La farsa de la convocatoria al diálogo por
parte de Nicolás Maduro ha quedado al descubierto cuando varias pacíficas
manifestaciones de los estudiantes de diversas universidades, en protesta por
la inseguridad que viven en las aulas universitarias, donde han sido asaltados
por grupos armados, identificados con el gobierno, han sido reprimidas con
violencia criminal
La crisis política, económica y social que
atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo
sincero, porque la represión policial y la intervención de los grupos
paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de los jóvenes que
asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares,
no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las
consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la
estabilidad del régimen.
La
aprobación de varios decretos leyes por
el Presidente de la República, por su contenido constituye una provocación a
los sectores democráticos del país con la finalidad de crear un peligroso
desconcierto que los pueda inclinar a una reacción violenta y a olvidarse de su
política pacífica y democrática.
Todo
gobernante de espíritu o tendencia autocrático y personalista puede iniciar su
gestión con un aparente apego a la legalidad del país que le ha otorgado democráticamente el derecho a ejercer
funciones de gobierno, pero en la medida en que considera que puede
perder esas facultades, comienza a restringir los derechos de la oposición y
generalmente termina persiguiendo hasta a quienes le apoyaron para ascender al
poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.
En
una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado
organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa
de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos
independientes, el camino hacia la tiranía se
le dificultará a Maduro y lo obliga como a todos los autócratas a preservar cierta apariencia
de legalidad. Se aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior
persecución de los sectores que se
oponen al mandato ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes.
La
muerte de más 40 estudiantes y algunos manifestantes, más los centenares de
detenidos, torturados y vejados en general, lo que ha logrado es elevar la ira
de los estudiantes y de los sectores de la sociedad civil que se les han sumado, al extremo que hoy parece
incontenible la profundización de la inseguridad y de la crisis en general que
afecta a casi toda la población, con la excepción de los boligurgueses enriquecidos ilícitamente y
protegidos por guardaespaldas y camionetas blindadas.
El repudio a los colectivos armados por
el gobierno con armas de guerra,
violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra
sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha
colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque estos grupos
paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y
ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales.
La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales,
pero ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la
Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es
decir, no protegen a la población desarmada.
Crisis
mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido
en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo
sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto. Pero
cualquiera sea el rumbo que tome el diálogo,
la responsabilidad mayor y definitiva es de Maduro, porque el Presidente tiene facultades
constitucionales para garantizar la vida de los ciudadanos y ningún grupo militar,
policial o paramilitar puede reprimir a las personas sin su conocimiento y
autorización.
Juan
Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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