"Hay un mundo de excluidos y de discriminados por el Gobierno de seis millones de personas"
Alfredo Padilla quiere crear conciencia de que la economía socialista que promueve el gobierno del presidente Hugo Chávez, lo único que va a lograr "es arruinar más a la gente que se inventa su propio trabajo". Se refiere a seis millones de personas -equivalente a la mitad de la fuerza laboral del país- cuatro de las cuales no solo se han creado sus propios empleos, afirma, sino que les dan trabajo a otros a los que el Estado no protege.
Padilla es el director de Economía Popular del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) y está cooperando en la articulación del Movimiento para la Protección del Patrimonio Familiar, que hizo su aparición formal en junio.
"De lo que se trata es de ponerle muy claro a la gente que todo el mundo está en lista de espera en materia de propiedad privada. Cuando no es uno, es otro. Y al sector pequeño le están tomando en toda su variedad de patrimonio".
-¿Cuál es el propósito de ese movimiento?
-Este es un movimiento social enfocado en la defensa de la Constitución y de la propiedad privada. Entre sus propósitos está solicitar a la Asamblea Nacional próxima a ser electa en septiembre la modificación de las leyes que afecten el patrimonio de las familias y presentaremos, oportunamente, sugerencias que consoliden el patrimonio familiar. Aquí no se trata de fundar nada, sino de organizar lo existente.
La economía privada popular es la tradición de actividades que son iniciativas de los ciudadanos, expresadas en el puesto de mercado, en la casa que alquilo, en la peluquería que monto en la sala de mi casa y todo eso no se puede sustituir por un invento que es la economía popular socialista. En el Gobierno hay una absoluta ignorancia de la existencia de esta fuerza y, peor aun, una enorme discriminación, porque todas las políticas concebidas en las reformas legales del Gobierno están dirigidas a fortalecer el experimento de la Economía Popular Socialista (EPS) y toda esa pila de loqueras, dándole favores legales, financieros, exenciones y una cantidad de cosas de las que no goza la Economía Privada Popular (EPP). Hay gente que pone mucho de su parte para no sucumbir en la miseria, si no, cómo se entiende que se hayan inventado 6 millones de trabajos y se hayan construido ellos mismos 2 millones 600 mil viviendas.
-¿Quiénes se han incorporado al grupo?
-En el movimiento hay cuatro bloques y en algunos predomina la microempresa familiar. Están los emprendedores y microempresarios (buhoneros, gente de los mercados municipales, de los barrios, mercados de quita y pon), los transportistas (cooperativas, jeepseros, camioneteros), el bloque vecinal, vinculado a la propiedad de la tierra, que tienen la aspiración de ser dueños de las casas que ellos mismos se construyeron y el bloque del patrimonio laboral, que son los trabajadores a los que el Estado les adeuda, según cifras de Fedeunep, 15 mil millones de dólares desde que se cambió el sistema de cálculo de las prestaciones sociales.
-¿Cuál es la posición del país en esa área según las mediciones internacionales?
-En América Latina, Venezuela tiene los índices más altos de economía informal, cerca de 6 millones y, además, sin ningún tipo de protección social, que es una deuda de este gobierno. Ese fue uno de los caramelos de cianuro de Chávez para aprobar la Constitución de 1999, pero la verdad es que son 6 millones de personas que si se enferman no hay quien los atienda ni quien los jubile. Este es un mundo de excluidos y de discriminados por el actual gobierno, que trata a la buhonería con demagogia, a veces los deja hacer lo que les dé la gana y otras los recoge a golpes y los matraquea. Antes no se les prestaba mucha atención, pero no se les discriminaba como ahora, que todos los reales van a través del Consejo Federal de Gobierno solo para las empresas socialistas. De paso, el alcalde Jorge Rodríguez (PSUV) está sometiendo a esta gente a un trato inaceptable.
-Ese esfuerzo indica que no es popular la idea de que "ser pobre es bueno".
-Claro que no. En las encuestas pasa de 80% el rechazo a las amenazas contra la propiedad privada y en ese total estamos nosotros y también los chavistas. En rechazar que ser pobre es bueno somos casi unánimes.
Mira este dato: hay una amenaza para modificar la Ley de Arrendamiento y Alquileres y 70% de la gente de Caracas que se construye la vivienda la comparte con un inquilino, o sea, es techo y patrimonio. Existe una propiedad privada popular que tiene el mismo derecho a ser protegida por el artículo 115 de la Constitución, porque la propiedad privada con fines patrimoniales está siendo cercada cada vez más.
-Las cifras oficiales hablan de más de 8 millones de desempleados, si la Asamblea Nacional hiciera lo correcto ¿en cuánto tiempo podría verse un cambio?
-Hay que tener conciencia de la importancia que tiene la inclusión socioproductiva de estos sectores, no solo social. Lo primero es la seguridad jurídica y el estímulo a la inversión para que haya empleo formal y merme el empleo por cuenta propia, aunque siempre habrá una porción alta de gente que no tendrá entrada en el empleo formal. El tiempo depende muchísimo del estímulo a la inversión, cosa que no está ocurriendo ahorita. Por ejemplo, modificar las leyes que tienen que ver con la construcción, que es el sector más empleador. Eso significa revocar toda esa serie de complicaciones de la industria, abaratar los materiales, que Sidor vuelva a producir cabillas, que se produzca cemento; porque el Gobierno se agarró todos los insumos de la industria de la construcción y lo está llevando muy mal. El tiempo será menor en la medida en que haya conciencia en el país, tanto de los gobernantes actuales como diputados, de la potencialidad emprendedora de la que estamos hablando.
egomez@eluniversal.com
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