JESUS ANTONIO PETIT DE COSTA, LA REGRESION JUDICIAL,

La democracia que sirvió de modelo a los libertadores, la de Estados Unidos de América, debe su existencia prolongada, que excede los dos siglos, al funcionamiento efectivo de las instituciones, sobre todo el Poder Judicial. En Venezuela ha sido diferente. Hasta 1958 subsistía una situación lamentable que fue descrita por Martín Pérez Guevara, que llegó a presidente de la Corte Suprema de Justicia, con estas palabras: “El Poder Judicial ha sido pura y simplemente un apéndice del Poder Ejecutivo. Ha estado maniatado hasta ahora por la intervención directa que tiene el Poder Ejecutivo.” El juez subalterno del mandón de turno y obediente a sus órdenes fue retratado por Rómulo Gallegos en la novela “Doña Bárbara” con el personaje llamado Mujiquita, que hizo fama. Tanta que a los jueces sumisos a los gobernantes se les despreciaba con ese mote. Estudiado bien el personaje se observará un detalle: Mujiquita no enjuiciaba a políticos en la novela. Sólo conocía de causas de derecho privado (en su caso, civiles). La caracterización se ajustaba a la verdad. Hasta entonces los dictadores no usaban a los jueces para perseguir a los adversarios políticos. Se valían de la policía, que los ponían presos sin fórmula de juicio. Los jueces quedaban al margen. Esto explica que la dictadura militar (1948-1958) haya creado el Ministerio de Justicia, inexistente hasta entonces, designando a un jurista muy respetado en la Universidad y en el gremio.  Una aparente incoherencia que sólo se entiende porque esa dictadura, igual que las anteriores, no usó a los jueces para perseguir a los políticos. Los mantenía apartados de una tarea encomendada exclusivamente a los policías o esbirros. Pero también atados, bien atados, para evitar que se entrometieran en los asuntos del gobierno. Sus nombramientos se hacían siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica, conforme a la cual los jueces de mayor jerarquía (superiores y de primera instancia) eran postulados por el Ministro de Justicia, el cual presentaba una terna a la Corte Federal, subalterna de la tiranía, la que escogía el titular quedando los otros dos como suplentes. El Ejecutivo nombraba directamente a los jueces de inferior categoría, incluyendo los de instrucción.

Los redactores de la Constitución de 1961, la primera y única de consenso en nuestra historia, decidieron un cambio transcendental destinado a independizar al Poder Judicial del Ejecutivo. Retomaron la iniciativa que apenas se había esbozado en la Constitución de 1947: “La ley podrá establecer un Consejo Supremo de la Judicatura con representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a fin de asegurar la independencia, eficacia y disciplina del Poder Judicial y la efectividad de los beneficios en éste de la carrera administrativa” (Art. 213). Y la convirtieron en orden expresa al legislador: “La ley orgánica respectiva creará el Consejo de la Judicatura, cuya organización y atribuciones fijará con el objeto de asegurar la independencia, disciplina y decoro de los Tribunales y de garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial.”

La idea de crear el Consejo de la Judicatura tiene en Venezuela una paternidad indiscutible. Pertenece a Rafael Caldera, quien la planteó por primera vez a la Constituyente de 1947. La extrajo de la Constitución de Francia (1946), copiada por la de Italia (1947). Ambos países venían saliendo de la ocupación extranjera que implantó el nazismo (caso de Francia) y de la tiranía del fascismo (caso de Italia), en las cuales los tribunales fueron instrumentos de persecución y represión políticas. Esta experiencia convenció definitivamente a franceses e italianos que sin jueces independientes no hay democracia ni libertad. Optaron por igualar al Poder Judicial con los otros poderes públicos, separándolo de ellos, bajo el gobierno de un órgano ejecutivo (Consejo Supremo de la Magistratura), a cuyo cargo está la administración de la carrera judicial (nombramientos, ascensos y régimen disciplinario). Con su creación los europeos introdujeron el AUTO-GOBIERNO, un mecanismo de garantía de la independencia judicial, no sólo de la independencia del Poder Judicial en su conjunto sino de todos y cada uno de los jueces y magistrados, lo que ha funcionado muy bien durante 69 años.

En cambio, en Venezuela se ha producido la regresión judicial. Estamos en la situación de Francia ocupada por la Alemania nazi, ya que estamos bajo la ocupación de Cuba comunista. Estamos en la situación de Italia bajo la tiranía de los camisas negras, aquí camisas rojas. Nos juzgan políticos con togas. Tenemos una justicia militarizada, evidente porque somos el único país de América con un militar como Ministro de Justicia. Suficiente para mostrar el desprecio por la palabra justicia. Estamos peor que bajo la dictaduras anteriores, y por ello ésta terminará peor que las anteriores. Y como forzosamente llegará a su fin cuando menos lo esperamos es hora de plantearnos la pregunta: ¿qué vamos a hacer con el Poder Judicial cuando caiga la tiranía comunista que nos ha impuesto Cuba? Ensayemos la respuesta.

Jesus A. Petitt Da Costa

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@petitdacosta

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