ELINOR MONTES: SENCILLAMENTE DEFENDAMOS LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA LIBERTAD ECONÓMICA

Los venezolanos no podemos aceptar leyes injustas, merecemos vivir en un clima de democracia -libertad, justicia, igualdad y paz-, respeto, honestidad y solidaridad.

  

La Ley en el cumplimiento de su fin, garantizar la dignidad de la persona humana, consagra equilibradamente los deberes y derechos que regulan la libertad y preservan la igualdad y la paz. La Ley es injusta y dañina para todos cuando se rompe este equilibrio, se beneficia a un sector en perjuicio de otro, pues se destruye la paz. Este es el caso, entre muchos, del Decreto Ley Contra el Desalojo o Desocupación Arbitraria de Viviendas, dictado por quien otra vez usa la Ley arbitraria para: 1) “Lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano…” y darle carácter obligatorio a su basura comunista mentirosa, al culpar al capitalismo de la escasez de viviendas en el texto del Decreto; 2) Crear caos cuando impone la injusticia como política de Estado; 3) Justificar lo injustificable, la violación del derecho a la propiedad privada y a la libertad económica de todos para satisfacer, aparentemente, el derecho a la vivienda de algunos y 4) Corromper y sembrar odio, división y enfrentamiento cuando diabólicamente califica al propietario como explotador y autoriza al inquilino, ocupante, comodatario o usufructuario de una vivienda principal a explotar al propietario al permanecer en ella a pesar de haber violado el contrato.

Los arts. 1 y 13 que prevén, respectivamente, que dicho Decreto procede “contra las medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima”, y “que no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional” del afectado, así como el largo, tortuoso e injusto proceso que imposibilita la reivindicación de la propiedad, evidencian que la jefatura miente, el fin no es impedir los desalojos arbitrarios, sino institucionalizar el robo y el arrebato del pan a quienes han ahorrado con sacrificio e invertido el producto de su trabajo en una vivienda para procurarse una renta que permita en la vejez y a la familia vivir con dignidad. Además se subordina el Poder Judicial al Ejecutivo y se reitera la extinción de la seguridad jurídica, la estabilidad y la certeza de protección de los derechos humanos.

Lo más grave es que en su afán de someter, depauperar y truncar toda posibilidad de progreso, el régimen derrama la injusticia desde el Estado, lo cual pudiera terminar en el asesinato de quien abusa amparado en la Ley injusta y en la prisión de quien impotente, hizo justicia por su propia mano.

Esto es inaceptable por inmoral y perverso.

El Colegio de Abogados de Caracas invita a discutir el tema el miércoles 20, 4 pm, en su sede, Av. Páez, el Paraíso.

elmon35@gmail.com

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