DARÍO ACEVEDO CARMONA, TIEMPO PERDIDO, DESSE COLOMBIA

Después de dos años de negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, varias cosas van quedando bastante claras. Lo primero es que cada parte se expresa con un discurso diferente sobre lo que ha ocurrido. Veamos:

En un comienzo el presidente Santos habló de un proceso de meses, máximo un año. Van 24 sin contar los contactos previos y las Farc acaban de declarar que “este es un proceso largo y complejo” y que es “falso que estemos cerca de la solución final”. Un rotundo mentís a “la paz está de un cacho” de Santos.

De una agenda limitada a cinco puntos en la que no cabría la discusión sobre el ordenamiento del estado ni de sus instituciones centrales, mucho menos de la Fuerza Pública, hemos pasado a una en la que todo está en consideración. A medida que pasa el tiempo la guerrilla incrementa sus ínfulas y, para decirlo con un término común a las ONG, su “empoderamiento”. Su papel protagónico en la campaña presidencial a favor de la “paz” santista lo están cobrando con creces.

Sobre el tema del desarme, crucial en cualquier negociación de esta naturaleza, lo que tenemos es un auténtico galimatías. El gobierno no ha podido construir una posición unánime pues a veces habla de “dejación de armas y en otras de “entrega de armas” como condición para firmar un acuerdo. Las Farc han dicho con total coherencia, desde el comienzo, que en su lenguaje no figura esta última opción, como tampoco la de ir a prisión. Van todavía más lejos al hacer uso del estatus de igualdad otorgado por el gobierno Santos y decir que ellos “no se van a someter a las fuerzas militares” y que si se les va a exigir desmovilización y entrega de armas, es de esperar que lo mismo se aplique para el ejército nacional. El presidente Santos en este punto ha sido vacilante y confuso al hablar de dejación y al decir que  si había entrega de armas no sería a al ejército.

Insisten las Farc en su condicionamiento, no propuesta, de que se convoque una asamblea constituyente para refrendar los acuerdos, “refundar el estado” y aprobar las reformas que según ellas se requieren para cimentar la paz. El gobierno dice “no” pero ese “no” es indeciso, muy propio del estilo del doctor Humberto de la Calle.

El gobierno santista ha creado una atmósfera artificial de paz que tiene como único sustento una abrumadora campaña publicitaria. Se anuncia su proximidad e inevitabilidad, como si a punta de cuñas y “actitudes positivas” la guerrilla doblara su intransigencia. Por su parte, ya no en su lenguaje sino con acciones, las Farc nos ha restregado en la cara la fuerza bruta de su accionar terrorista que es como pretenden doblegar al estado y a la sociedad colombiana. Publicidad contra terrorismo, ingenuidad contra fuerza bruta.

Sin que las Farc se lo pidan, el gobierno quiere seducirlas con la ley que contiene el supuesto “Marco Jurídico para la Paz” que ya cuenta con la oprobiosa validación, por parte de la Corte Constitucional, de que los crímenes de guerra no serán obstáculo para que sus responsables participen en política, en cargos públicos y no vayan a la cárcel. Ingenuamente se nos ha querido hacer creer que basta con dicho ofrecimiento, por supuesto demasiado bondadoso y generoso, pero, resulta que a las Farc no les sirve. Han dicho y redicho que esa ley es una acción unilateral que las pone en desventaja, que cualquier medida que se tome debe ser fruto de un acuerdo.

Por otra parte, las Farc, astutas como nadie, han asumido su rol de pares y contraparte del estado. El gobierno accede, por ejemplo, a humillar a sus víctimas seleccionando quiénes deben desfilar ante ellas en La Habana, cuando debería ser al revés y ante jueces de la república. Además, accede a enviar todo tipo de “víctimas del conflicto” como si allá tuvieran asiento otras fuerzas victimarias. Enseguida, envía al general Flórez, segundo comandante de las Fuerzas Militares, con varios oficiales de alto rango a que negocien, supuestamente, aspectos del desarme y la desmovilización de la guerrilla. El general es despojado de su cargo, léase degradado, pero lo peor y más humillante que igualarlos con criminales de guerra que no han cesado en sus acciones violentas, es que las Farc han desmentido estar en ese punto de la discusión y aclararon que la presencia de oficiales del ejército no había sido acordado y para no dejar dudas de igualamiento nombraron su propia “comisión”.

Podríamos referir unos cuantos desencuentros circunstanciales y discursivos más, pero creemos suficientes los ya citados para concluir.

Los supuestos acuerdos firmados sobre tres puntos, son inocuos e inútiles e cuanto no los conocemos en detalle y en cuanto nada está acordado hasta que todo esté acordado, obvio beneficio para las Farc ya que en caso de ruptura podrá alegar como condicionantes para un nuevo intento y demostrar que es verdad que el estado está en deuda con el pueblo que ellas dicen “representar”.

Si alguien ha salido beneficiado de este forcejeo, que no negociación, son las Farc. El “alargue”, el diletantismo, la recurrida táctica de enredar y multiplicar cada asunto concreto, de establecer condiciones inadmisibles y su igualada con el estado, son útiles a su propósito de instalarse y presentarse como una guerrilla invencible y justiciera.

En cambio, el gobierno es absoluto perdedor pues ha reculado en todos los temas. Cede y no obtiene mayor cosa, galantea sin obtener tan siquiera una mirada, dejó alargar las conversaciones y lo peor, aceptó, con su silencio, el apoyo de la guerrilla a la reelección de Santos.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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