REPÚBLICA Y JUSTICIA, SIXTO MEDINA

Si el Poder judicial no es independiente, el Estado de Derecho, que se asienta sobre el principio de división de poderes, indefectiblemente habrá de evaporarse hasta desaparecer. La historia nos revela que les ha pasado a muchos pueblos, incluso a aquellos que parecían fuertes. Pero ¿quién se beneficia con el sometimiento de los jueces? Sólo aquellos gobernantes que buscan una desmesurada acumulación de poder, impúdicamente exhibido las mas de las veces, con el cual pretenden-y generalmente lo consiguen-torcer voluntades, en algunos casos con el implícito objetivo de que no se investigue lo que no conviene, en otros, con el explicito y desenfadado propósito de que se investigue, y más aún, que se condene, pero solamente de acuerdo con las expectativas de quién ostenta el bastón de mando.

Estos gobernantes, y su interminable sequito de aduladores, actúan en forma tan enceguecida que no reparan en que ese beneficio sólo dura lo que duran sus fugases mandatos. Mientras tanto, el daño ocasionado a la República ha de subsistir por mucho tiempo más. Ni siquiera advierten que el sometimiento y oprobio engendra, inexorablemente, resentimiento y sed de venganza. La historia también es generosa en episodios de esta índole.

Quienes así proceden en nuestro país, lanzan al arcón del olvido una obviedad: que los pueblos reflexionan, no son simples instrumentos de renta para los gobiernos, sino seres colectivos que sólo se desenvuelven, se moralizan y prosperan a la sombra de la justicia, al amparo de las leyes y de las autoridades constitucionales que los mismos pueblos han creado.

Pero ¿quién tiene la culpa de que esto ocurra? La culpa es compartida. No sólo es merito de los gobernantes; también es propiedad de aquellos magistrados que, mansamente se dejan someter.

“El juez al que se priva de independencia es un juez sometido”, y el juez que consiente en entregar su libertad de juicio abdica de la más importante de sus atribuciones y pone en peligro la estabilidad del orden jurídico, elemento imprescindible para la vida de la colectividad”, decía el jurista argentino, Juan Silva Riestra, hace más de medio siglo.

“Los jueces-anotaba el ilustre académico-deben ser independientes de las exigencias del poder cuanto de las pasiones de los partidos. En otras palabras, alejarse del César, que todo lo puede menos evitar su propia caída, apartarse de las muchedumbres que, según Groussac, tienen muy cercano el zarpazo a la acaricia, y mantener la equidistancia, asegurando con ella la imparcialidad que es un atributo esencial de la justicia y la manifestación exterior de su decoro”.

Ante los desvíos de poder, ante las recomendaciones o insinuaciones más audaces; ante los retos y admoniciones más irrespetuosas; ante las amenazas de juicio político-cuya idoneidad no se discute pues quien las profiere se encarga a la vez de controlar a los que deben implementar juzgamiento-; ante estas y otras arremetidas del poder político, los jueces deben anteponer la majestad de su independencia e incoercibilidad de su espíritu.

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