La masacre del domingo en Arizona ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca del derecho a portar armas versus la prohibición o severa restricción de esto. En Ecuador es hora de que tengamos esta discusión, especialmente considerando que en junio de 2009 se implementó un acuerdo ministerial que prohíbe a ciudadanos privados portar armas.
John Lott Jr., quien ha venido investigando este tema desde fines de los setenta, asevera que “Todos quieren quitarle las armas a los criminales. Sin embargo, el problema con las prohibiciones es quién probablemente las acatará. Si la restricción principalmente desarma a los ciudadanos que obedecen la ley y no a los criminales, la restricción puede tener el efecto opuesto de lo que se pretendía”.
¿Qué ha pasado en otros lugares cuando se ha prohibido portar armas? En Washington, DC, hubo prohibición de portar armas durante más de 30 años, entre 1977-2008. Solo hay un año después de que la restricción empezó que la tasa de homicidio fue más baja que aquella de 1976. Antes de la restricción, la tasa promedio de homicidio era un 28% más alta que aquella de otras ciudades en Estados Unidos. Después de la restricción, la tasa promedio de homicidio de DC entre 1977 y 2005 era un 91% superior a aquella de otras ciudades.
Según Lott, en Estados Unidos, los 29 estados que permiten portar armas experimentaron una reducción dramática del crimen en general (asesinatos, violaciones y asalto agravado) inmediatamente después de que se permitió portar armas. La tasa de homicidio para estos estados cayó consistentemente cada año, en relación a la de los estados que prohibían portar armas.
¿Qué ha pasado en nuestra ciudad? En los reportes anuales que desde 2005 publica el Centro de Estadísticas de Delitos en Guayaquil de la Espol, vemos que la tasa de homicidio de la ciudad no varió mucho entre 2005 y 2008, habiendo fluctuado entre 11 y 14,7 (por cada 100.000 habitantes). No obstante, esta se duplicó entre 2008 y 2009, pasando de 11 a 21,7. El director del centro, Gaudencio Zurita, me dice que la tasa para 2010 será todavía mayor que la de 2009.
La tasa de criminalidad es afectada por muchos factores, uno de ellos siendo el entorno legal. En nuestro país un sistema judicial que deja muchos crímenes en la impunidad y un Estado que está fracasando en proveer seguridad seguramente explican parte del problema. Pero la acentuada percepción de que las potenciales víctimas están desarmadas, agravada por la política de prohibir armas, no ha mejorado la situación.
Hay autoridades que saben lo importante que es estar armados para defenderse. A mediados del año pasado el alcalde de Palestina, Carlos Olvera, fue asesinado y Gastón Prado, uno de sus guardias, solo podía defender a Olvera con su cuerpo ya que le estaba prohibido portar un arma. Prado terminó en coma. Luego los alcaldes de Guayas reaccionaron pidiéndole al Gobierno permiso para que su seguridad esté armada. Claro, derecho para armarse ellos, el resto que sigamos amparados en que la Policía llegue a tiempo.
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