En medio de la vida cotidiana de los argentinos se han desatado algunos demonios de variada apariencia y calibre que tienen en su esencia un atroz denominador común: el desinterés que muestra el Estado por cuidar sus bienes, que son los de todos. Y como siempre ocurre tras el desorden, las consecuencias son terribles.
Aunque los funcionarios siempre se defiendan apelando a la figura de las “operaciones mediáticas” es inevitable que cuando esos ángeles del mal aparecen y se corporizan, como en la pasada semana en la siniestra figura de Sergio Schoklender o en la acción irreparable de un tren disparado hacia la muerte, los ciudadanos-contribuyentes y, en su representación la prensa independiente, siempre terminan disparándoles a los administradores de turno y, en este caso con mayor razón a un gobierno cuyos miembros patrocinan de modo persistente la presencia de un Estado activo.
No hay más remedio que sea así, porque el ex administrador de las Madres y el chofer del colectivo que cruzó con las barreras bajas han sido apenas los instrumentos en ambas cuestiones de concreta actualidad. El caldo de cultivo para tamaños desastres lo ha generado sin dudas la ausencia del Estado, políticamente responsable de los desvíos de dinero, de la falta de planificación y obras, de la inexistencia de controles y de la muerte de los 11 pasajeros de la línea 92.
Más allá de si hay o no hay sanción social, finalmente, deberá ser la Justicia la que determine en ambas situaciones si hubo, por parte de quienes tienen la misión de velar por el bien común, negligencia o dolo.
En el caso de los planes de viviendas que encaró la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de la Misión Sueños Compartidos, la gran pregunta que hay que responder para salir de la maraña de cruces políticos que enrarecen la comprensión del asunto es una sola: de qué forma se gastaron los $ 765 millones que recibió del Estado la ex Asociación, transformada en Fundación por Hebe de Bonafini para poder encarar como empresa la construcción de viviendas.
Justamente, esa tarea le fue encargada casi a libro cerrado a Schoklender, quien se contrató a sí mismo como proveedor, a través de su compañía Meldorek y dio inicio a un círculo infernal de facturas y recibos cruzados que complican una verificación seria de los ingresos y egresos de fondos.
Según el mismo ex administrador, todo el proceso de la construcción de viviendas, desde las asignaciones de obras hasta los pagos, tuvo un componente discrecional muy claro y de asignación ultrarrápida, casi como si se tratara de un favor ideológico hacia las Madres. En tiempos de Néstor Kirchner, desde la Casa de Gobierno (“Él en persona”, ha dicho) se digitaban sin licitación los lugares adónde se iba a construir. Tanta laxitud le brindó a Schoklender el tinglado ideal para actuar a discreción.
El único caso que se recuerda de una jurisdicción que se rebeló contra esta metodología dispendiosa y automática fue la Ciudad de Buenos Aires a fines de enero de 2008, resistencia que se moderó cuando Bonafini y un grupo de Madres llamaron a los medios e iniciaron un ayuno en la Catedral Metropolitana, “hasta que Macri devuelva el dinero que no le corresponde”.
Lo que el gobierno porteño quería en todo caso era que se cumpla con la instrumentación legal que demostrara que los fondos estaban invertidos en las viviendas, un hecho insólito para los estándares de Bonafini, ya que era algo que ninguna otra jurisdicción pedía. Aquel episodio se recuerda todavía, porque en su impunidad de entonces, Hebe no sólo logró que el gobierno porteño le pagara finalmente los $ 3,4 millones que reclamaba tan airadamente a instancias de Schoklender, sino que como se habían clausurado los baños de la Catedral para que las Madres abandonen el lugar, aún se recuerda que ella misma confesó que “tuvimos que improvisar uno, detrás del altar”.
Los apuros de ese momento probablemente eran reales, pero tal como lo ha descubierto recién ahora el ministro Julio De Vido, Schoklender estaba acostumbrado a vivir de una gran “bicicleta financiera”, que consistía en cambiar cheques de la Fundación a tasas nada amigables, hacerse de fondos, tapar agujeros y salir corriendo a buscar más dinero para cubrir esos cheques cuando se podía.
Cientos de valores fueron rechazados por los bancos y con muchos de ellos se tuvieron contemplaciones especiales.
La situación del ex administrador tiene aristas múltiples, porque se trata de alguien a quien ahora todo el mundo se lo quiere sacar de encima, el Gobierno nacional en primera instancia, porque a través de Bonafini fue su aliado indirecto hasta hace unas pocas semanas. Por ese motivo, y además para ponerlas en el papel de víctimas y no de partícipes, el ministro De Vido ha dicho también que Schoklender “estafó a las Madres y no al Estado argentino”.
Si no se apunta a saber qué se hizo con el barril sin fondo de los 765 millones de pesos, cuánto de ese dinero fue a salarios, cuánto a materiales y a empresas constructoras, Meldorek incluida, cuánto a honorarios de Schoklender y cuánto a sus gastos personales y cuánto quedó flotando para retornos o como caja de la política nunca se conocerá la suma en que fueron perjudicados los contribuyentes.
Así, el propio Estado debería constituirse en querellante de esta causa, lo que no dejaría de ser insólito desde lo político, ya que se verificaría un extraño dominó, donde lo ideológico se terminaría mezclando con lo delincuencial. Primero, los abogados estatales deberían ir contra Schoklender, hombre de confianza de las Madres; luego contra la responsabilidad de éstas por ser el paraguas que encubrió los desvíos y por último, contra sí mismos. Esta teoría es la que enarbola parte de la oposición, quien se tuvo que tragar el sapo de convivir con Schoklender en el Congreso para sacarle información que comprometa al Gobierno, los mismos opositores que a juicio de Bonafini son “ratas”.
Este aspecto de sus manifestaciones fueron la parte más notoria de sus declaraciones del jueves, pero hubo otras que son parte permanente de su discurso radicalizado, que aún en estas circunstancias sombrías eligió no moderar. En una actitud similar a la que denuncia, Bonafini aseguró que los legisladores que recibieron a Schoklender son “fascistas” y agregó que, por hacerlo, “están de acuerdo con la tortura, con la muerte y con los asesinatos, porque son asesinos”, casi un mote similar al que seguramente le pondría, para desacreditarlos, a todos los que no piensan como ella.
Pero las paranoias del caso no terminan allí. Como el ex apoderado de las Madres, al decir de Hebe la “víbora que se junta con las ratas””, supone que se lo quiere responsabilizar de todo, ha comenzado a contar, sin demasiadas pruebas, buena parte de la trama del manejo de los fondos por parte de la Fundación, a la que acaba de definir en el Congreso como “una gran caja” de la política desde donde se pagaban favores, campañas y sobresueldos, “con más fondos que los conocidos”.
También habló de cuentas en el exterior, de los modos que tiene para asignar las obras el secretario de Obras Públicas, José López y de la impresión de afiches y folletos dedicados a darle sostén político a Abel Fatala y a Amado Boudou, cuando éste competía como precandidato por la Jefatura de Gobierno porteña. En este punto, un fiscal acaba de desestimar que se haya tratado de un aporte para la campaña dentro de la Ley Electoral, cuando en realidad lo que hay que saber es si realmente fue un regalo y de dónde salió el dinero para pagar esas impresiones.
Esa declaración de Schoklender en la Cámara de Diputados incluyó la mención a un funcionario de la Side, quien según él habría sido el encargado de tranquilizarlo sobre su presunción de que iba a pagar los platos rotos de todo el entuerto. Si se callaba, le habría dicho, el juez Norberto Oyarbide iba a mantener la causa “pinchada”. Por más que se estima que estas manifestaciones pueden tener que ver con una estrategia para horadar la credibilidad del magistrado y lograr su apartamiento de la causa, lo objetivo es que hasta el momento Oyarbide no lo ha llamado a declarar, por más que él, ahora su propio abogado, lo ha solicitado en más de una oportunidad.
Más allá de la atribución de responsabilidades y si realmente al Estado le interesara conocerlo y si se supiera realmente cuánto dinero se desvió en este caso de Sueños Compartidos, bien podría conocerse el perjuicio que han tenido los ciudadanos medido en planes sociales, camas de hospital, escuelas desatendidas o en infraestructura no realizada. Es obvio, que en este renglón hay que mirar con mucho detalle el rubro ferrocarriles, que en el caso de la Capital Federal y especialmente por la traicionera traza del Sarmiento, tendría que haber motivado en las autoridades mucho más que anuncios.
Después de un saldo tan luctuoso como el del accidente del paso a nivel de la calle Artigas, con más los 200 heridos que viajaban en los vagones que chocaron de frente, la pregunta que surge es si nunca nadie en el Estado se planteó una hipótesis como la ocurrida, a la hora de decidir que se iban a mantener paralizadas las obras de soterramiento de la línea.
Más allá de que un trabajo como el que ahora se quiere encarar merecería una discusión bien amplia sobre alternativas y costos, si las miserias de la política alguna vez frenaron la obra para no darle una que ganar a un posible rival electoral como el Jefe de Gobierno porteño, habría que cargarles la responsabilidad moral de esas muertes a quienes decidieron la estrategia, más allá que la culpa material del accidente la tiene un sistema de transportes que delega casi todo, paga subsidios millonarios y se desentiende de controlar de modo eficiente.
Pero, además, para intentar no pagar ningún costo y a menos de 24 horas del accidente, cuando aún los cadáveres no habían sido enterrados y de modo impúdico, los funcionarios gubernamentales de ambas jurisdicciones y la empresa TBA buscaron pasarles la responsabilidad a todos los demás, sobre todo haciendo eje en la imprudencia del colectivero, sin querer admitir que su accionar ha sido la consecuencia de un sistema que hace agua por los cuatro costados.
Así, esta tragedia resulta otro caso evidente de mala praxis de un Estado que está engordado por los cuatro costados a nivel nacional, provincial y municipal quien, según escribió el economista Enrique Szewach, antes que sus deberes esenciales (seguridad, salud, educación, etcétera) “se dedica a otras cosas: transmite fútbol, publica diarios, persigue a consultores, obliga a exportar maní para importar autos, le otorga cientos de millones de dólares a una fundación de derechos humanos para construir casas, etcétera”.
Pese a todo, los ciudadanos parecen reivindicar ese rol tan variopinto del Estado argentino por encima de lo que son sus reales obligaciones y votan en consecuencia. Al decir de Shakespeare, habría que tener cuidado, porque “a veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes”.
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