En Venezuela se ha vuelto costumbre violar la Constitución y la normas, desconocer y violentar los derechos a la salud y a la vida, entre otros. A muchos funcionarios de empresas públicas y privadas, la Constitución Nacional de 1999, los fallos judiciales, las sentencias de la Cortes, los derechos de petición y las tutelas les importan un comino, a sabiendas que quien no respeta la ley comete un delito, e igual que cualquier otro delincuente, merece sanciones y castigos sin contemplación alguna.
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| CRISIS HOSPITALARIA |
Hidrocentro, Corpoelec, Cantv, los bancos, las clínicas privadas, los hospitales y los CDI, entre otras, a diario violan la Constitución hasta el punto de trivializarla y burlarse en la cara de quienes recurren a los derechos de petición y a las tutelas, esperanzados en que la justicia pueda hacer valer sus derechos.
Además de lamentable, es vergonzosa la muerte de muchas personas, no solo víctimas de enfermedades, como se ha querido mostrar, sino víctimas de la negligencia administrativa de los centros de salud, los cuales hacen esperar la clave del seguro al cual está afiliado al enfermo y a los familiares sentados, horas enteras pese a los ruegos de los parientes, quienes acuden a los desacreditados derechos de petición y tutelas a diario burlados.
Mucho más vergonzosa es la actitud de las salas de emergencias de las clínicas, cuyos médicos residentes inoperantes y anómicos, que se dedican desde sus puestos a pedir que se espere hasta que el seguro envíe la clave de ingreso en forma descarada, sin que nadie haga nada por evitarlo, tal como lo expresan múltiples denuncias en organismos de control.
Inaceptable que mientras la gente se muere de hambre, sed, enfermedades o de simple impotencia ante las injusticias, algunos que están detrás de los escritorios fungiendo de asesores jurídicos, bajo la premisa de que hecha la ley, hecha la trampa para violarla, desconozcan un derecho tan simple, pero fundamental, como el de dar respuesta a una petición que a tiempo puede salvar una vida.
Más triste es que cuando se presenta un derecho de petición, con frecuencia obtengamos respuestas equívocas, ambiguas, huidizas e imprecisas, cuyo fin es evadir la responsabilidad de entregar una información y por lo tanto desconocer un derecho que todo ciudadano tiene a recibir información precisa y oportuna.
Hoy a pesar que este derecho está elevado al rango de fundamental, esas respuestas sin forma ni contenido que no resuelven la necesidad de quien presenta el derecho de petición se constituyen en una fragrante violación de la Constitución, pues se ha trivializado tanto su cumplimiento que muchos creen que con el solo hecho de contestar ya están libres de toda responsabilidad.
La Constitucional Nacional Venezolana señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución….Esto implica que la autoridad ante la cual se hace la petición está obligada a dar respuesta oportuna y de acuerdo con lo solicitado, de tal manera que resuelva la necesidad, de lo contrario, estaría violentando un principio constitucional, reglamentado en el Código contencioso administrativo
Lamentablemente, producto de la misma anomia, la ilegalidad seguirá imperando mientras los funcionarios públicos sigan creyéndose reyezuelos a quienes hay que hacerle antesala y ofrecerles dádivas para que puedan actuar, pese a que la ley los obliga a cumplir su función, aunque la ley es lo que menos importa, pues actúan bajo la premisa que si todo el mundo la viola ¿por qué no pueden hacerlo ellos para obtener los mismos sucios y torcidos bolívares? aunque se muera quien tenga que morirse.
britozenair@gmail.com
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