El
constante denuesto gubernativo hacia profesores, alumnos y representantes del
núcleo educativo en todos sus niveles, es quizás el más angustiante indicador
de la crisis que vive el país.
El gobierno se esmeró por estimular la quiebra
no sólo de empresas privadas y algunas del Estado que mal que bien proveían
cierto tipo de materia prima como cabillas y aluminio; también contra nuestro
Sistema Educativo evidentemente hoy en bancarrota.
Una
empresa privada pudiere ir a la quiebra si los obreros que en ella laboran se
declararan en huelga. En cambio pasaría mucho tiempo antes de percibir la
bancarrota de la escuela si los alumnos forjaren un paro indefinido. El
naufragio se evidenciaría cuando la conexión educativa en su conjunto quede
invalidada para proveer los conocimientos ineludibles en el universo industrial
e informático del siglo XXI. La escuela no cierra sus puertas por ser un ente
de servicio público; sin embargo ante la negativa oficial de otorgarle recursos
adecuados para instituir una ciencia educativa creadora, se concreta su tácita
infertilidad; es decir, la bancarrota.
Mil
seiscientos docentes de las cinco principales universidades del país han
renunciado a sus puestos. En la UCV a partir del 2011 han dimitido 700
profesores de una plantilla de 4.278. La USB, por su parte, perdió 300 docentes
de un registro de 1.000. Lo mismo ocurre en las universidades del Zulia y Los
Andes (cifras de la Asociación de Profesores de cada entidad citada). Nada
diferente ocurre en niveles de primaria y bachillerato.
Como
alerta, profesores de la UCV cesaron actividades (4-4-15) por 24 horas para
exigir jornales sensatos y dotación de recursos acordes con la eficacia de esa
casa de estudios. Planteaba Víctor Márquez, presidente de la Asociación de
Profesores, la posibilidad de recurrir a Unesco para exponer el grave
conflicto. ¡Qué bochorno!, docentes de un país petrolero clamando en instancias
mundiales por defensa de un derecho ecuménico asiduamente violado por el
régimen. Por su parte, educadores de primer nivel y medio llaman a huelga
exigiendo salarios justos; ahora por debajo del mínimo.
¿Qué
efectos trae la condena revolucionaria contra la educación?
1-Que
el retraso cultural de la escuela, forzado por enemigos de la excelencia
educativa, tome aliento si logra materializarse la explicita y sistemática
quiebra del modelo tradicional. Así pues la trampa se hace mortífera para la
mayoría de jóvenes cuyas familias carecen de posibilidad material y logística
para proveerlos de alternativas sustitutivas fuera ni dentro del país.
2-Que
el éxodo de docentes más cultivados nos constriñe a “transigir con lo menos”.
En otras palabras, dejar la educación de nuestros hijos y nietos a merced de
los incapaces. No es ingenua la exacción oficial para instituir un sistema
escolar cerrado que busca ahondar la ruptura con el mundo moderno. El mejor
avío para esa perversidad es maniobrando los programas escolares. La “educación
vigilada”, además que induce al atraso, lanza al joven a la calle en un medio
ambiente resbaladizo, borroso y violento.
3-Que
la fábrica de desertores también deje fuera de sí a otros actores de la vida
pública. La sistematización de controles no deja lugar a dudas del perverso
plan. Así lo corrobora el éxodo de médicos de todas las especialidades,
ingenieros de disímiles ramas, laboratoristas, enfermeros, odontólogos,
radiólogos, maquinistas, técnicos, artesanos, peritos mecánicos y electrónicos,
maestros de obras, etc.
Basta
referir dos ejemplos para confirmar la disipación social en marcha que pretende
arrastrarnos al atraso. El régimen asegura tener “mejor vigilancia” de la
medicina pactando con clínicos cubanos; de la ingeniería con constructores
bielorrusos o chinos. ¡Que el pago sea en dólares!; ¡no importa! ¡La revolución
no puede distraerse en detalles complaciendo a locales presuntuosos”!. Lo
importante es que la fábrica de desertores no se detenga y dé los frutos
buscados: instaurar pleno control a costa de la degradación social.
Miguel
Bahachille M.
miguelmer@gmail.com
@MiguelBM29
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