Lo
grave del asunto es que las condiciones de trabajo y las prestaciones de los
trabajadores tienen una importancia mucho mayor que los regalos electorales
Un
grupo de trabajadores exige el pago de sus prestaciones sociales | Omar Véliz /
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No
contento con haber expropiado a los agricultores, empresarios e industriales,
el Gobierno nacional se propone ahora expropiar a los trabajadores. Tras el
velo de una misteriosa Ley Orgánica del Trabajo, el Ejecutivo se arroga ahora
la facultad de administrar las prestaciones de la clase trabajadora, las cuales
centralizará en un fondo cuyas características también son desconocidas. Lo que
sí está claro es que será el Ejecutivo quien decidirá dónde se invertirán y a
qué se destinaran los ahorros de los trabajadores. De esta manera, el futuro de
los obreros y sus familias dependerá de la buena voluntad y capacidad de
administración de los gobernantes, de la misma forma en que los beneficiarios
de las múltiples misiones están sujetos a su magnanimidad.
Como
la Ley del Trabajo será aprobada bajo los poderes otorgados por la
inconstitucional Ley Habilitante, y en consecuencia su contenido depende
solamente de la voluntad o el capricho del Presidente, no se sabe qué otras
sorpresas pueda deparar. Su texto se desconoce a menos de un mes de su
promulgación, no se ha discutido en ningún foro representativo y ha sido
elaborado de espaldas a los trabajadores organizados. Los patrones tampoco han
sido informados, pero mantienen la esperanza de que, como ahora el Estado es el
mayor patrón de la nación, la ley no les será muy onerosa. Aunque también
abrigan el temor de que incluya cláusulas incosteables, en vista de que entrará
en vigencia poco antes de las elecciones y hasta ahora parece no haber dado los
resultados esperados cortejar a los votantes con regalos de lavadoras chinas.
La Asamblea Nacional, que es el foro donde constitucionalmente debe debatirse y
aprobarse una ley orgánica, ha sido totalmente puesta de lado. Por no hablar de
los sindicatos y los gremios que normalmente serían consultados y oídos por un
gobierno democrático no excluyente.
Lo
grave del asunto es que las condiciones de trabajo y las prestaciones de los
trabajadores tienen una importancia mucho mayor que los regalos electorales,
puesto que gravitan sobre toda la vida económica formal del país. Dejarlas en
manos de una sola persona representa por lo menos una imprudencia. Se corre el
riesgo de repetir en el mundo de la producción y el trabajo la desdichada
experiencia del Fonden, que centraliza inmensos recursos de todos los
venezolanos, no se sabe cómo los utiliza y depende exclusivamente del jefe. A
éste puede a veces fallarle la memoria, y olvidarse de que había exigido
resultados de las inversiones en seis meses o que algunos fondos permanecían
ociosos, lo que suele ocasionar tragedias financieras.
Pero
los trabajadores venezolanos no son simples cifras contables. Son seres de
carne y hueso, ciudadanos que merecen respeto. Hacer caso omiso de ellos cuando
se trata de dictar las normas que regularán su actividad y determinarán su
futuro significa atentar contra su dignidad, aunque pueda haber algunos
mendrugos electorales de consuelo. Nadie lo sabe. Sólo puede saberlo un enfermo
convaleciente en Cuba
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