No hay dato del censo que ya el gobierno no tenga gracias al Saime, el Seniat y los registros y notarías
Fieles al lema de Gramsci, tutto e'polittica, el censo se ha vuelto otra batalla en esta guerra entre autoritarismo y democracia. Pero en este caso Gramsci tiene razón, un censo es una de las actividades más políticas que puede emprender una sociedad, sobre todo si es democrática. Un censo es establecer el número de los ciudadanos, los límites del cuerpo político.
Concretamente, los diputados se eligen en cada entidad federal "según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país" (artículo 186 de la Constitución). Las regiones más pobladas tienen más diputados y al contrario, como acabamos de ver en las elecciones parlamentarias ganadas por la oposición. Así que al Gobierno le interesa que en las entidades tradicionalmente opositoras, que son las más grandes y prósperas del país y no por casualidad, la menor cantidad de gente se empadrone y así su peso político disminuya. Se trata además de una batalla que se da cada diez años, pues de aquí en adelante las proyecciones de población para cada evento electoral se harán con el censo actualmente en marcha.
Más aún. El situado constitucional se reparte "un treinta por ciento en partes iguales [entre las entidades federales] y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades" (artículo 167, 4 de la Constitución). A más población, más recursos. Recursos que van además a los gobernadores, principal baluarte de la oposición, cuyos gobiernos regionales aumentarán con toda probabilidad en las próximas elecciones. No hace falta decir que esa población se determina también de acuerdo con el último censo.
Las armas del chavismo son el miedo y la mentira. Ambas se usan a discreción en el caso del censo, pretendiendo hacer ver que con él nuestros datos serán instrumento de la persecución y represión oficiales. Al respecto, no hay dato del censo que el Gobierno ya no tenga gracias al Saime, el Seniat y la red de registros y notarías, entre tantas otras entidades de fiscalización. Luego, la regla de todo censo, y hasta donde es posible saber así seguirá siendo en éste, es que la data individual se recoge de tal modo que es imposible identificar después a sus emisores. De hecho, no hay que suministrar nombres reales ni números de cédulas a los empadronadores, ni es obligatorio dejarlos entrar en los hogares. Las preguntas, con las salvedades ya hechas notar por la oposición, son las mismas de los censos anteriores.
Nadie dude de que el Gobierno usará cuanto esté en sus manos para reprimir y amedrentar a sus adversarios, inclusive la data censal. Pero ésta no le aporta nada que ya no tenga y muchas más ventajas le da un censo donde las regiones opositoras aparezcan con menos población que la que realmente tienen. Porque el censo es una preelección, una suerte de preparativo necesario para las elecciones por venir. Para muestra el reciente censo en Estados Unidos, en el cual los partidos lucharon hasta el último momento por lograr la mejor figuración de los respectivos feudos.
Así que empadronarse es la mejor manera de ir acabando con el actual estado de cosas, con el cambio político que se obtendrá con votos, muchos votos.
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