Según nuestra cultura jurídica originada en la época de la colonia española y consolidada a través de la acogida del ideario constitucional de la ilustración durante el período de la independencia, en Venezuela el derecho es objeto de una percepción ambivalente por los ciudadanos. De una parte suscita desconfianza, recelo, rebeldía o simplemente falta de autoridad cuando se trata de acatar las normas que regulan la vida cotidiana. Las cargas impuestas por el derecho a los individuos prevalecen, bajo la percepción de su dimensión protectora o emancipadora. Ahora bien, los derechos del Estado opacan el catálogo de los derechos de los ciudadanos. La ciudadanía es más un deber que un derecho. Así se origina un comportamiento ciudadano complejo y dispar: la obediencia a la ley es a menudo excluida, negociada, o en el mejor de los casos, adaptada a cada nueva situación.
De aquí la existencia en Venezuela de numerosos ambientes con una dinámica legal muy particular, a menudo caracterizados por la rebelión individual e incluso colectiva contra el derecho y el Estado. De otra parte, sin embargo, el derecho despierta esperanza y confianza cuando se trata de crea
r o de reformar el pacto social con miras a una sociedad más justa. Esta ambivalencia está vinculada con la incapacidad de la ley para permear los comportamientos sociales de tal manera que se crea una brecha casi insalvable entre el derecho escrito y la realidad social.
Nuestra cultura jurídica es también reflejo del tipo de Estado que ha prevalecido en Venezuela y de la relación que éste mantiene con el entorno social. El Estado venezolano posee una fortaleza jurídica, y a veces militar, que contrasta con su debilidad política e institucional. No es extraño que un sistema jurídico con estas características no haya logrado imponerse frente a otra serie de ordenamientos normativos sociales, que en ocasiones ponen en tela de juicio el derecho oficial mismo. Ineficacia y autoritarismo están, pues, íntimamente ligados entre sí. Tampoco debe parecer extraño el hecho de que las múltiples reformas legislativas propuestas por el Gobierno nacional, destinadas a lograr mayor eficacia del derecho a través de cambios meramente normativos o de variaciones administrativas e internas al sistema jurídico estén destinadas al fracaso.
Mientras que las reformas legislativas no tengan en cuenta que parte esencial de las condiciones que se requieren para que el sistema jurídico venezolano opere de manera eficiente y adecuada se encuentra en la existencia de un tipo de cultura jurídica, ligada a un tipo de Estado autoritario y militarista, que hace precaria la capacidad de la ley para permear los comportamientos sociales, nuestro país seguirá ahogado en la cultura de la ilegalidad y, por ende, en la pobreza y el subdesarrollo.
Entonces, como que con Esteban no se cumple lo que dicta aquella famosa ranchera: "Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley". No tiene trono, ni reina, ni...
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