AUTORITARISMO Y ELECCIONES, SIMON GARCIA.

Según sus definiciones clasicas, no vivimos en una democracia. No sólo porque los poderes públicos hayan perdido autonomía frente al ejecutivo ni porque no existan reglas claras e iguales para todos. En la visión del poder actualmente dominante, la mitad de la sociedad debe ser pulveriza o excluida.

Tampoco es democrático que la población deba recluirse en sus hogares como única forma de protegerse del hampa. Ni que el gobierno, en vez de atender la solución de los problemas, considere prioritario destruir instituciones básicas para el acuerdo y la competencia entre diversos intereses y opciones.

Lo que está ocurriendo con los trabajadores de las industrias básicas, la asfixia a la propiedad privada y el mal desempeño en las empresas estatizadas no tiene precedentes. Es la última muestra del grueso catálogo de improvisaciones, negligencias y corrupciones. También la consecuencia, necesaria e inevitable, de un Estado autoritario cuya finalidad es perpetuarse a sí mismo.

Nuestro peculiar autoritarismo de Estado intenta imponer una sociedad autoritaria. Ha logrado montar una maquinaria comunicacional hegemónica, a fuerza de apoderarse de los medios de comunicación o hacerles tragar la autocensura. Aunque todavía admite la existencia de varios medios, en vez del órgano único del modelo cubano, su explícita aspiración es que todos trasmitan la versión roja y desaparezca cualquier vestigio de debates.

El régimen se reserva poder endilgar a quien quiera la acusación de traición a la patria. La disidencia puede ser convertida en una conspiración, un magnicidio o una amenaza de guerra. Apela a la inseguridad y el temor porque pretende generar impotencia cívica y pérdida de los valores de ciudadanía.

Es cierto que la persecusión sistemática de las ideas políticas diferentes pretende debilitar el desarrollo de una alternativa. Criticar al gobierno, manifestar o participar en una huelga pueden ser declarados delitos a conveniencia de la autoridad. El ejercicio de las libertades se recorta con la misma imposición que se racionan la electricidad, el agua o las divisas. En vez de la Constitución impera su anulación por vía de leyes que la desvirtúan o la niegan.

En materia electoral desapareció el principio de que los funcionarios elegidos reflejen la distribución de la voluntad de los electores. Ahora los cargos electos no guardarán proporción con la cantidad de votos emitidos a favor de determinados candidatos y propuestas.

El recurso para revertir esta ruta hacia el siglo XX está en poner por delante la voluntad de la mayoria, mediante su movilización y acciones de protesta como por su concurrencia masiva a las urnas. La elección de Septiembre tiene una doble significación. En primer lugar, llevar a los mejores candidatos para formular y defender un programa parlamentario de avanzada social. La segunda, defender la supervivencia de la democracia.

Para que esta doble expresión del voto venza las trabas y ventajismos ya predeterminadas por el CNE hay que interesar a la población neutralizada por la polarización política extrema. La armazón de una fórmula alternativa es la misión de los diversos partidos políticos democráticos. Un intento al que no le está permitido el fracaso. O el nuevo totalitarismo nos tragará.

Simongar48@gmail.com
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