Necesitamos legisladores que quieran ver a su patria exitosa y que hagan leyes para la libertad, estableciendo como punto general de partida la desregularización y la simplificación de los procesos para el despegue económico.
Leyes que le entreguen al ciudadano el poder que le ha sido históricamente usurpado por las oligarquías. Es imprescindible limitar al Estado a sus funciones básicas: la provisión de seguridad física para bienes y personas, la contratación de obras públicas de infraestructura y por último el arbitraje, no interpretación, de las leyes. Esas responsabilidades han sido totalmente desatendidas por asumir un amplio abanico de actividades que no le corresponden y en las que siempre fracasa.
• Reforma de la Economía: Pasar de una economía inflacionaria y rentista en poder del estado y los políticos, a una economía productiva, de libre mercado, rica y abierta, en manos de los ciudadanos. Establecer la libertad de comercio (librecambismo) y, en general, la libre circulación de personas, capitales y bienes. Propender a un sistema monetario rígido que impida su manipulación inflacionaria por parte de los gobernantes de turno. La limitación y control del gasto público, el principio del presupuesto equilibrado y el mantenimiento de un nivel reducido de impuestos;
• Reforma de los sistemas de Educación, Salud y Pensiones: Para la dignificación de ciudadano, que se le permita acceder a servicios de calidad y que esté en sus manos la posibilidad de escoger, en especial los ciudadanos más pobres.
• Reforma Judicial: El establecimiento de un Estado de Derecho que garantice una verdadera igualdad ante la ley sin privilegios para nadie, –incluyendo aquellos que circunstancialmente formen parte del Gobierno– con un sistema judicial expedito y transparente. Y el establecimiento de un orden mundial basado en la paz y en el libre comercio voluntario, entre todas las naciones de la tierra.
• Reforma de los Órganos de Seguridad y Defensa: El establecimiento de una cultura de respeto, paz y seguridad ciudadana y que permita disminuir los niveles de inseguridad y violencia interna. Y restablecer una Fuerza Armada profesional, subordinada al poder civil y obediente a la Constitución y las Leyes.
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