*OSCAR PÉREZ PIDIÓ A FISCALÍA INVESTIGAR ABUSOS DEL FUNCIONARIO
Omar Espaillat C.
OSCAR PÉREZ, DEL COMANDO NACIONAL DE LA RESISTENCIA. (FOTO NUBIA REINA)
Caracas, junio 30 (REDACTA).- Una investigación contra el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para determinar su responsabilidad penal, solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el integrante del Comando Nacional de la Resistencia y candidato a la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, Oscar Pérez, quien considera que Russián cometió delito al inhabilitar políticamente a unas cuatrocientas personas, incluido él.
Pérez subrayó el abuso en el ejercicio de sus atribuciones del alto funcionario, al imponer las citadas inhabilitaciones con el fin expreso de perjudicar electoralmente a aquellos ciudadanos incorporados a la conocida “lista Russián”.
Este funcionario tiene más connotación en la persecución política que en la lucha contra la corrupción, conformando con sus inhabilitaciones una guillotina política en contra de hombres y mujeres dirigentes opositores, pues su lista está compuesta, en más de un 82%, por disidentes al actual Gobierno, “en un país donde la mayoría de las instituciones están en manos del oficialismo”, añadió.
Recordó su inhabilitación en el año 2004, conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la misma norma utilizada en las nuevas inhabilitaciones, sin embargo participó en las elecciones para el Consejo Legislativo del estado Miranda, y salió electo, pero durante su campaña y en la proclamación del cargo hecha por el Consejo Nacional Electoral, el contralor Clodosbaldo Russián se quedó callado, no objetó absolutamente nada, “por lo que no entendemos cómo ahora en el 2008, cuatro años después, pretende con su lista sacarme del juego, lo que está tipificado como delito en el artículo 68 de la Ley Contra la Corrupción; establece este artículo, que el funcionario público que abusando de sus funciones utilice el cargo para perjudicar electoralmente a un candidato, grupo o partido político, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
Omar Espaillat C.
OSCAR PÉREZ, DEL COMANDO NACIONAL DE LA RESISTENCIA. (FOTO NUBIA REINA)
Caracas, junio 30 (REDACTA).- Una investigación contra el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para determinar su responsabilidad penal, solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el integrante del Comando Nacional de la Resistencia y candidato a la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, Oscar Pérez, quien considera que Russián cometió delito al inhabilitar políticamente a unas cuatrocientas personas, incluido él.
Pérez subrayó el abuso en el ejercicio de sus atribuciones del alto funcionario, al imponer las citadas inhabilitaciones con el fin expreso de perjudicar electoralmente a aquellos ciudadanos incorporados a la conocida “lista Russián”.
Este funcionario tiene más connotación en la persecución política que en la lucha contra la corrupción, conformando con sus inhabilitaciones una guillotina política en contra de hombres y mujeres dirigentes opositores, pues su lista está compuesta, en más de un 82%, por disidentes al actual Gobierno, “en un país donde la mayoría de las instituciones están en manos del oficialismo”, añadió.
Recordó su inhabilitación en el año 2004, conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la misma norma utilizada en las nuevas inhabilitaciones, sin embargo participó en las elecciones para el Consejo Legislativo del estado Miranda, y salió electo, pero durante su campaña y en la proclamación del cargo hecha por el Consejo Nacional Electoral, el contralor Clodosbaldo Russián se quedó callado, no objetó absolutamente nada, “por lo que no entendemos cómo ahora en el 2008, cuatro años después, pretende con su lista sacarme del juego, lo que está tipificado como delito en el artículo 68 de la Ley Contra la Corrupción; establece este artículo, que el funcionario público que abusando de sus funciones utilice el cargo para perjudicar electoralmente a un candidato, grupo o partido político, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
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