Ante la ingobernabilidad producto de la ineficiencia del Poder Judicial los venezolanos reaccionan en defensa propia, retomando la justicia por propia mano. Es la lucha por la supervivencia en sociedad que se manifiesta en los reiterados linchamientos de azotes de barrio, aunque también en el sicariato contra los rivales de bandas criminales que ya nada perdonan, y en los grupos de exterminio que reparten la muerte entre los ciudadanos que resultan incómodos ya que no quieren entender quién es el que manda.
Una justicia ineficiente e ineficaz como la nuestra, no puede cumplir con su función de prevención del delito a través de la amenaza legítima de penas y sanciones contra el delincuente. Mucho menos podrá vencer y reprimir el delito. Es una espiral ascendente de delincuencia y muerte que tarde o temprano a todos nos envuelve. Hasta agosto de este año habían sido asesinadas en Venezuela 6.700 personas, es decir, la mitad del aforo del Poliedro de Caracas. En los últimos 18 años, el índice de homicidios creció 456% debido a la violencia en el país. En 1990, de acuerdo con registros de la extinta Policía Técnica Judicial, se cometieron 2.474 asesinatos, mientras que en 2008 fueron 13.780, según datos extraoficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Pero ante tan bochornosos números le preguntamos al Sistema de Justicia: ¿Dónde están los responsables de tantos delitos? Última opción: No sabe, no contesta. Este envilecido Poder Judicial no responde, nunca responderá. ¡No puede hacerlo... está herido de muerte!
Para responder con un mínimo de asertividad debe poseer dos rasgos esenciales: independencia e imparcialidad. Nunca los exhibirá pues el diseño constitucional actual deja de rodillas al Poder Judicial ante el Poder Político: la Asamblea Nacional. Ella es, finalmente, la que nombra y remueve magistrados, jueces, fiscales, y defensores. Además, el diseño organizacional del sistema de justicia es torpe e inoperante, condenándolo ineludiblemente al fracaso. Tampoco permite la participación libre y directa de los ciudadanos en la gestión pública de administrar justicia.
A pesar de todo hay esperanzas. Para cambiar esta vergonzosa impunidad los venezolanos debemos impulsar desde la Asamblea Nacional la transformación sustancial de la finalidad, estructura y funcionamiento del Sistema de Justicia patrio. Según la Constitución vigente, "Venezuela se constituye en un Estado Demócratico y Social de Derecho y de Justicia", por lo que todos estamos interesados en que prevalezca la justicia y en hacer valer la ley. Lo que justifica una participación mucho más protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública de administrar justicia. La justicia interesa a todos, no sólo a jueces, fiscales, defensores y abogados.
La solución que proponemos es crear legislativamente las condiciones más favorables para la participación directa de los ciudadanos en la administración de justicia; más allá de la tímida y limitada participación popular en la selección y designación de jueces y magistrados. Sólo así será posible el protagonismo del pueblo en la justicia.
La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas, por tanto, ¡todos exigimos justicia!
JUAN CARLOS APITZ
Una justicia ineficiente e ineficaz como la nuestra, no puede cumplir con su función de prevención del delito a través de la amenaza legítima de penas y sanciones contra el delincuente. Mucho menos podrá vencer y reprimir el delito. Es una espiral ascendente de delincuencia y muerte que tarde o temprano a todos nos envuelve. Hasta agosto de este año habían sido asesinadas en Venezuela 6.700 personas, es decir, la mitad del aforo del Poliedro de Caracas. En los últimos 18 años, el índice de homicidios creció 456% debido a la violencia en el país. En 1990, de acuerdo con registros de la extinta Policía Técnica Judicial, se cometieron 2.474 asesinatos, mientras que en 2008 fueron 13.780, según datos extraoficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.Pero ante tan bochornosos números le preguntamos al Sistema de Justicia: ¿Dónde están los responsables de tantos delitos? Última opción: No sabe, no contesta. Este envilecido Poder Judicial no responde, nunca responderá. ¡No puede hacerlo... está herido de muerte!
Para responder con un mínimo de asertividad debe poseer dos rasgos esenciales: independencia e imparcialidad. Nunca los exhibirá pues el diseño constitucional actual deja de rodillas al Poder Judicial ante el Poder Político: la Asamblea Nacional. Ella es, finalmente, la que nombra y remueve magistrados, jueces, fiscales, y defensores. Además, el diseño organizacional del sistema de justicia es torpe e inoperante, condenándolo ineludiblemente al fracaso. Tampoco permite la participación libre y directa de los ciudadanos en la gestión pública de administrar justicia.
A pesar de todo hay esperanzas. Para cambiar esta vergonzosa impunidad los venezolanos debemos impulsar desde la Asamblea Nacional la transformación sustancial de la finalidad, estructura y funcionamiento del Sistema de Justicia patrio. Según la Constitución vigente, "Venezuela se constituye en un Estado Demócratico y Social de Derecho y de Justicia", por lo que todos estamos interesados en que prevalezca la justicia y en hacer valer la ley. Lo que justifica una participación mucho más protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública de administrar justicia. La justicia interesa a todos, no sólo a jueces, fiscales, defensores y abogados.
La solución que proponemos es crear legislativamente las condiciones más favorables para la participación directa de los ciudadanos en la administración de justicia; más allá de la tímida y limitada participación popular en la selección y designación de jueces y magistrados. Sólo así será posible el protagonismo del pueblo en la justicia.
La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas, por tanto, ¡todos exigimos justicia!
JUAN CARLOS APITZENVIADO A NUESTROS CORREOS RECOMENDANDO PUBLICACION
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