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sábado, 26 de septiembre de 2015

GERÓNIMO FIGUEROA FIGUERA, RETARDO PROCESAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

Los diferimientos en las audiencias para retardar los procesos jurídicos en contra de los detenidos que piensan distinto y que se oponen al régimen dictatorial imperante en Venezuela, que en mala hora y para desgracia del buen nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar, bautizaron como revolución bolivariana, son utilizadas como política de estado por el régimen chavista-madurista para mantener presos y silenciados, a importantes líderes de la oposición democrática venezolana, a quienes los jefes del régimen empiezan acusándolos públicamente de golpistas y paramilitares, luego con los sapos cooperantes les arman expedientes falsos y amañados.

A los jueces, quienes en mas de un 80% son provisorios,  en el caso de los hombres cuando no amanecen enratonaos por una borrachera o con diarrea, y en el caso de las mujeres casi siempre el dia de las audiencias, cuando no tienen la menstruación, les sale un uñero, les duela la barriga o simplemente porque les da la gana. Lo cierto es que siempre tienen un excusa para que la audiencia no se realice, y de esa forma los mantienen en prisión de forma ilegal y arbitraria. 
El ultimo caso, y por ahora, se produjo el martes 22 de septiembre de este año, con el  Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue secuestrado el 19 de marzo  por mas de cien hombres armados cuando se encontraba en su oficina particular ubicada en la Torre Exa de Chacao, sin ninguna orden emitida por un juez y sin la presencia de un representante del Ministerio Publico de acuerdo con la Constitución Venezolana.  Posteriormente fue acusado formalmente el 7 de abril de este año y la audiencia preliminar debió realizarse en 40 dias, y han pasado 168 dias.
Las acusaciones contra Antonio Ledezma son tan absurdas, que van desde acusarlo de conspirador a través de un sapo cooperante, que nadie conoce ni le han visto la cara, asegura que el Alcalde Mayor de Caracas, un hombre probado en las luchas democráticas desde que tenía 15 años como dirigente estudiantil, hasta llegar a diputado, senador, alcalde de Libertador y alcalde mayor por votación popular, se asoció para delinquir y dar un golpe de estado pilotando un avión tucano para bombardear Miraflores y asesinar a Maduro. Por cierto, todos los tucanos están paralizados por falta de repuestos, pero Maduro y el sapo cooperante aseguran que Ledezma alquilaría uno, como si tratara de una bicicleta… Que bolas, un hombre que nunca lo hemos visto manejando ni siquiera un carro  

Pero antes de Ledezma, fueron víctimas de  estos atropellos jurídicos los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes estaban presos en la sede del Sebin en el Helicoide en Caracas, y el juicio estaba radicado en un tribunal de Maracay, donde durante seis años, la jueza Marjori Calderón los mantuvo en el limbo sin realizar la audiencia preliminar, para luego después de ese tiempo condenarlos a la pena máxima por un delito que no cometieron. Los comisarios eran trasladaos desde Caracas en carros rústicos y esposados hasta Maracay, y cuando llegaban al tribunal se encontraban que no había despacho porque la jueza tenia diarrea o por inasistencia del ministerio Publico. Los comisarios eran regresados en las mismas condiciones que habían sido llevados.
El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, también le dieron a probar la medicina del retraso procesal, para luego ser sentenciado a mas de 13 años de prisión por delitos no cometidos, donde el tribunal presidido por la abogada Susana Barreiro quien con justificaciones  poco serias suspendió las audiencias y en las pocas que realizó no le permitió a la defensa ni al propio imputado presentar las pruebas que demostraban la inocencia. Según los abogados y Lilian Tintori, en la prisión el gobierno de Maduro ha torturado física y psicológicamente a López con el propósito de “desestabilizarlo” mentalmente.
En fin, son muchos los casos, especialmente de estudiantes comprendidos en las edades de 18 a 24 años, que han sido detenidos por manifestar pacíficamente, donde el gobierno de Maduro a través de los tribunales y la Fiscalía del Ministerio Público ha desarrollado y aplicado el retraso procesal como política de Estado.

Gerónimo Figueroa Figuera
geron2ff@hotmail.com
@lodicetodo  
CNP:569

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lunes, 8 de diciembre de 2014

OMAR ÁVILA, RETARDO PROCESAL + HACINAMIENTO = FUGA MASIVA

OMAR ÁVILA
La semana pasada amanecimos con la noticia de otra fuga de 35 reos, esta vez de los calabozos de la Policía de Independencia, estado Miranda. En esta cárcel se han registrado cuatro evasiones en los últimos dos años.

Hace unos días había ocurrido lo mismo en la sede del CICPC en Los Teques, donde escaparon 41 presos; A principios del 2013 supimos de 19 reos que se fugaron cuando eran trasladados a distintos penales; así como también en Polisucre varios reos aprovecharon un apagón para escapar y a su vez dejar de rehén a dos funcionarios de este cuerpo de seguridad, quienes resultaron heridos.

Estos ejemplos son más que suficiente para analizar el grave problema de derechos humanos que se vive en la mayoría de las comisarias del país, donde indudablemente, una de las causas es el hacinamiento y el retardo procesal por parte del Ministerio Público.

Los detenidos por los cuerpos de seguridad, no deberían permanecer más de 72 horas en esos calabozos. La responsabilidad es del Ministerio Penitenciario que no otorga cupos en los penales, que aun cuando la ministra Iris Varela dice que los investigados deben de permanecer en sedes policiales, la cuestión es que hay pesquisas que llevan más de tres años producto de esa lentitud procesal.

Más allá de lo antes expuesto, es una situación sociológica que ha generado en los recintos penitenciarios escalas de poder y tipos de gobiernos internos que se le salió de las manos al Estado. Es de conocimiento público que los presos manejan armas, dinero y drogas a granel. Todo esto forma parte de esa corrupción que permite esta situación.

Masacres como la de la cárcel de Sabaneta con desmembramiento de cadáveres, ofrecen al país lo más dantesco de la violencia inhumana que no sólo ha permitido, sino que en casos ha avalado este gobierno especialista en echar la culpa a los demás.

No existen infraestructuras carcelarias para cobijar a los privados de libertad, ni voluntad para ponerle fin al paso de armas y otros elementos que le permite a esta población seguir delinquiendo.

Por otro lado, la impunidad en materia judicial es atroz. En las cárceles hay más de 50.000 reclusos hacinados, esperando por un juicio; Igualmente se estima que en la calle andan sueltos casi el triple de los privados de libertad, atracando y asesinando a diestra y siniestra.

Visto lo grave de la situación, considero se deben ampliar los centros penitenciarios existentes, modernizar la infraestructura, para que así estas personas puedan tener una rutina diaria que los saque del ocio, y convertir a los penales en unos centros de educación y capacitación.

Otra medida es clasificar a los privados de libertad según el tipo de delito cometido. También planteo la profesionalización del personal de custodia mediante una ley de carrera penitenciaria, así como crear un ente autónomo y técnico del sistema penitenciario; y lo más importante, impulsar la descentralización, que no es otra cosa, que las gobernaciones y alcaldías puedan administrar directamente los internados judiciales.

Hasta ahora no se ha visto voluntad política para la resolución de la violencia interna en las cárceles venezolanas y lo decimos basado en los motines o levantamientos ocurridos en las cárceles de Uribana, La Planta, Yare y El Rodeo.

Para finalizar quiero dejar unas preguntas para su reflexión: ¿Un gobierno que no puede controlar el tema de las cárceles, que ha sido derrotado por el hampa, por colectivos armados, pretende seguir gobernando nuestro país?¿La crisis carcelaria se ha acabado con el traslado de estos reos a otros centros penitenciarios?                                                                        

Omar Ávila
oavila1973@gmail.com
@visionvenezuela

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