en los derechos políticos de los venezolanos; similares razones
que han puesto a Colombia, Honduras y Cuba en el rango de los más cuestionados.
Todo ello ha conducido a unas tensas relaciones entre el organismo
internacional y Venezuela. Según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela
(IPYS) en Venezuela, entre mayo de 2010 y diciembre del 2011, ocurrieron 200
casos de violaciones a la libertad de expresión en los que hubo 204 víctimas
que padecieron agresiones físicas. Por
otra parte, 7 de cada 10 victimarios estaban vinculados al Estado.
Venezuela poco a poco se va quedando sin nada,
expropiaciones, desempleo, se regala el petróleo, familiares, amigos y
profesionales se van del país y queda la sensación de cuarto vacio con cuatro
paredes que conforman las fronteras.
Con todo el bagaje de sucesos, sumados los de
corrupción, narcotráfico y sicariatos, se plantea que la realidad social del
tiempo en que las normas deben ser aplicadas, supone que habrá mayores
posibilidades de todo tipo de actos de inseguridad jurídica en el país. Lo que
si tenemos son algunos políticos barrileros que nos siguen llevando a la total
miseria. Lo peor es que no sabemos quién manda o quién gobierna.
Susana Morffe
www.desdelaisla.hazblog.com
susana.morffe@gmail.com
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