Por fin después de un largo trajinar fue suscrito, el 30 de octubre de 2009, el Acuerdo Tegucigalpa/San José en el marco del Diálogo Guaymuras, por las dos comisiones nombradas, una por el Presidente Constitucional de HONDURAS Roberto Micheletti, y la otra por el ex Presidente Manuel Zelaya, para resolver el conflicto político existente desde el 28 de junio de 2009 en la nación centroamericana.
Luego de la firma de este histórico Acuerdo Político, he recibido centenares de peticiones de hermanos hondureños para que dé mi opinión al respecto, la cual procedo a expresar en este breve análisis.
Muchos están preocupados, otros se muestran desconcertados, algunos se encuentran muy molestos y muchos celebran el Acuerdo. Ante toda esta discusión es necesario que estudiemos el alcance de los resultados del Diálogo de Guaymuras, para colocarlo en sus justas dimensiones.
En primer lugar, me siento satisfecho porque fueron acogidas prácticamente todas las recomendaciones que hice el 12 de octubre en el artículo titulado “Claves para resolver el conflicto en HONDURAS”.
En segundo lugar, el Acuerdo implica un reconocimiento y un triunfo del diálogo como mecanismo para alcanzar la paz y una derrota de las formas violentas promovidas por la denominada Resistencia hondureña y por los gobiernos de Chávez y Ortega. Este Acuerdo Político tiene como objetivo restablecer la convivencia ciudadana y lograr el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia.
En tercer lugar, el Diálogo Guaymuras constituye un reconocimiento a la legitimidad y legalidad de todas las instituciones hondureñas y un espaldarazo a la soberanía de HONDURAS como nación libre de injerencias indebidas. Asimismo, significa una confesión por parte del ex presidente Zelaya de sus irregularidades administrativas al reconocer expresamente en el punto 1 del Acuerdo que no había cumplido con la obligación de remitir a consideración del Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, tal como lo ordena el artículo 205, inciso 32 de la Constitución. Igualmente, el pacto suscrito reconoce la legitimidad de las actuaciones del Presidente Micheletti al señalar que el gobierno de unidad y reconciliación nacional que se debe nombrar, funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional y que fue elaborado precisamente por el equipo de gobierno de Micheletti. Asimismo, se deja claro que mientras el Congreso decide sobre la restitución o no de Zelaya, el gobierno de unidad y reconciliación nacional estará bajo la presidencia de Don Roberto Micheletti, ya que al no señalarse nada en contrario, indirectamente se reconoce el actual status quo.
En cuarto lugar, el Acuerdo también significa un apoyo contundente a la posición que han venido sosteniendo tanto el Presidente Micheletti como todos los Poderes Públicos e Instituciones hondureñas, en el sentido de que el llamado a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de la forma como lo estaba haciendo Zelaya, era inconstitucional y violatorio del ordenamiento jurídico interno. Se ratifica la existencia de los artículos pétreos o irreformables de la Constitución, entre los que se encuentran, la prohibición absoluta de la reelección presidencial, por ser violatoria del principio de alternabilidad democrática. Por lo que, ambas partes establecieron la inconstitucionalidad de las actuaciones de Zelaya previas a los sucesos del 28 de junio.
En quinto lugar, se acuerda, tal como lo proclamaba el gobierno constitucional de Micheletti, el reconocimiento pleno de las elecciones generales legalmente convocadas para el 29 de noviembre y se autoriza la participación de las misiones internacionales de observadores, con lo cual todas las naciones del mundo reconocerán la legitimidad del nuevo Presidente de HONDURAS. Con esto se tira por la borda los llamados a desconocer las elecciones y a sabotearlas que venían haciendo los seguidores de Zelaya.
En sexto lugar, se reafirma el reconocimiento a las Fuerzas Armadas hondureñas como garantes del libre ejercicio del sufragio y de la custodia del material electoral. Igualmente, se les considera como una institución de carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante, sin que en ningún momento se les reproche o acuse por alguna actuación ocurrida el 28 de junio. Otro triunfo del gobierno provisional de Micheletti.
En séptimo lugar, en cuanto al punto referente a la titularidad del Poder Ejecutivo, las partes reconocen la legitimidad del Congreso Nacional como ente representante de la soberanía popular, para que sea quién determine el futuro político de HONDURAS. Es decir, los diputados deberán primero, consultar a la Corte Suprema de Justicia y a otras instancias como puede ser la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral y el Comisionado de Derechos Humanos, para que estos entes emitan un informe sobre la legalidad de lo ocurrido el 28 de junio; y luego de recibir todos esos informes, el Congreso deberá sesionar y discutir conforme a la ley y a la Constitución de HONDURAS, si procede o no la restitución del señor Zelaya en la presidencia de la República. Claramente se observa, que el Congreso no está obligado a restituir a Zelaya ni a retrotraer la situación política del país. El Congreso debe analizar los informes de los otros entes del Estado, que deben ratificar lo ya señalado en cuanto a la constitucionalidad de la sucesión presidencial y luego revalidar o confirmar su decisión acordada el 28 de junio.
Esta será una sesión histórica para HONDURAS y el mundo entero, donde los diputados deberán dar otra lección de civismo y de democracia a los demás pueblos, sobre todo a los gobernados por déspotas corruptos. La votación debe ser obligatoriamente pública, oral e individual. Cada diputado deberá a viva voz, plenamente identificado con su nombre y apellido y partido político al cual pertenece y frente a las cámaras de televisión, decir si vota a favor de la dignidad y de la democracia de su pueblo o si por el contrario lo traiciona y vende su patria al comunismo internacional y al narcotráfico. Ese voto debe ser otorgado a conciencia y no por dinero. El pueblo estará atento y sabrá cobrar electoralmente cualquier traición. Los diputados demostrarán públicamente su honorabilidad y decencia.
Luego de la firma de este histórico Acuerdo Político, he recibido centenares de peticiones de hermanos hondureños para que dé mi opinión al respecto, la cual procedo a expresar en este breve análisis.
Muchos están preocupados, otros se muestran desconcertados, algunos se encuentran muy molestos y muchos celebran el Acuerdo. Ante toda esta discusión es necesario que estudiemos el alcance de los resultados del Diálogo de Guaymuras, para colocarlo en sus justas dimensiones.
En primer lugar, me siento satisfecho porque fueron acogidas prácticamente todas las recomendaciones que hice el 12 de octubre en el artículo titulado “Claves para resolver el conflicto en HONDURAS”.
En segundo lugar, el Acuerdo implica un reconocimiento y un triunfo del diálogo como mecanismo para alcanzar la paz y una derrota de las formas violentas promovidas por la denominada Resistencia hondureña y por los gobiernos de Chávez y Ortega. Este Acuerdo Político tiene como objetivo restablecer la convivencia ciudadana y lograr el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia.
En tercer lugar, el Diálogo Guaymuras constituye un reconocimiento a la legitimidad y legalidad de todas las instituciones hondureñas y un espaldarazo a la soberanía de HONDURAS como nación libre de injerencias indebidas. Asimismo, significa una confesión por parte del ex presidente Zelaya de sus irregularidades administrativas al reconocer expresamente en el punto 1 del Acuerdo que no había cumplido con la obligación de remitir a consideración del Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, tal como lo ordena el artículo 205, inciso 32 de la Constitución. Igualmente, el pacto suscrito reconoce la legitimidad de las actuaciones del Presidente Micheletti al señalar que el gobierno de unidad y reconciliación nacional que se debe nombrar, funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional y que fue elaborado precisamente por el equipo de gobierno de Micheletti. Asimismo, se deja claro que mientras el Congreso decide sobre la restitución o no de Zelaya, el gobierno de unidad y reconciliación nacional estará bajo la presidencia de Don Roberto Micheletti, ya que al no señalarse nada en contrario, indirectamente se reconoce el actual status quo.
En cuarto lugar, el Acuerdo también significa un apoyo contundente a la posición que han venido sosteniendo tanto el Presidente Micheletti como todos los Poderes Públicos e Instituciones hondureñas, en el sentido de que el llamado a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de la forma como lo estaba haciendo Zelaya, era inconstitucional y violatorio del ordenamiento jurídico interno. Se ratifica la existencia de los artículos pétreos o irreformables de la Constitución, entre los que se encuentran, la prohibición absoluta de la reelección presidencial, por ser violatoria del principio de alternabilidad democrática. Por lo que, ambas partes establecieron la inconstitucionalidad de las actuaciones de Zelaya previas a los sucesos del 28 de junio.
En quinto lugar, se acuerda, tal como lo proclamaba el gobierno constitucional de Micheletti, el reconocimiento pleno de las elecciones generales legalmente convocadas para el 29 de noviembre y se autoriza la participación de las misiones internacionales de observadores, con lo cual todas las naciones del mundo reconocerán la legitimidad del nuevo Presidente de HONDURAS. Con esto se tira por la borda los llamados a desconocer las elecciones y a sabotearlas que venían haciendo los seguidores de Zelaya.
En sexto lugar, se reafirma el reconocimiento a las Fuerzas Armadas hondureñas como garantes del libre ejercicio del sufragio y de la custodia del material electoral. Igualmente, se les considera como una institución de carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante, sin que en ningún momento se les reproche o acuse por alguna actuación ocurrida el 28 de junio. Otro triunfo del gobierno provisional de Micheletti.
En séptimo lugar, en cuanto al punto referente a la titularidad del Poder Ejecutivo, las partes reconocen la legitimidad del Congreso Nacional como ente representante de la soberanía popular, para que sea quién determine el futuro político de HONDURAS. Es decir, los diputados deberán primero, consultar a la Corte Suprema de Justicia y a otras instancias como puede ser la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral y el Comisionado de Derechos Humanos, para que estos entes emitan un informe sobre la legalidad de lo ocurrido el 28 de junio; y luego de recibir todos esos informes, el Congreso deberá sesionar y discutir conforme a la ley y a la Constitución de HONDURAS, si procede o no la restitución del señor Zelaya en la presidencia de la República. Claramente se observa, que el Congreso no está obligado a restituir a Zelaya ni a retrotraer la situación política del país. El Congreso debe analizar los informes de los otros entes del Estado, que deben ratificar lo ya señalado en cuanto a la constitucionalidad de la sucesión presidencial y luego revalidar o confirmar su decisión acordada el 28 de junio.
Esta será una sesión histórica para HONDURAS y el mundo entero, donde los diputados deberán dar otra lección de civismo y de democracia a los demás pueblos, sobre todo a los gobernados por déspotas corruptos. La votación debe ser obligatoriamente pública, oral e individual. Cada diputado deberá a viva voz, plenamente identificado con su nombre y apellido y partido político al cual pertenece y frente a las cámaras de televisión, decir si vota a favor de la dignidad y de la democracia de su pueblo o si por el contrario lo traiciona y vende su patria al comunismo internacional y al narcotráfico. Ese voto debe ser otorgado a conciencia y no por dinero. El pueblo estará atento y sabrá cobrar electoralmente cualquier traición. Los diputados demostrarán públicamente su honorabilidad y decencia.
Es importante destacar, que el Congreso no tiene plazo alguno para tomar esta trascendente decisión, por lo que con los pasos administrativos de consultas previas, perfectamente, esta sesión podrá ocurrir mucho después de las elecciones generales que serán reconocidas por la comunidad internacional y que ya no podrán ser suspendidas ni obstaculizadas.
Además, en ninguna línea o párrafo del Acuerdo aparecen escritas las palabras “Golpe de Estado”, con lo cual se reconoce tácitamente y yo diría expresamente, que no hubo un golpe de Estado y que sólo se trata de calmar la malcriadez del comunismo internacional que no entiende cómo funciona un verdadero Estado de Derecho con real independencia de Poderes.
En octavo lugar, con la firma del Acuerdo de Tegucigalpa se levantan todas las sanciones que le habían impuesto injustamente a HONDURAS la comunidad internacional y se reactivan los proyectos vigentes de cooperación. Con lo cual triunfó la sensatez proclamada por el gobierno de Micheletti y el pueblo hondureño y se derrotó la posición antipatriótica y cruel de Zelaya y Patricia Rodas quienes pedían a gritos la estrangulación económica de HONDURAS, cuando cínicamente solicitan el desbloqueo a la dictadura comunista de Cuba.
En noveno lugar, se designa una comisión de verificación del Acuerdo, la cual debe respetar la Constitución hondureña y las leyes internas y también se exige a la comunidad internacional el respeto a la soberanía de la República de HONDURAS y al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Con esto se le asesta un duro golpe a las naciones que violando los tratados internacionales pretendieron violar la soberanía hondureña, con lo cual el mismo Zelaya pone en entredicho la actuación por ejemplo de Brasil y Venezuela en el conflicto hondureño.
En décimo lugar, se crea una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009.
En undécimo lugar, se establece como fecha improrrogable de traspaso de gobierno al nuevo Presidente electo, el día 27 de enero de 2010, con lo cual se descarta toda posibilidad de alargar el período de gobierno en el supuesto negado de que Zelaya fuera restituido en el poder, como lo sostenían sus seguidores.
En conclusión, podemos afirmar categóricamente que el Acuerdo suscrito fue un triunfo de los factores democráticos encabezados por el Presidente Constitucional Roberto Micheletti y una derrota estruendosa para el eje del mal encabezado por Hugo Chávez y sus títeres internacionales, quienes pretendían desconocer la Constitución hondureña y la legitimidad de todas sus instituciones, y más aun pretendían vulnerar la soberanía catracha. Esperamos que el mundo respete el Acuerdo y no permita su saboteo.
Ahora le toca al pueblo hondureño demostrar su vocación democrática y acudir masivamente a votar el próximo 29 de noviembre y celebrar con entusiasmo este triunfo de la democracia. HONDURAS nuevamente marca un hito en la historia de la humanidad y se consolida como la bandera de la libertad y la dignidad, dictando cátedra en Derecho Constitucional y dando ejemplo de moral y civismo. VIVA HONDURAS!! Patria de Héroes Libertarios!
Por: Dr. Álvaro Albornoz
Doctor en Derecho Constitucional
Profesor Universitario Venezolano
catrachovenezolano@gmail.com
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