*VENECONOMIA OPINA: “INAGOTABLE ILEGALIDAD”
La capacidad del Gobierno de Hugo Chávez para cometer ilegalidades parece ser inagotable. Con cinismo y desfachatez pretende hacer creer que lo ilegal está dentro de la Constitución y las leyes.
Una evidente ilegalidad es la interpretación que le está dando el presidente Chávez a los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional en febrero de 2007, mediante la Ley Habilitante.
Tal como lo alertaron en su momento los abogados constitucionalistas que podría suceder, la diversidad de ámbitos que abarca esa Ley Habilitante y la forma tan general como son tratados en el texto legal se han prestado a cometer "fraudes a la Constitución".
Para empezar, el mandatario ha especificado que varias de las leyes decretadas con sus poderes habilitados son orgánicas, en contraposición con lo contemplado en la Constitución vigente de 1999. Entre ellas, la Ley Orgánica de Turismo y la Ley Orgánica de Policía Nacional, decretadas recientemente. Lo peor es que el Tribunal Supremo de Justicia lo ha avalado sumisamente.
Otra de estas leyes viciadas de inconstitucionalidad es la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector Siderúrgico, promulgada en el contexto de la desprivatización de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Esta Ley crea un procedimiento expropiatorio ad hoc que viola las garantías al ciudadano que le ofrece la Ley de Expropiaciones. El Escritorio Bolinaga, Levy, Márquez y Canova informa que con esta nueva Ley se estaría dando entrada a la figura de la expropiación administrativa que permitiría al Gobierno ocupar los bienes en litigio sin la formalidad y garantía jurídica.
Por ejemplo, el Gobierno tomó las instalaciones de SIDOR de inmediato, a pesar de que el decreto de nacionalización le había otorgado al accionista mayoritario, Ternium-Techint, un plazo de 60 días para acordar un justiprecio por sus acciones y activos.
Éste es sólo un ejemplo más de que Venezuela hoy es una jungla donde la Constitución vigente no vale ni el papel donde esta impresa; donde las leyes se acomodan o interpretan a voluntad del Presidente con el aval del TSJ, la Asamblea Nacional y el resto de sus amañados poderes públicos.
Recuerda Martín Krause, en entrevista para El Nacional de este miércoles 28 de mayo, que existen tres leyes básicas para que una sociedad logre la prosperidad: El respeto a la propiedad, la libertad de contratos, y valores morales que honren palabra y compromiso. En la Venezuela actual no se respetan ni la propiedad ni los contratos, y el gobernante de turno parece no tener valores para honrar su palabra y sus compromisos.
http://www.veneconomia.com/site/modulos/m_visor.asp?pub=2338
La capacidad del Gobierno de Hugo Chávez para cometer ilegalidades parece ser inagotable. Con cinismo y desfachatez pretende hacer creer que lo ilegal está dentro de la Constitución y las leyes.
Una evidente ilegalidad es la interpretación que le está dando el presidente Chávez a los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional en febrero de 2007, mediante la Ley Habilitante.
Tal como lo alertaron en su momento los abogados constitucionalistas que podría suceder, la diversidad de ámbitos que abarca esa Ley Habilitante y la forma tan general como son tratados en el texto legal se han prestado a cometer "fraudes a la Constitución".
Para empezar, el mandatario ha especificado que varias de las leyes decretadas con sus poderes habilitados son orgánicas, en contraposición con lo contemplado en la Constitución vigente de 1999. Entre ellas, la Ley Orgánica de Turismo y la Ley Orgánica de Policía Nacional, decretadas recientemente. Lo peor es que el Tribunal Supremo de Justicia lo ha avalado sumisamente.
Otra de estas leyes viciadas de inconstitucionalidad es la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector Siderúrgico, promulgada en el contexto de la desprivatización de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Esta Ley crea un procedimiento expropiatorio ad hoc que viola las garantías al ciudadano que le ofrece la Ley de Expropiaciones. El Escritorio Bolinaga, Levy, Márquez y Canova informa que con esta nueva Ley se estaría dando entrada a la figura de la expropiación administrativa que permitiría al Gobierno ocupar los bienes en litigio sin la formalidad y garantía jurídica.
Por ejemplo, el Gobierno tomó las instalaciones de SIDOR de inmediato, a pesar de que el decreto de nacionalización le había otorgado al accionista mayoritario, Ternium-Techint, un plazo de 60 días para acordar un justiprecio por sus acciones y activos.
Éste es sólo un ejemplo más de que Venezuela hoy es una jungla donde la Constitución vigente no vale ni el papel donde esta impresa; donde las leyes se acomodan o interpretan a voluntad del Presidente con el aval del TSJ, la Asamblea Nacional y el resto de sus amañados poderes públicos.
Recuerda Martín Krause, en entrevista para El Nacional de este miércoles 28 de mayo, que existen tres leyes básicas para que una sociedad logre la prosperidad: El respeto a la propiedad, la libertad de contratos, y valores morales que honren palabra y compromiso. En la Venezuela actual no se respetan ni la propiedad ni los contratos, y el gobernante de turno parece no tener valores para honrar su palabra y sus compromisos.
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