El fascismo italiano instauró un corporativismo estatal (Ley Rocco, 1926) que le permitió al Estado una grotesca intervención en los asuntos sindicales de ese país. La meta fue eliminar a las organizaciones sindicales a fin de constituir una sociedad sin contradicciones entre explotados y explotadores, es decir el fin de la lucha de clases. Los trabajadores fueron organizados en corporaciones, bajo la tutela del patrón Estado, y sus derechos laborales fueron eliminados, entre ellos el derecho a la huelga y el de discutir mejoras socioeconómicas (1927).
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Al mejor estilo mussoliniano el régimen del tte coronel ha dictado un decreto mediante el cual se corporativiza a los trabajadores del Estado venezolano. Decreto que elimina los contratos colectivos existentes en la administración pública centralizada y descentralizada, y los sustituye en forma inconsulta por un contrato marco con vigencia para todos los empleados públicos. Con esta corporativización, el iletrado de Miraflores pretende enterrar las contrataciones colectivas impulsadas por los sindicatos, figura que se institucionalizó en el año 1936 como expresión de la libertad sindical. Se olvidan estos enemigos de la clase obrera que las contrataciones colectivas no son dádivas sujetas a la discrecionalidad de un comandante tropero, sino que es un derecho ganado por los trabajadores organizados. Igualmente, con este decreto se aspira destruir a las organizaciones sindicales clasistas, reemplazándolas por entelequias paraestatales, las cuales se han convertido en verdaderos diques de contención de las justas luchas de los trabajadores. Estos sindicatos de Estado representan meros instrumentos políticos al servicio del proyecto de dominación del inquilino de Miraflores.
Este nefasto decreto no representa ninguna conquista para los trabajadores venezolanos como falazmente publicitan los medios oficiales y repiten sin cesar una camada de falsos dirigentes sindicales corruptos y patronales. Además, violenta la Constitución Nacional (1999), cuyo artículo 96 establece: "Todos los trabajadores del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley". El talante antiobrero de este perverso decreto nos retrotrae a la "Carta del Lavoro" (1927), la cual le permitió al Duce Mussolini corporativizar a los trabajadores italianos y eliminar sus conquistas e instrumentos de lucha. El socialismo siglo XXI, no es más que un capitalismo de Estado militarizado, disfrazado de socialismo, que representa amedrentamiento, coacción, represión y una mayor explotación de los trabajadores.
Estamos ante la absurda paradoja de una "revolución" que impone una política contraria a los intereses de clase del sujeto social que dice representar.
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