La Ley Orgánica de Educación (LOE) es inconsulta, porque se aprobó sin la participación “de la sociedad organizada” como lo establece la Constitución (Art. 211 CRBV). Tan igual como se intentó aprobar el PLES en el 98’ por la IV República: en vacaciones. El PLOE de 2001 perdió vigencia al no ser aprobado como ley en ese período constitucional; 8 años después, esta LOE ni siquiera se consultó al TSJ para asegurar su carácter orgánico (Art. 203 CRBV). La orden fue aprobarlo entre gallos y medianoche, sin debate ni exposición de motivos.
La LOE no promueve la participación protagónica; por el contrario, involucra a los colectivos comunitarios como forma de control social, estableciendo la coerción ante la lucha de docentes y estudiantes por sus exigencias en materia de infraestructura, mantenimiento y dotación.Además, conserva una gran discrecionalidad para decidir qué colectivo participa en la “formación, ejecución y control de [la] gestión educativa” (Art. 6 y 19) por medio de un supuesto “poder popular” (Art. 18) rechazado en el 2007 ya que “no nace del sufragio ni de elección alguna” (Art. 136 de la Reforma).
El Ejecutivo entremezcla gobierno-Estado-partido y pretende generar una confusión de la participación comunitaria al hacerle contraloría social a los docentes y no al Estado, sobre el verdadero cumplimiento del derecho a la educación y las carencias que en este se generan.
Ello ya sucedió cuando los batallones ‘socialistas’ criminalizaron la protesta en el último paro educativo por el contrato colectivo.La LOE no es socialista por no desarrollar las fuerzas productivas distintas al carácter rentista del petróleo, que logren independizarse frente a las crecientes importaciones que contradicen la soberanía agroalimentaria; no puede haber formación para el “trabajo social liberador” (Art. 15) si se fomenta a un Estado omnipotente por encima de desarrollar las capacidades intelectuales de su población; no puede haber algo justo ni emancipador si se concentran tantas competencias en este Estado Docente capitalista en vez de potenciar el desarrollo de los actores en el proceso educativo; no puede haber “valoración social y ética del trabajo” (Art. 3) si la educación se basa en el Plan de Desarrollo Social 2007-2013 que mantiene las mismas relaciones sociales de producción de la IV República, atadas cada vez más a un burocratismo implacable que desconoce o minimiza los derechos laborales conquistados por medio de las luchas en materia educativa. Entonces, formar para “una estructura socioeconómica incluyente” (Art. 15) no es otra cosa que mantener una cultura de dependencia rentista del petróleo entre todos los estamentos de la sociedad. En definitiva hay que entender que este modelo educativo responde al modelo de desarrollo capitalista de Estado con vicios autoritarios y populistas, denominado Socialismo del siglo XXI.
Fabricio Briceñofabricioucv@gmail.com
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