El gobierno insiste en el control total de la economía y la ley de costo y precios justos es el instrumento para lograr este fin, es evidente que para las empresas privadas su capacidad de mantenerse activas depende exclusivamente del precio de venta que le fije la superintendencia de costos y precios, si este resulta por debajo de su costo las condena al cierre al no poder sostener sus pérdidas, aquí el gobierno ira tomando cada de esas empresas privadas a estas no poder continuar sus operaciones.
Esta ley es inconstitucional ya que desconoce los artículos de la constitución sobre libre iniciativa y propiedad privada, los organismos del estado como la fiscalía y la defensoría del pueblo tienen que solicitar su derogatoria ante el tribunal superior de justicia.
El gobierno tiene como excusa que en el país hay una gran especulación por parte del sector privado, lo cual no es verdad, ya que el costo de la vida es responsabilidad del gobierno que ha pretendido tener una economía artificial mediante regulaciones, controles, toma de fincas y empresas, llevando la producción nacional a niveles bajos, teniendo que importar más del 50% de lo que consumimos a precios internacionales que están a tres veces más que los precios nacionales, así como la emisión de dinero en exceso que colocan en manos del público sin que haya producción nacional suficiente para cubrir la demanda de bienes y servicios. Vale destacar también el fracaso de la capacidad comercializadora y de distribución de mercal y PDVAL.
Estas son las razones de la escasez y alto costo de la vida.
Vicente Brito
Presidente.
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