ISACC VILLAMIZAR, LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS

Venezuela se encuentra resistiendo una lucha a favor de la libertad, la democracia, una mejor calidad de vida y la exigencia del respeto, por parte del Estado, de los derechos humanos, individuales y colectivos. Estas justas reclamaciones han tenido la expresión viva de la mayoría de los venezolanos, que consideran este caos económico y social como insostenible,  así como la vista puesta en nosotros de diversos países.

Uno de los aspectos resaltantes es la permanente violación por parte del Estado y sus órganos de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Nuestra Carta Magna consagra una amplia tipología de los derechos individuales y colectivos en su Título Tercero. Son 111 artículos que el texto supremo dedica a esta materia. Pero el Estado venezolano, encabezado por su gobierno, se ha dedicado a violentar todos y cada uno de ellos, con la anuencia de las instituciones que precisamente tienen la obligación de hacerlos resguardar para la ciudadanía. Cualquiera de estos derechos han sido flagrantemente vulnerados y no existe ninguna acción que concluya en la responsabilidad efectiva del Estado por esta acciones de trasgresiones.

Tomemos ejemplos de algunos derechos básicos. El derecho a la vida, para el cual el artículo 55 le impone al Estado la obligación de protegerlo a través de los órganos de seguridad ciudadana, es quebrantado todos los días, convirtiendo a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo en cuanto ataques a la integridad personal.  El derecho a libertad personal, que incluye la garantía de que ninguna persona sea arrestada sin una orden judicial, el derecho a la comunicación de las personas detenidas y la identificación de la autoridad cuando ejecuta  medidas privativas de libertad, es infringido por los órganos policiales, con la anuencia e impunidad del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. La desaparición forzada de personas, con prohibición en el Artículo 45 constitucional, se practica con frecuencia, haciendo ello un calvario en los familiares de los desparecidos. Las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos en el artículo 46, son practicados a mansalva por los funcionarios de la Guardia Nacional en los atropellos represivos contra manifestantes y estudiantes detenidos en ejercicio del legítimo derecho a la protesta. El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la prohibición de su interferencia sin una orden judicial, hace aguas cuando los propios diputados muestran grabaciones telefónicas sin autorización alguna y cuando el gobierno bloquea internet y redes sociales, impidiéndonos la libertad de comunicarnos.

Ni hablar de cómo se transgrede el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. La disidencia política es atacada al construirse falsos expedientes y al criminalizarla, imputándole a dirigentes de partidos delitos muy graves, con sanciones que no permiten medidas sustitutivas de libertad, y manteniendo a los imputados bajo un juicio interminable, con toda clase de argucias judiciales para coartar cualquier mecanismo de efectiva defensa y de reconocimiento de pruebas que evidencian la inocencia de los detenidos. El derecho a petición y oportuna respuesta, que para mí va muy enlazado con el derecho a la manifestación pacífica, no encuentra eco en los gobernantes que tienen la obligación de responder a las reclamaciones legítimas, justas y urgentes de la ciudadanía. Para cerrar esta lista, no dejamos por fuera el derecho a la libertad de información oportuna, veraz e imparcial, cuando se utilizan las divisas y Conatel como mecanismos para imponer autocensura en los medios impresos y radioeléctricos. El Estado venezolano no puede exhibir al mundo una hoja limpia en materia de derechos humanos.

isaacvil@yahoo.com

@isaacabogado

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