Rasgo esencial de la democracia es la
separación de poderes. El gobernante que los concentra a todos es un
dictador. Chávez lo fue. Ningún juez se atrevió a desacatar sus
órdenes. La jueza Afiuni es prueba de ello.
Ni siquiera los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
escaparon a esa regimentación.
Recuérdese que Chávez reaccionó indignado por TV cuando el TSJ dictaminó
que el 11 de Abril había sido un vacío de poder y no un golpe de estado, los
llamó “plasta”.
Con Maduro se ha acentuado la sumisión de jueces y magistrados; y de la Fiscalía General. No administran justicia, cumplen funciones policiales. El proceder de la Fiscalía General despierta reminiscencias de la Seguridad Nacional de Pedro Estrada. Leopoldo López está preso, con base a pruebas amañadas, al igual que los Alcaldes Diego Ceballos y Enzo Scarano.
El Poder Legislativo, encarnado en la
Asamblea Nacional, es un conglomerado de eunucos manejados con disciplina de cuartel. No debate, no investiga, no controla,
levantan la mano para apoyar proyectos de ley enviados desde La Habana. La
investidura de diputado, obtenido por votación popular, es desconocida y
pisoteada por disposición del presidente Diosdado Cabello, como sucede con la
diputada María Corina Machado.
Tampoco respetó Chávez, ni ahora Maduro
las rígidas disposiciones constitucionales para la administración de los
dineros públicos, como lo evidencia esos fondos especiales al margen del
presupuesto manejados a su antojo por el Presidente.
Las libertades y garantías consagradas en
la Constitución son letra muerta. El
gobierno ha logrado la hegemonía comunicacional absoluta. El único canal informativo e independiente
Globovisión fue adquirido por boliburgueses obscenamente enriquecidos en las
vecindades propicias del poder; los que también han adquirido periódicos
diarios y revistas. Los pocos que permanecen en manos privadas, con escasas
excepciones, se aplican la autocensura.
La represión contra los estudiantes
que manifiestan pacíficamente es de increíble crueldad, sin excluir las
torturas, presentan un gran parecido con las dictaduras gorilas que en el
pasado oprimieron a los países del Sur.
La conclusión es que este gobierno es una dictadura. La “clausula democrática” aparece en la Constitución de la OEA, de Mercosur, de Unasur, pero es letra muerta. Petrochequera mata cláusula democrática. Es importante que Capriles reinicie sus giras por Venezuela. Los dirigentes de todos los partidos de oposición deberían hacer lo mismo. Es imperativo que la oposición se una. El pacto de Punto Fijo nos garantizó democracia por 40 anos, para recuperarla haría falta un pacto parecido.
Octavio
Lepage
olepageb@gmail.com
@Octaviolepage
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