Caracas, 11 Jul. AVN.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó las constantes agresiones emitidas por la jerarquía de la Iglesia Católica en contra del Estado venezolano y las ramas del Poder Público, específicamente las del Cardenal Urosa Savino, la de los arzobispos Ubaldo Santana; Baltazar Porras y Roberto Luckert, y el obispo Jesús González.
Así se desprende de un comunicado publicado este domingo en la prensa nacional.
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El máximo tribunal de la República considera que los juicios de valor con evidente contenido político, que incluyen cuestionamientos sobre la labor de las ramas del Poder Público, formulados por estos representantes del clero, constituyen un desacato a la propia doctrina católica.
En el texto difundido, el TSJ cita documentos de El Vaticano en los que está claramente establecido que los representantes de la Iglesia Católica se apartarían de su verdadera misión si comenzaran a transformarse en sujetos políticos, asumiendo posiciones parciales.
También manifiesta su preocupación porque el Cardenal Urosa Savino junto a la jerarquía de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han asumido un auténtico rol de interlocutores políticos, y en contravención del convenio entre la Santa Sede y la República, así como de otras normativas, y en desconocimiento de los principios y valores de la Iglesia Católica.
“Queda en evidencia que la actuación del Cardenal y los firmantes de los comunicados de la Conferencia Episcopal Venezolana, no se compadecen con los intereses propios de la actividad pastoral, sino que revelan un aprovechamiento de su alta investidura para adoptar posiciones políticas", reseña el documento.
Igual destacan que “las graves agresiones e injerencias expresadas a través de diversos medios de comunicación social a nivel nacional y de larga data han sido innumerables".
Entre ellas: “Vamos a una dictadura y la quiebra del país”; “se dictan leyes inconstitucionales”; “se pretende implantar un régimen marxista, todo con la complicidad de los poderes públicos y su silencio cómplice”; “hay falta de unos poderes públicos autónomos”; y “los poderes son sumisos”.
El máximo Órgano del Poder judicial precisa que esas declaraciones revisten un carácter político, de oposición a los Poderes legítimamente constituidos.
Expresa que tales actuaciones no se corresponden con la actividad pastoral, pues atentan contra la convivencia y sana relación entre la institucionalidad del país y la Iglesia Católica.
En este sentido, el comunicado indica también que el rechazo a estos constantes ataques e injerencias por parte de la jerarquía católica no debe ser interpretado como una limitación a la libertad de religión o culto.
“Por el contrario está orientado a deslindar lo que pudiese ser un acto pastoral, espiritual y de fe, de aquellos que significan una injustificada y extraña intromisión en los asuntos políticos y de gobierno del Estado así como respeto al funcionamiento del resto de las ramas del Poder Público”, agrega.
Así se desprende de un comunicado publicado este domingo en la prensa nacional.
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El máximo tribunal de la República considera que los juicios de valor con evidente contenido político, que incluyen cuestionamientos sobre la labor de las ramas del Poder Público, formulados por estos representantes del clero, constituyen un desacato a la propia doctrina católica.En el texto difundido, el TSJ cita documentos de El Vaticano en los que está claramente establecido que los representantes de la Iglesia Católica se apartarían de su verdadera misión si comenzaran a transformarse en sujetos políticos, asumiendo posiciones parciales.
También manifiesta su preocupación porque el Cardenal Urosa Savino junto a la jerarquía de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han asumido un auténtico rol de interlocutores políticos, y en contravención del convenio entre la Santa Sede y la República, así como de otras normativas, y en desconocimiento de los principios y valores de la Iglesia Católica.
“Queda en evidencia que la actuación del Cardenal y los firmantes de los comunicados de la Conferencia Episcopal Venezolana, no se compadecen con los intereses propios de la actividad pastoral, sino que revelan un aprovechamiento de su alta investidura para adoptar posiciones políticas", reseña el documento.
Igual destacan que “las graves agresiones e injerencias expresadas a través de diversos medios de comunicación social a nivel nacional y de larga data han sido innumerables".
Entre ellas: “Vamos a una dictadura y la quiebra del país”; “se dictan leyes inconstitucionales”; “se pretende implantar un régimen marxista, todo con la complicidad de los poderes públicos y su silencio cómplice”; “hay falta de unos poderes públicos autónomos”; y “los poderes son sumisos”.
El máximo Órgano del Poder judicial precisa que esas declaraciones revisten un carácter político, de oposición a los Poderes legítimamente constituidos.
Expresa que tales actuaciones no se corresponden con la actividad pastoral, pues atentan contra la convivencia y sana relación entre la institucionalidad del país y la Iglesia Católica.
En este sentido, el comunicado indica también que el rechazo a estos constantes ataques e injerencias por parte de la jerarquía católica no debe ser interpretado como una limitación a la libertad de religión o culto.
“Por el contrario está orientado a deslindar lo que pudiese ser un acto pastoral, espiritual y de fe, de aquellos que significan una injustificada y extraña intromisión en los asuntos políticos y de gobierno del Estado así como respeto al funcionamiento del resto de las ramas del Poder Público”, agrega.
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