Los acontecimientos venezolanos vienen
presentándose de manera vertiginosa y variada. Tan es así, que muchos de ellos
se sobredimensionan y otros, aparentemente, se muestran como soslayados.
La
psicología social debe ponderar con atención los padecimientos que sufrimos y
las reacciones adversas individuales que no cristalizan en una contundente
acción colectiva. Por el contrario, inexplicablemente mantenemos una asombrosa
parálisis ante lo que nos acogota. Decir que en nuestros hospitales y clínicas
fallecen pacientes por falta de insumos no sobresalta a nadie. Tener un
vehículo estacionado por falta de repuestos durante meses, tampoco. Ser víctima
de un atraco en la calle, agradeciéndole a Dios que se conservó la vida, con
sangre de por medio o sin ella, es cotidiano. Que los medios comunicacionales
–diarios, radios y televisoras– hayan sido enajenados y por consecuencia su
línea editorial independiente haya variado a favor del gobierno, es común. Por
ello, nos encontramos aturdidos ante la inefable campaña publicitaria, directa
y subliminal, para hacernos cambiar coactivamente nuestro libre albedrío y
racionalidad.
Del caos social, económico y político
venezolano sobresalen cuatro aspectos que deben ser analizados con frialdad de
catedrático: patrioterismo, profilaxis social, defensa de la integridad
territorial y elecciones conculcadas.
El gobierno norteamericano en uso de sus
atribuciones constitucionales y de derecho positivo interno, instrumentó una
serie de medidas administrativas contra individualidades extranjeras que
vulneran el orden interno de ese país en áreas sensibles como es el denominado
blanqueo de capitales, producto del narcotráfico o de corrupción administrativa
de funcionarios foráneos que ponen a buen resguardo los dineros mal habidos en sus
respectivos Estados. No utilizan a Cuba, Rusia, China y otros, sino se valen,
preferiblemente, del país norteño; de igual manera los funcionarios públicos
que en sus terruños de origen lesionan los derechos humanos, cuya universalidad
es derecho positivo y trasciende los límites nacionales. En uso de esa premisa,
procedieron a sancionar, en principio, a seis militares y una civil. El
gobierno nacional consideró alegremente que la medida –supresión de visa y
congelamiento de cuentas bancarias– era una agresión contra la nación,
pretendiendo instaurar una indebida solidaridad nacional automática con el
Estado y esas individualidades. Para ello, hace valer la incontenible
publicidad que distorsiona la “verdad verdadera”. Resulta entonces que los
siete funcionarios milico&civiles se subrogan la representación plena de la
nación. La continuación de esa política malsana me hace presumir que pronto se
emprenderá una campaña similar en contra de Andorra, por habérsele ocurrido
cerrar y congelar cuentas bancarias donde se lavaron capitales venezolanos
producto de todos los latrocinios a que se ha visto sometido el erario público
patrio. Así que la anunciada movilización milica a realizar, será contra
Estados Unidos, Andorra y quizás Suiza. La célebre proclama de Cipriano Castro
–indudablemente correcta– en 1902, ha sido desempolvada con maniqueísmo
asombroso.
Siempre he mantenido el criterio de que los
“conversos” han ocasionado siempre más mal que bien. Hemos observado como el
PSUV –y los demás tontos útiles que le acompañan– ha devenido en una logia muy
sui géneris, al conciliar el caduco lenguaje marxista estalinista, con el
vocabulario cuartelario –insulso y vacío– convirtiendo a algunos egresados de
academias militares como altos prebostes decidores, muy bien aprovechados por
lo demás, que ya dirigen de manera casi absoluta los destinos del país. Los
conversos provenientes de la insurrección armada, derrotada política y
militarmente en décadas pasadas, están ahora coludidos con los conversos
milicos derivados de la vetusta doctrina de Seguridad Nacional aplicada en
países –Venezuela con la invasión cubana en Machurucuto de 1967, entre otros
hechos– latinoamericanos y también conversos “conservadores”. Todos “vivianes”
de postín. Por ello, como consecuencia de esta unión contra natura, es que
“estamos como estamos”. Como corolario de todo, resulta fácil predecir que las
prebendas y canonjías obtenidas por esta fusión de “morrocoy con gallo”, serán
defendidas “a dentelladas” por sus poseedores –uniformados y/o disfrazados–
hasta el final. La razón es sencilla: disfrutarlas fuera del país cada día se
les hace más difícil, salvo que se radiquen en Cuba, Nicaragua, Rusia, algunos
territorios árabes o China.
Este “encompichamiento” macabro nos lleva a
señalar otro hecho grave. La concesión otorgada por el gobierno guyanés a
empresa norteamericana para explorar y explotar eventuales productos petroleros
asentados en la zona marítima y terrestre del Esequibo –territorio en
reclamación, como es de todos conocido– tiene al gobierno nacional en un
silencio cómplice que lacera la dignidad y los altos intereses nacionales. Los
comunistas, milicos y “socialistas” de hoy no se atreven a contrariar la
posición ideológica cubana y demás países caribeños que siempre han considerado
que la justa posición venezolana tiene un carácter expansionista, casi de
“imperialismo”. Por ello, y por ninguna otra razón, es que han guardado,
guardan y guardarán –hasta que se complete el despojo territorial– un silencio
cómplice que le otorga a Guyana –al decir de los verdaderos internacionalistas–
una especie de aprobación tácita que, como sabemos, consiste en la aceptación
de hecho de lo consumado sin oposición alguna, lo que genera derechos adjetivos
y sustantivos en la probable confrontación jurídica procurada ante un tribunal
internacional, obviando lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.
La sanción norteamericana a individualidades
venezolanas presumiblemente incursas en los delitos arriba indicados y la
política de despojo territorial en pleno desarrollo ha traído como secuela una
inverosímil reacción y postura por parte de partidos y sectores venezolanos que
le hacen oposición al desgobierno nacional. Engolosinados como están, ante el
eventual proceso electoral parlamentario que les dispensarán nuevas curules y
medios de subsistencia, han asumido de la forma más variada, oportunista y
cobarde, haciendo uso de galimatías, una curiosa posición ante los hechos
trascritos. Casi igualan a los “gobierneros”, por la usanza de un patrioterismo
trasnochado y de ocasión, con dos argumentos primordiales: injerencia en los
presuntos asuntos internos por parte del país del norte y el temor reverencial
de esperar que la fuerza armada nacional –recibiendo las órdenes pertinentes
del gobierno legalmente constituido– cumpla con su deber y asuma las medidas
–no actos de guerra– tendentes a ratificar las premisas establecidas por el
derecho determinado en Ginebra en 1966; para navegar y sobrevolar el territorio
en disputa impidiendo, ahora sí, la ilegal injerencia extranjera. El miedo
reverencial a un militar haciendo uso de atribuciones constitucionales –para lo
que debidamente fueron formados y no para vender verduras y carne en bodegas–
ejerciendo de esta manera una cabal política de Estado que haga valer los altos
intereses nacionales a través de actos disuasivos. La expectativa los paraliza,
atemoriza y les hace obnubilar el juicio. Comparan, in péctore, lo acontecido
en las islas Malvinas en la década de los ochenta del siglo pasado –tratando de
apuntalar el régimen milico, para ese entonces decadente y dictatorial–
omitiendo que los ingleses no cometieron ningún acto nuevo de provocación
sobrevenida al indudable despojo ocurrido hace siglos. Aquella maniobra no es
igual a la real amenaza que confrontamos nosotros. ¿Están en vigencia los
principios constitucionales referidos a la Fuerza Armada y en especial el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional?
El deslinde posicional es necesario en las
horas cruciales y estamos en una de ellas. Un gobernador provinciano –emulador
de Fulgencio Batista, porque de sargento brinco a “general”– haciendo gala de
populista, demagogo y con inocultables cálculos electoreros producto de una
formación arcaica e indigesta, considera también –con simplicidad inocua– como
agresión a la nación la decisión norteamericana. Calla, en infame silencio, el
problema limítrofe que pone en peligro la integridad territorial venezolana.
Forma parte del grupo integrado por algunos gobernantes que carecen de la
formación necesaria y son producto de accidentes fortuitos y caprichosos de
carácter coyuntural. Los venezolanos padecemos de esta patología. En muchos
casos se les otorga, sin la ponderación debida, el espaldarazo electoral
inexplicable, aunque siempre equivocado y pernicioso.
La demarcación debida de posiciones proviene
casi siempre de un dilema ético, ya que este consiste en una disyuntiva crucial
que afrontan las personas y grupos en una determinada situación por la
necesidad de decidir y actuar ante un entrecruzamiento contradictorio de
opciones, pulsiones, razones y valores.
¿Será posible entonces que ante la crisis
nacional, una confrontación electoral dudosa, alimentada por intereses
subalternos, prevalezca por sobre los altos intereses nacionales? He allí el
dilema.
Jose Rafael Avendaño
cheye@cantv.net
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