IN CONSTITUCIONALIDAD GENERAL. RAMON GUILLERMO AVELEDO

El ascenso a General en Jefe del Mayor General Henry Rangel Silva, se supone que por el acto heroico en la “batalla de las ideas”, de coincidir con una declaración inconstitucional e irrespetuosa a la Fuerza Armada del Presidente días antes, según la cual éstas no acatarían el resultado constitucional de la elección presidencial en 2012, añade a las dos faltas anteriores una ofensa adicional, porque eleva la adulancia a rango heroico, lo cual es de muy dudosa compatibilidad con la dignidad humana y, en particular, con el honor militar.

¿Cómo debe ser la FAN? Pues como dice el artículo 328 de la Constitución, “una institución esencialmente profesional, sin militancia política” la cual, “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Eso lo quiso modificar el Presidente en la reforma constitucional que propuso al país en 2007, justo después de su reelección y fue negada por el pueblo con sus votos.

Aunque en el episodio hay dos anuncios interesantes e inusuales, uno es el reconocimiento de que la Unidad está encaminada a ganar las próximas elecciones, y otro es el curioso anticipo de un intento de golpe de estado, por parte de quienes lo detentan hoy y lo perderían por el voto, para dentro de dos años. Y ya se sabe lo que pasa con la guerra avisada.

Estos hechos no están solos ni son casuales. Son sonoros, sí,  porque se refieren al mundo militar, a dónde el Presidente, y Rangel Silva, apuntan con su provocación, “no puede haber lealtades a medias”, porque saben lo que todos sabemos, que la FAN no es una burbuja aislada del país como todo, aunque le impongan consignas también inconstitucionales como “Patria socialista o muerte”, y de seguro saben lo que nosotros, ciudadanos comunes sin servicios de inteligencia nacionales o extranjeros ni experiencia conspirativa tenemos por qué saber, pero que para ellos es sospechoso, por su noción del poder, aunque no pase de natural descontento personal, ciudadano, que tiene un canal natural de expresión a través del voto.

Pero lo más grave es que la inconstitucionalidad del General anda muy generalizada. Deteriorando la seguridad que el país necesita para funcionar, para producir, para progresar, para investigar, crear y educar. En resumen, para vivir.

Cuando se expropia empresas a capricho, sin que se “garantice el derecho de propiedad” y sin que se haya demostrado fehacientemente la “causa de utilidad pública o interés social” y para declarar “la expropiación de cualquier clase de bienes” se haya procedido “mediante sentencia firme y pago de justa indemnización”, como pauta el 115 constitucional se vulnera la Constitución. Y eso no solo afecta a los propietarios de esas empresas, sino a sus trabajadores y a los consumidores de sus productos o los usuarios de sus servicios, como sentimos a diario, por ejemplo, los usuarios de CANTV, pero también a cualquier otro propietario del país, pues con cualquier excusa pueden quitarle lo suyo, como se amenaza a cualquier tramo de la cadena alimentaria, desde el agricultor al bodeguero, o de la construcción de vivienda, desde el que da el crédito al que fabrica materiales y hasta el que pega bloques.  

Cuando se desconoce la inmunidad parlamentaria que los diputados electos tienen “desde su proclamación”, según el 200 constitucional, no sólo se perjudica a Biagio Piglieri y José Sánchez, electos por Yaracuy y Zulia respectivamente y detenidos en sus casas, o a Richard Blanco y Hernán Alemán, sometidos a medidas judiciales a pesar del mandato que les dieron los votantes de Caracas y la Costa Oriental del Lago, sino se desconoce la inmunidad de todos los parlamentarios electos y se amenaza así la necesaria independencia del poder legislativo que la inmunidad protege, por disposición constitucional, porque así se defiende la democracia. Eso, vulnera la Constitución. Lo mismo ocurre con el Capítulo III del título V de la Constitución, que se lo tragan entero del 253 en adelante, cada vez que se violenta la autonomía del Poder Judicial.

Cuando se busca imponer el socialismo como modelo único que justifica todas las políticas públicas y tacha de traidores a quienes discrepan de ello, con base en un plan de la Nación que es inconstitucional, se está actuando contra los Principios Fundamentales de la Constitución, como los consagrados en el artículo 2, el cual remata la definición de Venezuela como “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, con los “valores superiores” que sustentan su ordenamiento jurídico con “y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Cuando, al promover proyectos de ley que propician la estatización de los medios de producción o su “socialización” que es un seudónimo bajo el cual el gobierno también se los apropia, se anuncia que “por ahora” esos modos de producción socialista pueden convivir con los de propiedad privada, pero se deja claro que el objetivo es que todo pase a la propiedad estatal, social o comunal, se obra contra la Constitución y se anuncia la intención de violarla en lo adelante, pues se contraviene lo dispuesto en el 112 CRBV, según el cual “El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y la distribución justa de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria” , sin perjuicio de sus facultades y atribuciones como gobierno, en el marco de la Constitución. A contra corriente de lo que viene ocurriendo en países como China y ahora Cuba, dicho sea de paso.

Cuando se legisla contra los gobiernos constitucionales de los estados, municipios y el Distrito Metropolitano de Caracas, despojado éste del modo más abyecto, y así contra los ciudadanos que los elegimos, se atenta contra el “Estado Federal y descentralizado” previsto en el artículo 4 de la Constitución.

Cuando se acosa a las universidades nacionales, se les pretende imponer leyes contrarias a la Constitución y a su necesario desarrollo y buen funcionamiento, no sólo no se está buscando mejorar la calidad de nuestra educación superior, sino que se contraviene lo dispuesto en el 109 constitucional que consagra y bien define la autonomía universitaria y se perjudica a nuestros jóvenes, a nuestro futuro.

Conste que no hemos mencionado la violación cotidiana del inviolable derecho a la vida, garantizado como el primero de todos en el 43 CRBV, que ocurre en toda Venezuela, impulsada por la impunidad escandalosa, la inacción o la incompetencia de los organismos públicos correspondientes, cuando no la franca indiferencia ante el problema que más angustia causa en los hogares de todos los niveles sociales.

Y es que aún en dramas a los cuales el país asiste entre la conmoción y la relativa indiferencia, como la horrenda situación penitenciaria, suceden porque durante más de una década se ha ignorado, como si nada, la previsión del artículo 272 constitucional.

La Constitución es el marco de seguridad para todos. Para los ciudadanos y sus iniciativas, desde luego, sean éstas políticas y ciudadanas, económicas, sociales, gremiales, educacionales y científicas, deportivas, culturales y artísticas. También para el poder público, pues le define su ámbito de actuación, determina sus atribuciones y competencias y, sobre todo, aporta el piso sólido de la legitimidad que lo fortalece y lo pone a salvo de la insurgencia y la rebelión. Porque la obediencia al poder público es fruto del reconocimiento, y acatamiento, de su legitimidad.

Pero hay una diferencia universal, proveniente de la ética natural superior e inspiradora de lo jurídico, ese valor justicia que debe impregnar el Derecho, y por eso forma parte de  sus principios generales. En las personas, el principio es la libertad, pueden hacer todo lo que no les está prohibido. Y en los poderes públicos, y los seres humanos que actúan en su nombre, el principio es el de legalidad: sólo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley les ordena o les autoriza. Y punto.

Así que es profundamente nocivo para todos los venezolanos, todos sin excepción, gobernantes y ciudadanos, civiles y militares, investidos o no de poder, el que la constitucionalidad se deteriore, al vulnerarse de modo tan generalizado el cumplimiento de sus preceptos. Corremos peligro todos y corre peligro Venezuela. Estas palabras las escribo pensando, ante todo, en quien debe ser el primer ciudadano de la República, el Señor Presidente, que al promover este clima inconstitucional se va metiendo en una calle ciega, y conduce a todos los venezolanos a una situación seriamente perjudicial, por cierto, para una institución que constantemente proclama querer, como la FAN y suicida para el destino político de quien con escasa sensatez lo propicia. Porque, y conste que no es algo que deseamos quienes creemos en el camino constitucional y lo transitamos contra toda provocación, puede ocurrir que un día no baste que invoquen la Constitución en su defensa, quienes han hecho de su menosprecio a ella, cuando no de su contravención, una práctica habitual. Porque ser Presidente Constitucional implica poderes y obligaciones, pero no constitucionaliza de suyo la voluntad personal de quien  ocupa el cargo mientras el pueblo así lo decida. Como decía el Presidente Betancourt, “ni un día más, ni un día menos”.    

Pero Venezuela saldrá adelante, lo digo con absoluta convicción, porque el pueblo venezolano, como lo volvió a demostrar el 26 de septiembre y así debe el Presidente entenderlo y asimilarlo, lo que quiere es vivir y progresar en paz, y en su abrumadora proporción, con independencia del color de su voto, no compra la política del odio, del resentimiento y la guerra social entre venezolanos, y a ese sentimiento, tan profundamente arraigado, no es ajena la inmensa mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, a todos los niveles.

En este sentido resulta estimulante el acto en el Palacio de las Academias y los sustanciosos pronunciamientos de las seis academias nacionales, en un análisis riguroso de la realidad nacional y las posibles respuestas que amerita, y un llamado al patriotismo de todos.

Eso sí, todo este cuadro subraya la trascendente responsabilidad que incumbe a la Unidad Democrática, como alternativa.     

MIENTRAS TANTO

“En el Hospital de Niños no hay tratamiento para la tuberculosis” y “En El Algodonal rebajan las dosis para que rindan las medicinas” y “Descartaron (solo) a uno de treinta impugnados al TSJ” (El Nacional, viernes 12). “10.000 médicos venezolanos se marcharon al exterior” (EN, jueves 11). “AN negó el debate por el caso de Makled que propuso el Diputado Ismael García” (Tal Cual, miércoles 10). “14 niños mueren diariamente por problemas hospitalarios” (EN, miércoles 10). “En 33,7% se han elevado precios de los alimentos en un año” (El Universal, miércoles 10). “Mortalidad infantil aumentó 12.5% en lo que va de año” (EN, martes 9). “Falla la oferta de insumos para la construcción” (EU, martes 9). A pesar que “El Estado tiene una deuda con la entidad litoralense, en la cual 18 mil casas fueron declaradas inhabitables en 1999 y 12 mil apartamentos están por construirse”, hasta ahora solo “Hicieron 4 mil viviendas en una década en Vargas” (EU, lunes 8). “J.V.Rangel pide declarar el Metro en emergencia” (El Nuevo País, lunes 8). “Advierten que expropiaciones inciden en la caída del PIB” (Primera Hora, lunes 8). “Personal de la antigua Agroisleña denuncia deterioro en la empresa” (EU, domingo 7). “Déficit de casa va para largo” (Ultimas Noticias, domingo 7). “Agropatria restringe venta de productos a los agricultores” (EN, domingo 7). “Falla suministro de leche en polvo” ( EN, sábado 6). “98% de los industriales ve negativo el clima de inversión” (EU,sábado 6). “El gobierno ha ignorado 300 planes para barrios” (EU, viernes 5). Y, según el Banco Mundial, “Venezuela es el peor país para que empresas inviertan” (EN, viernes 5).

ESTA SEMANA, EN LOS MEDIOS…

“PCV ADVIERTE QUE FALLAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA DESGASTAN AL GOBIERNO”

(En El Universal, martes 9 de noviembre 2010, p.1-1)

“BERNAL LE RONCA AL ALTO PSUV”

“El ex alcalde ahora electo diputado acusa a la alta dirigencia chavista por malos resultados del 26S, y exige uso masivo de recursos gubernamentales para ganar las presidenciales de 2012

(En El Nuevo País, domingo 7 de noviembre de 2010, p.1)

Ramon Guillermo Aveledo

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