Como
todo régimen autoritario, la persecución a dirigentes políticos opositores ha
sido uno de los instrumentos más utilizados por Nicolás Maduro para imponer sus
políticas antidemocráticas y antinacionales, mediante la generación de un clima de odio y de violencia
en la sociedad venezolana.
Negados
a toda posibilidad de diálogo y al necesario ambiente de normalidad, se echa
mano de la mentira, el insulto y la descalificación para profundizar la división y exponer al escarnio
público, sin el más mínimo fundamento, a dirigentes políticos de la alternativa
democrática y diputados a la Asamblea Nacional.
Hoy,
queremos denunciar al país y a la opinión pública internacional que se ha
puesto en marcha una nueva ofensiva que pretende acosar por varios frentes a
dirigentes de la oposición y cuya causa no es otra que el desespero del
gobierno por la estrepitosa caída de popularidad y sustento popular reflejada
en los más recientes sondeos de opinión.
Ya
no se trata sólo del arbitrario e injusto encarcelamiento de dirigentes como
Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano; los estudiantes
aún detenidos; la destitución irregular de la diputado María Corina Machado o
el allanamiento de la inmunidad de la diputado María Aranguren; sino que además
se incumplen las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los llamados del Alto Comisionado
para los derechos humanos de dicha organización, que han instado al gobierno de
Venezuela a liberar a los dirigentes López
y
Ceballos y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a
expresarse y protestar pacíficamente.
Es
una nueva agenda de atropellos, persecución e incluso el uso de la fuerza
contra dirigentes de la oposición cuyo fin es sacarlos del juego
político.
Así, sin ninguna prueba que lo inculpe, el diputado Juan Carlos Caldera va a
ser sometido a juicio por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo mismo
ocurrió con el también diputado Richard Mardo en medio de un proceso judicial
amañado. Sobre el Alcalde Carlos Ocariz y el diputado Ismael García pesan
amenazas de llevarlos a juicios. El Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma ha
sido objeto de acoso y amenazas por parte del presidente de la Asamblea
Nacional. Gobernadores en ejercicio y ex gobernadores de la oposición son
intimidados con interpelaciones en la Asamblea Nacional.
Prevalidos
del absoluto control de todas las instituciones, realizan acusaciones sin
fundamento y juicios sumariales a dirigentes de la Mesa de la Unidad
Democrática, imputándoles cualquier tipo de delitos. Se trata, en suma, de una
conducta que ha sido característica del gobierno actual: el uso de los
tribunales de justicia como instrumento de persecución política.
Adolfo
R. Taylhardat
adolfotaylhardat@gmail.com
@taylhardat
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