Cuando D´Elía llama a los medios pidiendo salir al aire o hacer declaraciones, el periodismo sabe que el gobierno ha puesto en marcha alguna operación. Y en este momento el gobierno argentino y el gobierno venezolano, las dos puntas de una maniobra de corrupción de proporciones inimaginables, salieron a operar de manera conjunta y organizada, como nunca se había hecho hasta ahora.
La febril actividad de la inteligencia de ambos gobiernos demuestra la gravedad de la situación que ha provocado la investigación de los fondos venezolanos descubiertos por casualidad, cuando Antonini Wilson, un venezolano vinculado al gobierno de su país intentaba ingresarlos ilegalmente en Argentina, luego de viajar como pasajero de un avión rentado por funcionarios del entonces presidente Kirchner.
Ambos gobiernos están tratando desesperadamente de ganar espacio en la opinión pública mundial y de mejorar su imagen para tapar dos cosas:
La primera es la investigación iniciada por la justicia de los EEUU por maniobras de lavado de dinero y actos de corrupción que involucran tanto a los Kirchner como a Chávez.
La segunda es que un ignoto banquero argentino haya podido encarar la compra de una cuota significativa de Repsol, la principal petrolera argentina, invirtiendo nada menos que 2.300 millones de dólares, que no tiene pero que finalmente le prestarán rancios internacionales, se especula que mediante la garantía de fondos venezolanos.
Éste es en definitiva el punto sustancial al que apunta la investigación a la que tanto temen Caracas y Buenos Aires. Por eso quieren pasarla como sea, porque no pueden controlarla.
Néstor Kirchner, un hombre al que no le gusta viajar fuera del país, irá ahora a la selva colombiana a canjear rehenes. Para que Kirchner haya decidido hacer esto los intereses en juego y la necesidad de cobertura deben ser verdaderamente enormes.
Es que más allá de las superficiales acusaciones de Aníbal Fernández y de varios “voceros” gubernamentales, a los que invariablemente la prensa adicta brinda espacio, lo cierto es que la causa judicial que tramita en Miami deparará insospechadas sorpresas y causará todavía mucha preocupación, porque en los EEUU la justicia tiene real independencia del poder ejecutivo y esa independencia está monitoreada permanentemente por la oposición. No se trata de una justicia complaciente, como la argentina, sino de una independencia real. Los gobiernos pasan, los jueces quedan.
Especialistas legales consultados en Washington, directamente por SIDD, señalaron que la investigación es muy comprometedora ya que tramita en virtud de la “FCPA" (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) una norma muy severa y difícil de eludir que básicamente dice:
Es ilegal para una persona o entidad que tenga un nexo mínimo con EEUU, por ejemplo una cuenta, hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros con el objeto de obtener negocios para o con cualquier persona.
Las penalidades se aplican a compañías o ciudadanos extranjeros que realicen personalmente o a través de agentes, un acto de promoción de un pago corrupto que tenga lugar dentro de los EEUU, o que tenga un efecto perjudicial en EEUU.
Las sanciones a aplicar pueden llegar hasta prisión por 5 años.
Los competidores perjudicados pueden iniciar acciones bajo “Racketeen Influenced and Corrupt Organization Act. (denominada RICO) u otras leyes federales o estatales.
En el caso que se está investigando interviene la “OFAC” (Oficina de Control de Activos Extranjeros): es la oficina gubernamental que administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de individuos, como aquellos que estén vinculados al terrorismo y al narcotráfico. La investigación también quedó sujeta a la Ley USA Patriot 319 y la legislación contra el lavado de dinero, que permite:
Abrir los registros de los bancos, sin limitaciones, incluyendo los de empresas subsidiarias, vinculadas, oficinas en el extranjero y los servicios de clearing que intervienen en diferentes operaciones y transferencias, entre otras entidades no radicadas en los EEUU, aunque operen en otras monedas.
Investigar cuentas de terceros y funcionarios que podrían estar involucrados.
También entran en juego en la investigación:
Los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs) que son convenios internacionales firmados por los EEUU con terceros países, que obligan a los gobiernos de las partes firmantes a brindar información relacionada con investigaciones por crímenes. Existe un MLATs entre EEUU y Argentina ratificado el 2 de julio de 1992, pero podrán investigarse cuentas en España, en Alemania, en Suiza, en Dubai o en cualquier otro país que tuviera firmado con los EEUU un MLATs.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005 y que fue ratificada por Argentina el 28 de agosto de 2006 y finalmente en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) rige desde 1997 la Convención sobre Combate al Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros.
La Argentina, como firmante de estos tratados no puede eludir su cumplimiento. Por otra parte, la investigación puede demorar años y sus consecuencias penales pueden seguir vigentes aún cuando en el futuro ni Cristina Kirchner ni Chávez permanecieran en el poder, lo que desvela a más de un funcionario y genera particular intranquilidad a la pareja gobernante. Mientras tanto habrá dolores de cabeza para el presidente del Banco Central que deberá optar entre dar información y quedar en la picota del gobierno o rehusar darla y quedar registrado en los EEUU como obstaculizador de la transparencia.
Pero además, en estos días se han conocido los alcances de una operación petrolera de trascendencia. Nadie puede explicarse cómo pudo el Sr. Ezquenazi, un modesto banquero de Santa Cruz, conseguir los 2.300 millones de dólares que representa la compra del 14.9% de Repsol, la mayor petrolera radicada en la Argentina.
Son muchos los que piensan que será fácil encontrar los documentos que llevan, vía Suiza y otros paraísos fiscales a fondos venezolanos detrás de esta operación, si es que no han aparecido ya. Independientemente de la investigación judicial, algunos analistas creen ver en la diligente colaboración que el gobierno americano está brindando a la investigación judicial una respuesta a la amenaza de intereses estadounidenses en la Argentina, amparados hasta ahora por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, pero que utilizando la justicia argentina el gobierno ha logrado desdibujar en varios casos. Algunos expertos inclusive advierten sobre valiosos aportes españoles, también heridos en sus intereses en la Argentina.
Lo cierto es que en su devenir, tanto el matrimonio Kirchner como el comandante Chávez han dejado un innecesario tendal de enemigos, muchos de los cuales se han limitado a juntar papelitos, a jaquear computadoras y a esperar, por lo que en el momento preciso, inesperadamente la información comienza a surgir de manera imparable.
Cuando eso ocurre, es inútil disfrazar de mariposa al elefante.
La febril actividad de la inteligencia de ambos gobiernos demuestra la gravedad de la situación que ha provocado la investigación de los fondos venezolanos descubiertos por casualidad, cuando Antonini Wilson, un venezolano vinculado al gobierno de su país intentaba ingresarlos ilegalmente en Argentina, luego de viajar como pasajero de un avión rentado por funcionarios del entonces presidente Kirchner.
Ambos gobiernos están tratando desesperadamente de ganar espacio en la opinión pública mundial y de mejorar su imagen para tapar dos cosas:
La primera es la investigación iniciada por la justicia de los EEUU por maniobras de lavado de dinero y actos de corrupción que involucran tanto a los Kirchner como a Chávez.
La segunda es que un ignoto banquero argentino haya podido encarar la compra de una cuota significativa de Repsol, la principal petrolera argentina, invirtiendo nada menos que 2.300 millones de dólares, que no tiene pero que finalmente le prestarán rancios internacionales, se especula que mediante la garantía de fondos venezolanos.
Éste es en definitiva el punto sustancial al que apunta la investigación a la que tanto temen Caracas y Buenos Aires. Por eso quieren pasarla como sea, porque no pueden controlarla.
Néstor Kirchner, un hombre al que no le gusta viajar fuera del país, irá ahora a la selva colombiana a canjear rehenes. Para que Kirchner haya decidido hacer esto los intereses en juego y la necesidad de cobertura deben ser verdaderamente enormes.
Es que más allá de las superficiales acusaciones de Aníbal Fernández y de varios “voceros” gubernamentales, a los que invariablemente la prensa adicta brinda espacio, lo cierto es que la causa judicial que tramita en Miami deparará insospechadas sorpresas y causará todavía mucha preocupación, porque en los EEUU la justicia tiene real independencia del poder ejecutivo y esa independencia está monitoreada permanentemente por la oposición. No se trata de una justicia complaciente, como la argentina, sino de una independencia real. Los gobiernos pasan, los jueces quedan.
Especialistas legales consultados en Washington, directamente por SIDD, señalaron que la investigación es muy comprometedora ya que tramita en virtud de la “FCPA" (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) una norma muy severa y difícil de eludir que básicamente dice:
Es ilegal para una persona o entidad que tenga un nexo mínimo con EEUU, por ejemplo una cuenta, hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros con el objeto de obtener negocios para o con cualquier persona.
Las penalidades se aplican a compañías o ciudadanos extranjeros que realicen personalmente o a través de agentes, un acto de promoción de un pago corrupto que tenga lugar dentro de los EEUU, o que tenga un efecto perjudicial en EEUU.
Las sanciones a aplicar pueden llegar hasta prisión por 5 años.
Los competidores perjudicados pueden iniciar acciones bajo “Racketeen Influenced and Corrupt Organization Act. (denominada RICO) u otras leyes federales o estatales.
En el caso que se está investigando interviene la “OFAC” (Oficina de Control de Activos Extranjeros): es la oficina gubernamental que administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de individuos, como aquellos que estén vinculados al terrorismo y al narcotráfico. La investigación también quedó sujeta a la Ley USA Patriot 319 y la legislación contra el lavado de dinero, que permite:
Abrir los registros de los bancos, sin limitaciones, incluyendo los de empresas subsidiarias, vinculadas, oficinas en el extranjero y los servicios de clearing que intervienen en diferentes operaciones y transferencias, entre otras entidades no radicadas en los EEUU, aunque operen en otras monedas.
Investigar cuentas de terceros y funcionarios que podrían estar involucrados.
También entran en juego en la investigación:
Los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs) que son convenios internacionales firmados por los EEUU con terceros países, que obligan a los gobiernos de las partes firmantes a brindar información relacionada con investigaciones por crímenes. Existe un MLATs entre EEUU y Argentina ratificado el 2 de julio de 1992, pero podrán investigarse cuentas en España, en Alemania, en Suiza, en Dubai o en cualquier otro país que tuviera firmado con los EEUU un MLATs.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005 y que fue ratificada por Argentina el 28 de agosto de 2006 y finalmente en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) rige desde 1997 la Convención sobre Combate al Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros.
La Argentina, como firmante de estos tratados no puede eludir su cumplimiento. Por otra parte, la investigación puede demorar años y sus consecuencias penales pueden seguir vigentes aún cuando en el futuro ni Cristina Kirchner ni Chávez permanecieran en el poder, lo que desvela a más de un funcionario y genera particular intranquilidad a la pareja gobernante. Mientras tanto habrá dolores de cabeza para el presidente del Banco Central que deberá optar entre dar información y quedar en la picota del gobierno o rehusar darla y quedar registrado en los EEUU como obstaculizador de la transparencia.
Pero además, en estos días se han conocido los alcances de una operación petrolera de trascendencia. Nadie puede explicarse cómo pudo el Sr. Ezquenazi, un modesto banquero de Santa Cruz, conseguir los 2.300 millones de dólares que representa la compra del 14.9% de Repsol, la mayor petrolera radicada en la Argentina.
Son muchos los que piensan que será fácil encontrar los documentos que llevan, vía Suiza y otros paraísos fiscales a fondos venezolanos detrás de esta operación, si es que no han aparecido ya. Independientemente de la investigación judicial, algunos analistas creen ver en la diligente colaboración que el gobierno americano está brindando a la investigación judicial una respuesta a la amenaza de intereses estadounidenses en la Argentina, amparados hasta ahora por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, pero que utilizando la justicia argentina el gobierno ha logrado desdibujar en varios casos. Algunos expertos inclusive advierten sobre valiosos aportes españoles, también heridos en sus intereses en la Argentina.
Lo cierto es que en su devenir, tanto el matrimonio Kirchner como el comandante Chávez han dejado un innecesario tendal de enemigos, muchos de los cuales se han limitado a juntar papelitos, a jaquear computadoras y a esperar, por lo que en el momento preciso, inesperadamente la información comienza a surgir de manera imparable.
Cuando eso ocurre, es inútil disfrazar de mariposa al elefante.
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